El escenario político y jurídico de Colombia se ha visto sacudido nuevamente ante la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación proceda con un llamado a indagatoria y la vinculación formal del exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Los procesos en cuestión están relacionados con hechos de extrema gravedad: la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el homicidio del reconocido defensor de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. Esta reactivación del debate judicial ocurre en un contexto de alta sensibilidad, justo antes de que se lleven a cabo las elecciones legislativas y presidenciales.
La controversia judicial ha retomado fuerza a raíz de las declaraciones proporcionadas por antiguos líderes de grupos paramilitares. Un elemento clave en este panorama es el retorno al país de Salvatore Mancuso, quien actualmente se desempeña como gestor de paz tras haber purgado una sentencia de 18 años en prisiones de Estados Unidos. Los testimonios de Mancuso y del exparamilitar Francisco Villalba Hernández han generado una profunda división de opiniones respecto a su veracidad y a la presunta intencionalidad política detrás de sus palabras.
Ante estas versiones, el expresidente Uribe se pronunció públicamente en la mañana del sábado 31 de enero de 2026. A través de su cuenta oficial en la red social X, el líder político compartió un mensaje donde expone la gravedad de las filtraciones que ha recibido sobre su situación legal.
“‘Uribe, en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a ud, otro dijo que después de elecciones’”
En su declaración, el exjefe de Estado antioqueño señaló que su equipo jurídico, liderado por el abogado Jaime Granados, ya se encuentra trabajando en una solicitud formal ante el ente acusador. Asimismo, Uribe manifestó su intención de remitir una misiva directa a la actual Fiscal General para abordar los pormenores del caso.
De acuerdo con lo expuesto por el propio exmandatario, el proceso judicial podría formalizarse tras la culminación de los comicios previstos para mediados de 2026. Sobre este punto, Uribe fue enfático al criticar el origen de las investigaciones previas:
“con todo respeto recordaré que la acusación contra mi la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés”
Por otro lado, el fundador del partido Centro Democrático subrayó que, a pesar de sus discrepancias, ha mantenido una postura de respeto hacia la Fiscal General, aun cuando ella ha mantenido vínculos laborales previos con el magistrado Iván Velásquez, con quien Uribe reconoce tener una “enemistad profunda” y notoria desde hace varios años.
El expresidente reiteró su disposición para sostener sus argumentos en las instancias correspondientes. Aseguró que mantendrá la versión libre que ha entregado anteriormente sobre el crimen del Dr. Valle Jaramillo, el cual ocurrió el 27 de febrero de 1998 en Medellín, momento en el que Uribe se encontraba realizando estudios en la Universidad de Oxford. Respecto a las masacres de La Granja (11 de junio de 1996) y El Aro (entre el 22 y 31 de octubre de 1997), el político recordó que estas tragedias forman parte de un periodo violento en el que se registraron más de 90 masacres en Antioquia. Entre ellas, mencionó un ataque de las FARC donde fueron asesinados 28 campesinos, ocurrido a escasa distancia de donde él cumplía funciones como Gobernador en ese momento.
En su defensa, Uribe argumentó que es técnicamente “imposible aplicar la teoría de la omisión” en los hechos de Ituango. Defendió la gestión de la Gobernación de Antioquia, alegando que la Fuerza Pública tenía una capacidad muy limitada para cubrir un territorio tan extenso y complejo como el Nudo de Paramillo. Según sus palabras, ha tenido que soportar
“estas infamias sin que en esos extensos expedientes haya algo contra mí”
desde el año 1997.
Finalmente, el dirigente político cuestionó las bases de la fiscalía, afirmando que se le vinculó inicialmente por una reunión que el propio organismo investigador luego declaró como inexistente. Según su visión, se intenta reemplazar la carencia de pruebas tangibles con un “contexto paramilitar” que ignora la realidad del accionar guerrillero de la época. “Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”, concluyó el exsenador.
Argumentos técnicos de la defensa judicial
La defensa técnica de Álvaro Uribe, encabezada por Jaime Granados, sostiene con firmeza que el expediente contra el exgobernador de Antioquia (1996-1998) carece de fundamentos sólidos. Granados insiste en que, durante más de dos décadas, el proceso ha pasado por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara, sin que se hayan hallado pruebas reinantes.
El abogado penalista denunció que el caso ha sido alimentado por sectores políticos opositores basándose en rumores y “manipulaciones políticas”. En el caso específico de la masacre de El Aro, Granados presentó argumentos técnicos para desestimar la participación de la administración departamental:
“Las bitácoras de vuelo, los peritajes de la Aerocivil y testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”
Sobre los señalamientos directos hechos por Francisco Villalba Hernández, quien declaró haber visto a Uribe en la escena de los hechos, la defensa aportó registros oficiales que sitúan al entonces gobernador en Medellín y Bogotá atendiendo agendas institucionales.
“Su relato es física y temporalmente imposible, un producto de la fábrica de testigos falsos”
, sentenció Granados.
En cuanto a la masacre de La Granja, el abogado indicó que existen actas de consejos de seguridad donde el mandatario regional solicitó expresamente refuerzos para la zona, aunque aclaró que Uribe no poseía el mando operativo sobre el Ejército ni la Policía. Finalmente, respecto al asesinato de Jesús María Valle, la defensa reiteró que no existe vínculo directo y que los autores materiales identificados fueron miembros de la banda La Terraza y la estructura de Carlos Castaño.
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