Desde su lugar de reclusión, el expresidente peruano Ollanta Humala ha lanzado duras críticas contra el Poder Judicial de su país. El líder del Partido Nacionalista sostiene que la sentencia que lo mantiene privado de la libertad por supuestos aportes irregulares de campaña no es más que un “secuestro” y una clara vulneración a los principios de justicia, defendiendo que las pruebas presentadas ratifican su inocencia.
A través de un mensaje difundido en su perfil de la red social X, el exjefe de Estado denunció que el proceso en su contra ha estado plagado de graves errores y abusos desde su etapa inicial. Según sus palabras, estas acciones forman parte de una estrategia de persecución judicial dirigida a afectar a su familia y asegurar su encarcelamiento.
“Un presunto aporte de campaña que no fue probado, ni encontrado. Un hecho que incluso bajo la tesis fiscal no configura delito y por el cual adversarios políticos míos han sido sobreseídos y sus casos archivados. Cada día de encierro es una afrenta a la justicia, a la igualdad ante la ley y un secuestro por parte del Estado”
El exmandatario también informó que tanto él como su cónyuge, Nadine Heredia —quien se encuentra actualmente en condición de asilada en Brasil— y otros dirigentes de su movimiento político, han interpuesto los recursos legales necesarios para apelar la condena, a la cual calificó de ilegal. Por su parte, el abogado defensor Edison Huamán ha solicitado formalmente un nuevo pedido de excarcelación para que su cliente pueda enfrentar el resto del proceso en libertad. Este recurso se sustenta en jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y en el archivo de causas similares que involucraban a figuras como Keiko Fujimori y Susana de la Puente.
El jurista Huamán lamentó que la audiencia para tratar este beneficio penitenciario haya sido fijada para el próximo 13 de marzo, a pesar de que la solicitud fue ingresada el 15 de enero. Durante una intervención pública, el abogado enfatizó que estos retrasos perjudican directamente a Ollanta Humala Tasso, recordando que instancias superiores como la Corte Suprema ya han determinado que recibir aportes de campaña no constituía un ilícito penal en aquel periodo.
Estrategia de la defensa y testimonios internacionales
La línea de defensa del expresidente busca invalidar el testimonio original de Marcelo Odebrecht, quien en su momento declaró haber entregado fondos bajo instrucciones de Antonio Palocci. No obstante, el abogado Huamán señala que la Fiscalía omitió convocar a Palocci durante los años que duró la investigación. En la actualidad, han incorporado declaraciones y testimonios escritos del exministro brasileño, respaldados por una resolución del Tribunal Supremo de Brasil, que desvirtuarían la acusación inicial.
Según la información proporcionada por la defensa técnica, Antonio Palocci ha negado conocer al exmandatario peruano y asegura no haber gestionado recursos para sus campañas electorales. Bajo esta premisa, sostienen que la permanencia de Humala tras las rejas es una detención arbitraria. El experto en derecho penal César Nakazaki también se pronunció al respecto, indicando que es inaceptable que se apliquen criterios distintos para casos idénticos, lo que rompe el principio de igualdad ante la ley.
Acciones legales contra el colegiado judicial
En una acción paralela, los abogados de Humala han iniciado una querella penal contra los tres magistrados responsables de ordenar su encarcelamiento inmediato. Argumentan que el exgobernante fue recluido antes de que se emitiera y notificara formalmente la resolución por escrito. Esto ha derivado en que la Fiscalía abra una investigación preliminar por un periodo de 60 días.
Los jueces bajo investigación son Juana Mercedes Caballero García, Nayko Techy Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, miembros del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Se les investiga por la presunta comisión de los delitos de:
- Abuso de autoridad
- Prevaricato
- Falsedad ideológica
El objetivo del Ministerio Público es esclarecer bajo qué parámetros se ejecutó la orden de prisión, considerando que aún existen controversias legales sobre la tipificación de los hechos. Como parte de este proceso, se tiene previsto recibir el testimonio directo de Ollanta Humala y la declaración del Procurador Público del Poder Judicial para evaluar el impacto de estas decisiones en la institucionalidad.
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