La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias que ordenaban el pago de USD 120 millones a 365 extrabajadores de la Refinería de Esmeraldas, al considerar que hubo una desnaturalización de la acción de protección y abuso del derecho, entre otras irregularidades.
La resolución fue aprobada con ocho votos a favor en el Pleno de la Corte el 26 de enero de 2026 y difundida este lunes 2 de febrero. Según el organismo, así se «fortalece el uso adecuado de las garantías jurisdiccionales y la protección efectiva de los derechos».
En el análisis de fondo, la Corte concluye que dicha acción «fue desnaturalizada» por jueces de Esmeraldas, «al aceptar una demanda colectiva cuya pretensión implícitamente fue declarar la responsabilidad patronal de Petroecuador frente a los riesgos laborales supuestamente no atendidos y disponer el pago de USD 120 millones».
La Contraloría establece un perjuicio de USD 10,1 millones por la adquisición de terrenos para la Refinería de Esmeraldas
«Esto se realizó sin verificarse la situación de salud de cada accionante ni el nexo causal», concluyó el máximo organismo.
Petroecuador deberá recuperar USD 25 millones
Además, subraya que, «en las decisiones judiciales de instancia se ordenaron medidas coercitivas improcedentes —como embargos de bienes públicos, retenciones de cuentas estatales y restricciones a la libertad de tránsito de autoridades—, (además) se desconoció el régimen de riesgos del trabajo ante el IESS, así como el trámite de reparación económica».
En este sentido, la Corte ordenó a Petroecuador iniciar acciones para recuperar los USD 25 millones ya pagados, dirigiendo las acciones contra la Asociación de Jubilados de la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador-Petroindustrial (Osujupin) , los socios beneficiarios y los abogados.
Sanciones contra jueces y abogados
Entre otras acciones, se declaró que los jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas y los jueces de ejecución incurrieron en error inexcusable por actuar contra ley expresa y precedentes vinculantes. Esto se sanciona con la destitución en el Consejo de la Judicatura.
Asimismo, los abogados de la asociación de extrabajadores fueron declarados en abuso del derecho «por instrumentalizar la justicia constitucional con fines patrimoniales desproporcionados».
La Corte ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para investigar el presunto delito de prevaricato de los jueces y la trazabilidad de los fondos entregados.
El máximo organismo de control constitucional comparó este caso con lo sucedido con el exasambleísta Pablo Muentes, que pretendía obtener una millonaria indemnización del Banco del Pacífico por una controversia sobre la validez de comprobantes de pago respecto a un crédito para una camaronera.
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