La postura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, frente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de invalidar el contrato de concesión de las terminales de Balboa y Cristóbal se dio a conocer este viernes mediante un comunicado en plataformas sociales.
En su mensaje, Rubio manifestó que en Washington se sienten
“alentado”
por el dictamen judicial que determinó la inconstitucionalidad de las concesiones portuarias relacionadas con capitales de China, evitó profundizar en otras valoraciones técnicas sobre las repercusiones comerciales o geopolíticas de la medida.
Esta reacción oficial ocurrió apenas unas horas después de que el máximo órgano judicial panameño anulara el contrato que beneficiaba a Panama Ports Company (PPC). Esta empresa es una subsidiaria del gigante hongkonés CK Hutchison Holdings, el cual operó por más de dos décadas las infraestructuras portuarias clave en ambos extremos del Canal.
Las palabras de Rubio representan una de las primeras comunicaciones formales desde Washington tras la emisión del fallo judicial.
De manera paralela, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) publicó un reporte en el que confirmó la puesta en marcha de un esquema técnico de transición. El objetivo de este plan es asegurar que no existan baches en la continuidad operativa de estos puertos de importancia estratégica.
Según la institución, las tareas en Balboa y Cristóbal se mantendrán operando bajo parámetros normales, sin pausas en el servicio y conservando los estándares de productividad, eficiencia y calidad requeridos para el comercio global.
La AMP puntualizó que, mientras dure esta fase de transición, se contará con el respaldo técnico de APM Terminals en calidad de administrador temporal. Esta medida busca blindar la estabilidad de la red logística y prevenir afectaciones al intercambio mercantil internacional.
Adicionalmente, se reiteró que Panamá, como propietario legítimo del complejo portuario, velará por el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los operadores y las líneas navieras, garantizando la prestación ininterrumpida de servicios.
En el comunicado también se hizo énfasis en que el Gobierno busca una transición que sea coordinada y ordenada con PPC. Las autoridades insistieron en que todo el trámite se ejecutará bajo el marco legal pertinente, poniendo por delante el interés del Estado y la solidez del sector portuario.
El apoyo expresado por Rubio ocurre en un momento donde Estados Unidos ha manifestado, de forma constante, sus dudas sobre la operación de firmas chinas en infraestructuras consideradas críticas cerca del Canal de Panamá.
Estas observaciones se volvieron más frecuentes durante el mandato del expresidente Donald Trump. En aquel periodo, funcionarios de alto rango de la Casa Blanca advirtieron que la influencia de grupos vinculados a China en proyectos de infraestructura representaba riesgos de carácter geopolítico para la estabilidad de la región.
Durante ese ciclo político, Washington alertó sobre el crecimiento de la presencia china en el Caribe y Centroamérica en el contexto de la rivalidad global entre ambas naciones. En el caso específico de Panamá, la atención se centró en las terminales situadas en las entradas del Canal, por ser nodos vitales para el flujo mercantil del planeta.
No obstante, el Gobierno de Panamá, la Autoridad del Canal y los delegados de China rechazaron tajantemente estas afirmaciones en múltiples ocasiones.
Las administraciones panameñas defendieron que las concesiones se otorgaron siguiendo estrictos criterios técnicos, comerciales y legales, asegurando que nunca se puso en riesgo la neutralidad, la seguridad o la soberanía de la ruta interoceánica.
Por su parte, China desmintió que sus corporaciones actúen bajo directrices políticas o planes estratégicos estatales, señalando que su participación es estrictamente parte de inversiones privadas dentro del comercio global.
La Autoridad del Canal de Panamá ha sostenido de forma reiterada que las operaciones en los puertos no tienen injerencia en la gestión ni en la neutralidad de la vía, recalcando que el control de los tránsitos reside exclusivamente en el Estado panameño. Estas posturas fueron comunicadas ante las críticas surgidas desde diversos sectores políticos en EE. UU.
Luego de la sentencia de la Corte Suprema, el Ejecutivo panameño ha intentado transmitir un clima de calma. La AMP reafirmó su compromiso inamovible con el Estado de derecho, la transparencia y la protección del interés público, con el fin de mantener la confianza de socios comerciales y grupos inversores.
Se subrayó además que el país centroamericano continuará siendo un aliado estratégico y seguro para las cadenas logísticas a nivel mundial.
Repercusiones en los mercados financieros
La resolución judicial tuvo efectos inmediatos en las finanzas internacionales. Las acciones de CK Hutchison sufrieron una caída importante en la Bolsa de Hong Kong al conocerse la pérdida del contrato.
En la sesión posterior al anuncio, los valores del conglomerado retrocedieron entre un 4% y 5%, lo que refleja el nerviosismo de los inversionistas ante la desincorporación de uno de sus activos más estratégicos en el continente americano.
A nivel local, analistas del sector logístico sugieren que el reto primordial para el país será lograr una transición rápida y transparente que evite sobrecostos o pérdida de competitividad frente a otros puertos regionales. La conexión entre el Canal y sus terminales es vista como la mayor ventaja competitiva de la nación.
Actualmente, existe incertidumbre sobre el proceso de venta de activos portuarios que CK Hutchison Holdings mantenía activo, puesto que las terminales panameñas eran parte vital del negocio. Las operaciones en Balboa y Cristóbal estaban dentro de una transacción internacional valorada en cerca de $22,800 millones (estimada también en unos $23,000 millones), y este fallo judicial introduce dudas jurídicas sobre su valor.
El trato original incluía el manejo de 43 puertos en 23 países, abarcando un total de 199 atraques. Entre los compradores interesados se encontraba un grupo liderado por BlackRock, Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, esta última asociada a Mediterranean Shipping Company.
Debido a la anulación en Panamá, la industria queda a la expectativa de si la transacción se paraliza, se renegocia omitiendo la parte panameña o si se opta por una reestructuración por bloques, algo que ya se había barajado ante las presiones regulatorias y geopolíticas que rodeaban este millonario paquete de infraestructura.
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