Desde la medianoche de este viernes, Estados Unidos ha ingresado formalmente en un estado de parálisis presupuestaria. A pesar del escenario administrativo, se proyecta que este nuevo cierre parcial del gobierno tenga una duración breve y se resuelva tras una sesión de votación programada para el próximo lunes en el Capitolio.
Esta interrupción de actividades ocurre apenas tres meses después de que el país experimentara el shutdown más prolongado de su historia republicana, acontecido entre octubre y noviembre del año pasado. Aunque el Senado dio luz verde a un proyecto de financiamiento durante la tarde del viernes, la propuesta aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes a inicios de la próxima semana.
Los analistas prevén que el impacto de esta parálisis sea marginal, puesto que la suspensión se concentraría principalmente durante el fin de semana, evitando así que una cantidad masiva de empleados públicos sea enviada a sus hogares con licencias sin goce de haber.
Tensiones por la gestión de Seguridad Nacional
El punto de quiebre que obstaculizó el consenso inicial fue la firme oposición del bloque demócrata a autorizar partidas presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta resistencia surge tras el fallecimiento de dos ciudadanos en el transcurso de operativos contra la inmigración irregular en el estado de Minnesota.
El documento que recibió el aval del Senado el viernes, con un resultado de 71 votos a favor y 29 en contra, es producto de una negociación entre la bancada demócrata y el presidente Donald Trump. Los opositores aceptaron respaldar cinco de los seis pilares del presupuesto, dejando el financiamiento del DHS sujeto a nuevas mesas de diálogo durante los próximos 14 días.
Dadas las normativas internas de la Cámara Alta, se requería un mínimo de 60 votos sobre 100 para la aprobación de la medida presupuestaria. A pesar de contar con la mayoría parlamentaria, los republicanos dependían del apoyo de sectores de la oposición para movilizar el proyecto legislativo.
Como medida protocolaria, la Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca notificó a los departamentos federales el viernes por la noche para que pusieran en marcha sus protocolos de cierre, aunque el organismo manifestó su expectativa de que la situación “sea breve”.
El camino hacia la aprobación presupuestaria parecía despejado antes de la fecha límite del 31 de enero. No obstante, los incidentes registrados el sábado pasado en la ciudad de Minneapolis transformaron la atmósfera política. La muerte de Alex Pretti, precedida por el deceso de Renee Good días antes, ambos bajo custodia o acción de agentes de migración, desató una fuerte condena en diversos sectores políticos.
Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, fijó el viernes la postura de su partido subrayando la necesidad de
“frenar a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y poner fin a la violencia”
. Dentro de las exigencias presentadas por el bloque opositor se incluye la prohibición de que los oficiales federales utilicen pasamontañas en sus intervenciones.
“Basta de policía secreta”
, sentenció Schumer desde el estrado.
Como contraparte, los legisladores republicanos presentaron sus propias condiciones, centradas en imponer restricciones a las denominadas ciudades santuario, argumentando que dichas jurisdicciones no colaboran lo suficiente con el cumplimiento de la ley migratoria nacional.
Objeciones legislativas y la investigación Arctic Frost
El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, fue quien inicialmente frenó el avance del paquete de financiamiento el jueves por la noche al negar el consentimiento unánime para acelerar el proceso. Graham cuestionó tanto la medida provisional de seguridad nacional como un acápite aprobado en la Cámara de Representantes que restringe la posibilidad de que senadores interpongan demandas contra el Departamento de Justicia por la incautación de registros telefónicos.
Este conflicto legal se enmarca en la investigación conocida como Arctic Frost, que indaga los pormenores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Durante la mañana del viernes, Graham comunicó que permitiría el avance de la ley tras obtener el compromiso de los líderes senatoriales para votar una legislación impulsada por él, orientada a endurecer las políticas contra las ciudades santuario. De concretarse esta medida, el Congreso solo dispondrá de dos semanas para concluir las negociaciones sobre el presupuesto anual del Seguridad Nacional, un reto que ambas facciones políticas califican como extremadamente complejo.
A pesar de haber iniciado oficialmente este shutdown, existe confianza en que no se repita el escenario crítico del año previo. En aquella oportunidad, las disputas entre demócratas y republicanos se extendieron por 43 días, centradas fundamentalmente en el financiamiento de seguros de salud.
Durante aquel histórico cierre, cientos de miles de trabajadores estatales fueron suspendidos temporalmente, mientras que el personal de áreas esenciales continuó sus labores bajo la promesa de un pago retroactivo, el cual fue finalmente efectuado una vez superada la parálisis legislativa.
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