El Poder Ejecutivo Nacional ha formalizado la expansión de la Emergencia Ígnea hacia la provincia de Santa Cruz, como respuesta al recrudecimiento de los incendios forestales que golpean la zona patagónica. Esta determinación legal fue plasmada en el decreto 80/2026, integrando así a este territorio al estatus que ya regía para las jurisdicciones de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén.
La medida fue confirmada tras evaluarse la severidad y el avance descontrolado de las llamas en diversas áreas rurales y zonas protegidas. El objetivo primordial de esta normativa es permitir una articulación ágil de los recursos estatales para frenar el fuego, garantizando la seguridad de los habitantes y la preservación del ecosistema natural.
A través de esta disposición, la provincia santacruceña queda amparada bajo el régimen de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil. Consecuentemente, se han declarado como zona de desastre los puntos afectados por los siniestros. En este contexto, la Agencia Federal de Emergencia toma el mando de la coordinación operativa, asumiendo la responsabilidad de informar sobre el estado de los focos y la distribución de recursos para el combate del fuego.
El argumento central del Gobierno para esta declaratoria sostiene que:
“Las condiciones hidrometeorológicas adversas en la Provincia de Santa Cruz, caracterizadas por la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal, configuran un escenario de emergencia para la región, cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos, y un menoscabo en los bienes y peligro de la vida de las personas que la habitan”
.
El primer artículo del texto oficial establece la inclusión de la provincia bajo los lineamientos del Decreto No 73 del 29 de enero de 2026. Esto conlleva una extensión de la emergencia por el plazo de un año, periodo en el cual se ejecutarán acciones urgentes de presupresión, combate directo de las llamas, restauración de suelos degradados y estrategias de prevención para evitar nuevos incidentes.
Cabe destacar que, inicialmente, Santa Cruz no figuraba en el listado de provincias emitido el viernes anterior por el Ejecutivo. No obstante, el gobernador Claudio Vidal se había sumado al pedido de sus pares patagónicos debido a la persistencia de los incendios que afectan a la región desde hace varias semanas.
Focos críticos y despliegue de brigadistas
Aunque los puntos de mayor intensidad se localizan en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), la situación en Santa Cruz es alarmante. Se han reportado al menos tres frentes activos al sur de Puerto San Julián. Estas llamas comprometen zonas de alto valor ecológico como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El incendio de mayor magnitud se aproximó a 20 kilómetros de la zona urbana, cerca de áreas pesqueras y a escasos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.
Incluso se registró que el fuego avanzó hasta los 4.000 metros de las construcciones en el Campo El Montañés, aunque los informes oficiales descartaron riesgos estructurales inmediatos. Para enfrentar esta crisis climática, la administración de Javier Milei ha movilizado a 426 brigadistas, apoyados por 20 medios aéreos y un amplio despliegue logístico en toda la Patagonia.
La urgencia de estas acciones quedó ratificada en el decreto que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Interior, Diego Santilli; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios clave.
Nuevas estrategias para la conservación ambiental
En paralelo, la Administración de Parques Nacionales dio luz verde a las “Políticas y lineamientos estratégicos del Directorio de APN para el período 2024-2027”. Según la resolución 25/2026, este marco servirá como guía para la planificación institucional bajo un modelo de gestión por resultados, adaptando las normativas previas de 2001 y 2018 a los retos ambientales contemporáneos.
Los ejes principales para la salvaguarda del patrimonio natural incluyen:
- Protección activa: Se busca garantizar la conservación de la biodiversidad en territorios bajo control del organismo.
- Sostenibilidad: Prioridad en la integridad ecológica mediante monitoreo constante y restauración de ecosistemas.
- Control y vigilancia: Refuerzo de la seguridad en áreas protegidas para prevenir incendios, especies exóticas invasoras y actividades ilícitas.
- Alianzas estratégicas: Cooperación estrecha con sectores científicos, comunidades locales y otros organismos estatales.
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