La Comisión Europea ha manifestado su rotundo respaldo a España tras la reciente expulsión del embajador español en Managua, junto al titular de la segunda jefatura de dicha legación. Esta acción, ejecutada por la administración de Daniel Ortega, se llevó a cabo sin la presentación de argumentos públicos o explicaciones pormenorizadas que justificaran la salida de los funcionarios.
El portavoz de Exteriores del organismo europeo describió la determinación del gobierno nicaragüense como
“unilateral, injustificada e inaceptable”
, al tiempo que exigió una corrección inmediata de la medida. Según el vocero, este tipo de acciones solo consiguen profundizar el aislamiento internacional que actualmente enfrenta Nicaragua.
Obstáculos para la diplomacia
Desde la perspectiva de la Unión Europea, la expulsión de los representantes diplomáticos supone una barrera crítica para el sostenimiento de las relaciones exteriores. El portavoz comunitario enfatizó que “la diplomacia y el diálogo deben continuar”, subrayando que la UE mantiene firme su compromiso con la ciudadanía nicaragüense, la protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y la libertad de las organizaciones civiles.
Los hechos se desencadenaron el pasado fin de semana, cuando el embajador de España, Sergio Farré Salvá —quien lideraba la misión desde el 2 de diciembre—, recibió una notificación de salida obligatoria en un periodo máximo de veinticuatro horas. La orden también afectó al segundo al mando de la embajada en la capital nicaragüense.
Reciprocidad diplomática de Madrid
Ante la falta de fundamentos por parte del Ejecutivo de Ortega, el Gobierno de España reaccionó el domingo bajo criterios de “estricta reciprocidad”. En consecuencia, se ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, además de otro funcionario diplomático de la misma sede. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ratificó la decisión sin ofrecer más pormenores sobre las causas alegadas originalmente por el gobierno centroamericano.
Por su parte, el canciller español, José Manuel Albares, señaló que es responsabilidad de Nicaragua esclarecer los motivos de esta crisis. El ministro defendió la labor de sus funcionarios asegurando que actúan bajo el marco de la Convención de Viena, que regula los vínculos internacionales:
“Lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores españoles en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas. Y por lo tanto, esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta”
A pesar del conflicto, Albares destacó que los lazos entre las naciones son de carácter fraterno. Indicó que España continuará esforzándose por mantener la mejor relación posible con el pueblo nicaragüense, con el fin de buscar el bienestar de los habitantes de ese país.
Un escenario de creciente tensión
La Comisión Europea ha insistido en que este episodio aleja aún más a Nicaragua de la comunidad global. El organismo reiteró su apoyo total a la postura de Madrid y apeló al respeto de los mecanismos multilaterales. Este incidente se suma a una lista de acciones del gobierno de Daniel Ortega que han generado un distanciamiento progresivo con la Unión Europea en los últimos años.
Finalmente, las autoridades europeas expresaron su preocupación por el estado de las libertades y derechos en territorio nicaragüense, posicionando la defensa de la legalidad democrática como el pilar fundamental para cualquier relación diplomática funcional. España, en tanto, reivindicó la legitimidad del trabajo de su personal en Managua y exhortó al cumplimiento de las normativas internacionales.
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