Este domingo se conmemora el quinto aniversario del golpe de Estado ejecutado por la junta militar en Birmania, un periodo marcado por un conflicto incesante, una emergencia humanitaria sin precedentes y una profunda fractura social. La nación se encuentra sumida en una resistencia armada que aglutina a grupos de autodefensa locales con organizaciones étnicas históricas que han luchado por su autonomía durante décadas.
Cifras devastadoras de un conflicto prolongado
Determinar el impacto real de la guerra en suelo birmano es una tarea compleja. Según los reportes de ACLED, entidad dedicada al monitoreo de enfrentamientos armados, se estima que el número de fallecidos en combate roza los 90.000 tras cinco años de hostilidades. Por su parte, la Asociación de Asistencia de Presos Políticos (AAPP) documenta la muerte de casi 7.800 civiles y la detención de aproximadamente 30.400 personas bajo el régimen comandado por el general Min Aung Hlaing.
A pesar de las críticas, el mando militar sostiene que su legitimidad se ha visto fortalecida tras los recientes comicios, donde el Partido Unión para la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) obtuvo una victoria contundente. Mientras tanto, el gobierno legítimo derrocado en 2021 permanece operando desde el exilio y la líder histórica, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, continúa recluida en prisión. Los intentos de mediación de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) no han logrado resultados tangibles hasta la fecha.
Justicia internacional y resistencia interna
En el ámbito legal, Birmania enfrenta un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia derivado de la persecución contra la minoría rohingya en 2017, evento que provocó el éxodo masivo hacia Bangladesh. Respecto a la etapa post-golpe, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitó en noviembre de 2024 una orden de captura contra el cabecilla de la junta por presuntos crímenes contra la humanidad, aunque los magistrados aún no emiten una resolución pública.
En el terreno, la resistencia étnica mantiene su presencia con grupos como el Ejército de Independencia Kachin (KIA), el Ejército Arakan (AA) en Rajine y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) en el estado de Shan. Estas facciones, en coordinación con las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) en regiones como Sagaing y Magwe, han logrado desafiar el control territorial de los militares.
La crisis humanitaria y el auge del crimen organizado
El impacto sobre la población civil es alarmante. Datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indican que los desplazados internos pasaron de 300.000 a 3,6 millones desde el inicio del golpe. Actualmente, 16,2 millones de personas (un tercio de los habitantes) requieren asistencia vital urgente.
A la guerra se suman desastres naturales, como el sismo registrado en marzo del año anterior, que dejó un saldo de más de 5.500 fallecidos, exponiendo la incapacidad de la junta para gestionar crisis de gran escala. Asimismo, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la expansión de actividades ilícitas:
- Tráfico de personas y centros de estafas virtuales.
- Extracción de recursos sin regulación.
- Incremento en la producción de estupefacientes.
Los centros de fraude cibernético en la frontera con Tailandia, operados por mafias internacionales chinas, recurren a la tortura y el trabajo forzado, consolidando una economía criminal multimillonaria en la región.
Intensificación de la violencia aérea
El nivel de crueldad en los combates ha escalado. Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional, señala que
«los ataques aéreos y con drones militares alcanzaron nuevos máximos en 2025, a medida que la junta ha intensificado su ya brutal campaña contra las zonas de la oposición»
. Según Freeman, este lustro evidencia el fracaso de los militares al intentar imponer control mediante el terror y el asesinato.
Reacción de las Naciones Unidas
António Guterres, secretario general de la ONU, manifestó su preocupación por el deterioro vertiginoso del país. A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, Guterres enfatizó:
«El sufrimiento del pueblo birmano se ha agravado. El ciclo de impunidad persiste, con violaciones generalizadas del Derecho Internacional»
. El diplomático urgió a una solución que ataque las raíces del conflicto y frene la delincuencia transnacional.
Finalmente, Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, criticó duramente el proceso electoral:
«Después de que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido democráticamente, Birmania perdió media década de paz y desarrollo. La profunda y generalizada desesperación que sufre el pueblo birmano no ha hecho más que agravarse con las recientes elecciones organizadas por los militares»
.
Turk concluyó denunciando la represión sistemática, los arrestos arbitrarios y el reclutamiento forzoso, asegurando que las acciones de la junta están cada vez más alejadas de un modelo de gobierno civil.
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