La oficina encargada de los asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno chino ha emitido una contundente reacción oficial ante el reciente veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, el cual invalidó el contrato de concesión de Panama Ports Company. Para la entidad asiática, esta resolución judicial ignora los hechos fundamentales, vulnera la confianza internacional y perjudica los derechos legítimos de corporaciones ligadas a Hong Kong.
Duras críticas desde Pekín
A través de sus canales gubernamentales, el organismo calificó el dictamen judicial como
«absurdo, vergonzoso y patético»
. Asimismo, la oficina advirtió que se ejecutarán las gestiones necesarias para salvaguardar los intereses de las firmas chinas involucradas en este conflicto. Esta postura oficial surge poco después de que el pleno de la Corte determinara la inconstitucionalidad del convenio que facultaba a Panama Ports Company para administrar las terminales de Balboa y Cristóbal.
Es importante destacar que la compañía afectada es una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, un poderoso conglomerado con base en Hong Kong. La empresa había operado dichas infraestructuras durante más de dos décadas, amparada en renovaciones contractuales que fueron objeto de escrutinio y cuestionamiento por parte del máximo tribunal panameño.
En el marco de esta controversia, la embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, se pronunció durante un acto oficial en la provincia de Los Santos. Al ser consultada por los medios de comunicación, la diplomática subrayó que la empresa ya manifestó su postura y ratificó que el Estado chino respaldará la defensa de los intereses de sus empresas, utilizando para ello todos los mecanismos legales que se encuentren vigentes.
La representante de Pekín sostuvo que, desde la visión de la firma, la resolución de los magistrados contradice el marco legal primigenio bajo el cual se pactó la concesión. En este sentido, China seguirá de cerca el proceso legal y mantendrá un apoyo institucional firme a las corporaciones vinculadas a su jurisdicción que operan en territorio panameño.
Argumentos de la Corte Suprema
La decisión de la Corte Suprema fue el resultado de una acción legal que impugnaba la validez del contrato. Los magistrados basaron su fallo en irregularidades detectadas, tales como el otorgamiento de privilegios injustificados, la falta de competencia real, la opacidad en renovaciones previas y la ausencia de procesos transparentes de licitación. Bajo estas premisas, el tribunal determinó que el pacto no se alineaba con los principios constitucionales, obligando al Estado a reformular el esquema de gestión en las riberas del Canal.
Por su parte, Panama Ports Company comunicó que, aunque respeta la institucionalidad del país, disiente profundamente de la sentencia. La operadora anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales adicionales para proteger su patrimonio, argumentando que sus operaciones se desarrollaron bajo marcos jurídicos vigentes y con el aval de las autoridades de su momento.
Ante la anulación del contrato, el Gobierno panameño procedió a implementar un plan de contingencia con el objetivo de asegurar que la actividad en los puertos no se detenga.
Las autoridades confirmaron que APM Terminals, una subsidiaria del gigante logístico Maersk, ha mostrado disposición para asumir la gestión temporal de los recintos portuarios mientras se establece un nuevo modelo concesionario. Con esta decisión, el Ejecutivo busca evitar interrupciones que afecten la cadena de suministros y el dinamismo comercial del país.
El Gabinete aseguró que los servicios portuarios, los puestos de trabajo y los compromisos contractuales actuales no sufrirán variaciones negativas durante este periodo de transición. Para ello, se ha conformado un comité técnico de especialistas encargado de vigilar la fase provisional y redactar las condiciones de una nueva concesión pública bajo estándares de transparencia.
El mandatario de la nación, José Raúl Mulino, enfatizó que su administración actuará con orden, previsión y responsabilidad institucional. El presidente garantizó que no habrá espacio para la improvisación, ya que la meta central es blindar la plataforma logística panameña y mantener la certidumbre ante los usuarios globales.
Reacción del sector empresarial
Desde el ámbito privado, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su respaldo a la gestión gubernamental, resaltando que la seguridad jurídica y la claridad en las contrataciones públicas son pilares del desarrollo. El gremio admitió que existían serias dudas sobre la legalidad de las renovaciones automáticas anteriores, lo que finalmente desencadenó la intervención judicial.
La APEDE aclaró que la sentencia no representa un golpe a la inversión extranjera, sino una validación de los mecanismos institucionales que velan por el bienestar colectivo. Según su análisis, el estricto respeto a la ley es el único camino para cimentar la sostenibilidad y la confianza de los mercados a largo plazo.
Giulia De Sanctis, presidenta de la organización empresarial, valoró positivamente la rapidez con la que el Ejecutivo ha manejado la crisis para proyectar tranquilidad. Resaltó que el proceso ha sido estructurado para salvaguardar la operatividad del sistema logístico y proteger la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
Asimismo, el sector empresarial elogió la integración del equipo técnico liderado por Alberto Alemán Zubieta, cuya experiencia en el sector canalero otorga legitimidad al proceso. De igual forma, se vio con buenos ojos la elección de APM Terminals como gestor temporal dada su amplia reputación a nivel mundial.
Finalmente, la APEDE proyectó que los exportadores y usuarios del centro logístico no experimentarán contratiempos, ya que Panamá posee una economía diversificada y reglas claras que siguen operando con normalidad. La organización exhortó a las autoridades a mantener la comunicación y la transparencia para que este caso sirva como un ejemplo de manejo institucional ante situaciones de incertidumbre.
Contexto internacional y geopolítico
Los puertos de Balboa y Cristóbal son activos de alto valor estratégico. Antes de este conflicto judicial, CK Hutchison Holdings contemplaba la posibilidad de vender un paquete global de activos logísticos valorado en más de $22,000 millones. Dicha transacción incluía terminales portuarias e infraestructura clave en diversos continentes, lo que atrajo la atención de grupos internacionales de inversión.
En la lista de interesados aparecían consorcios de Europa y Estados Unidos, entre ellos firmas vinculadas a BlackRock, lo que situó a los puertos panameños en el centro de una controversia geopolítica de gran escala.
Durante este proceso de posible venta, el exmandatario estadounidense Donald Trump manifestó públicamente sus reservas sobre la administración de estas infraestructuras. Según el político, la presencia de corporaciones ligadas a China cerca de la vía interoceánica suponía un riesgo para la seguridad nacional de su país, bajo el argumento de que el dominio de puntos estratégicos en el Canal de Panamá podría acarrear consecuencias tanto comerciales como militares.
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