Hace pocos días, durante el desarrollo del Foro Económico Mundial de Davos, se realizó la presentación oficial de la denominada Junta de Paz. Este organismo de carácter internacional ha sido impulsado directamente por la administración de Estados Unidos, integrándose en lo que se conoce como el plan de paz para Gaza, una iniciativa que busca poner fin a la guerra iniciada en octubre de 2023.
Dicho conflicto armado, que se originó tras el ataque de grupos palestinos y la subsecuente respuesta militar de Israel, ha provocado consecuencias catastróficas. Según reportes actuales, se estima que aproximadamente 70 mil personas palestinas han fallecido en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva, destacando una cifra alarmante de civiles entre las víctimas. La devastación material es total: más del 80% de la infraestructura esencial —incluyendo escuelas, hospitales y viviendas— ha sido reducida a escombros. Estas estadísticas, que incluyen a miles de personas desaparecidas o muertas por desnutrición, coinciden tanto en los informes de organismos de Gaza como en las evaluaciones del propio ejército israelí.
Un marco institucional bajo cuestionamiento
La Junta de Paz fue concebida con el objetivo de supervisar el cese de hostilidades, la desmilitarización y la reconstrucción de la Franja mediante una administración de transición. En septiembre de 2025, este plan fue estructurado en un acuerdo de 20 puntos que establecía un alto el fuego, el retiro de las tropas, el intercambio de prisioneros y el desarme de milicias bajo vigilancia internacional. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el proyecto con un mandato vigente hasta finales de 2027.
No obstante, la estructura presentada formalmente en Davos difiere de sus intenciones originales, mostrando una ambigüedad que preocupa a la comunidad internacional. Aunque se invitó a más de 60 naciones, la respuesta de las potencias diplomáticas tradicionales ha sido tibia. Países como Francia, Alemania y Nueva Zelanda han declinado participar, señalando dudas sobre la legalidad del organismo frente al derecho internacional. Actualmente, Estados Unidos es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad con presencia firme, mientras que China y Rusia mantienen una postura de reserva. En contraste, diversas naciones de América Latina, Asia y Medio Oriente han mostrado interés, aunque sin garantías sobre el peso real de sus votos.
El estatuto de esta junta parece exceder los límites de Gaza, sugiriendo una competencia directa con el rol de la ONU. Los documentos asociados plantean intervenciones en otras zonas de conflicto sin límites temporales claros ni sistemas de rendición de cuentas. A diferencia de los marcos multilaterales clásicos, esta institución otorga poderes extensos a su presidencia, careciendo de los contrapesos institucionales necesarios.
Esta carencia de legitimidad ha provocado que el propio secretario general de la ONU alerte sobre el “riesgo de que el uso del poder sustituya al imperio de la ley, y que iniciativas de este tipo fragmenten más aún un orden internacional”. Las potencias de Europa coinciden en que este diseño pone en duda los principios de cooperación que han regido la diplomacia global desde la posguerra.
La cruda realidad en el terreno
Mientras los debates diplomáticos continúan, la situación en Medio Oriente es crítica. Gaza cuenta con más de 1.7 millones de desplazados internos, lo que equivale al 75% de su población. Los servicios vitales han colapsado: el 90% de los habitantes no tiene acceso a agua potable y el sistema de salud opera apenas al 30% de su capacidad, enfrentando la falta de electricidad y suministros. Además, la tasa de desempleo ha escalado por encima del 80%.
Pese a la gravedad de estos datos, el conflicto ha comenzado a perder relevancia en la agenda mediática mundial. Como ocurre en guerras prolongadas, la violencia se normaliza como parte del paisaje informativo y el interés global se traslada hacia nuevas narrativas estratégicas.
El giro hacia los recursos de América Latina
En las semanas recientes, la atención internacional se ha desplazado hacia América Latina, impulsada por la disputa de recursos estratégicos. La región posee más del 60% de las reservas mundiales de litio, concentradas principalmente en el “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile). Asimismo, el territorio provee el 40% del cobre a nivel mundial, clave para la tecnología y la transición energética. Al mismo tiempo, naciones como Brasil y Venezuela albergan vastas reservas de hidrocarburos, lo que ha reactivado las tensiones entre Estados Unidos, China y otros bloques emergentes.
Este cambio de enfoque evidencia que, en un entorno de inflación y desaceleración económica, los minerales críticos y las rutas comerciales vuelven a ser la prioridad. Gaza ha dejado de ser prioritaria no por una resolución del conflicto, sino porque ya no se ajusta a la narrativa estratégica del momento. La Junta de Paz parece ignorar que anunciar un alto el fuego no soluciona décadas de ocupación y desigualdad estructural.
El plan no profundiza en temas fundamentales como la soberanía palestina, el estatus de Jerusalén o el territorio, ni ofrece mecanismos de rendición de cuentas para los actores armados. Políticamente, el organismo parece ser más una herramienta de Estados Unidos para recuperar influencia frente a China que una solución real. Liderar simbólicamente no es sinónimo de reconstruir.
El peligro inminente es que esta iniciativa cree una ilusión de acción mientras la guerra continúa de forma invisibilizada. Gaza corre el riesgo de ser un territorio permanentemente sitiado y traumatizado que solo regresará a los titulares cuando la situación sea aún más irreversible. En definitiva, la gestión de los conflictos actuales parece responder más a la rentabilidad política que al alivio del sufrimiento humano. Hoy Gaza deja de ser prioridad porque otros intereses han ocupado su lugar, demostrando una preocupante falta de voluntad para resolver las causas de fondo de la guerra.
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