A raíz de la reciente implementación de un estado de sitio en Guatemala, el gobierno de México ha determinado intensificar las medidas de vigilancia en su frontera sur. Esta decisión por parte de la administración guatemalteca surge como respuesta directa al asesinato de diez agentes policiales, presuntamente ejecutado por integrantes de estructuras criminales. Bajo este régimen de excepción, se faculta a las fuerzas de seguridad del país vecino para detener a individuos señalados por sedición o terrorismo sin necesidad de una orden judicial, durante un periodo de 30 días.
Ante este panorama de inestabilidad, las instituciones mexicanas han movilizado recursos adicionales para blindar el paso del río Suchiate, el cual sirve como delimitación natural entre ambas naciones. En este despliegue participan de forma coordinada efectivos de la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y personal de la policía estatal de Chiapas, con el objetivo de fortalecer los controles fronterizos.
La situación ha comenzado a generar repercusiones directas en la dinámica social y mercantil de la ciudad de Tapachula. José Elmer Aquiahuatl Herrera, quien se desempeña como presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), ha manifestado su preocupación ante la reducción drástica en la afluencia de ciudadanos guatemaltecos que habitualmente cruzan la frontera para realizar compras.
“No hemos visto los autobuses o las camionetas que ellos traen en las calles, esto nos habla que no están ingresando a Tapachula de manera normal. Nos preocupa este hecho que pudiera extenderse”
Aquiahuatl Herrera destacó que la economía de la región depende en gran medida de los visitantes provenientes de Guatemala, cuya actividad comercial representa una de las principales fuentes de ingresos para los negocios locales en la zona fronteriza.
Exigencias del sector empresarial
Por otro lado, representantes del sector comercial han solicitado que las labores de vigilancia sean permanentes y rigurosas. Roberto García Zenteno, comerciante radicado en Tapachula, hizo un llamado enfático a las autoridades para mantener el resguardo tras la medida decretada por el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo.
“Claro, que se siga reforzando la seguridad y que no solo se siga reforzando, sino que realmente observen y analicen”
García Zenteno recordó que hace más de una década, aproximadamente 12 o 13 años, la región vivió momentos de alta tensión cuando grupos conocidos como las ‘Maras’ lanzaron amenazas directas contra la ciudad, una crisis que en aquel entonces fue mitigada gracias a la intervención oportuna de los cuerpos de seguridad.
En la actualidad, el conflicto en el país vecino se centra en el combate a organizaciones delictivas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Como parte de una estrategia de control, los cabecillas de estos grupos han sido recluidos en la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I, donde se les han revocado diversos beneficios que mantenían anteriormente. Esta presión en suelo guatemalteco ha encendido las alarmas entre los empresarios mexicanos, quienes temen un posible desplazamiento de delincuentes hacia territorio chiapaneco.
Sobre este riesgo, el titular de ACEPITAP advirtió que la frontera sur presenta vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por estos criminales:
“No se van a ir al Salvador y lo más seguro es que vengan a México, donde es fácil el ingreso por la frontera sur, por lo que es importante contener a la delincuencia”.
Alianzas con el crimen organizado en México
Informes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala confirman la presencia de al menos diez células pertenecientes a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha operando en las inmediaciones de la frontera con México. Se ha identificado que estos grupos no actúan de forma aislada, sino que han establecido redes de cooperación con organizaciones del narcotráfico mexicano, tales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En estas alianzas, los grupos centroamericanos suelen desempeñar roles secundarios o subordinados, involucrándose en delitos de alto impacto como el tráfico de migrantes, la extorsión y el narcomenudeo. Cabe destacar que la “Mara 18″ ha sido catalogada históricamente como una de las agrupaciones criminales con mayor presencia en ciudades como Los Ángeles.
La consolidación de estos vínculos entre las maras y los cárteles mexicanos supone un desafío creciente para la seguridad pública nacional. La llegada de estos elementos a México podría incrementar los índices de violencia, aportando tácticas delictivas especializadas en métodos de préstamo gota a gota y sistemas complejos de extorsión, los cuales son combatidos prioritariamente por el gobierno federal.
Finalmente, registros de la CBP indican que integrantes de estas pandillas suelen camuflarse entre las corrientes migratorias indocumentadas que ingresan por Chiapas, desplazándose por el país sin ser detectados. Durante su trayecto, buscan establecer nexos operativos con el crimen organizado para participar activamente en el negocio del tráfico de personas a través de la República.
Fuente: Fuente