La reciente disposición ejecutiva emitida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, la cual establece aranceles a las naciones que suministran petróleo a Cuba, ha colocado a la administración de Miguel Díaz-Canel en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta presión externa amenaza con acelerar un desmoronamiento del sistema político en la isla.
Rolando Cartaya, quien lidera el Observatorio Cubano de Conflictos, explicó que el flujo de crudo hacia la nación caribeña es crítico.
“el único petróleo que ha estado llegando a la isla es el de México, que no cubre las necesidades cubanas, pero le ha permitido al régimen ofrecer ‘alumbrones’ luego de apagones de 12 a 15 horas en La Habana, que es un polvorín social”
, detalló el experto.
De acuerdo con Cartaya, la estrategia energética de la dictadura de Miguel Díaz-Canel se encuentra contra las cuerdas tras la resolución de Washington. Aunque la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que el envío de combustible responde a motivos humanitarios, informes de la agencia Reuters indican que se ha evaluado el cese del suministro, habiéndose suspendido ya un cargamento previo. El analista subrayó: “No creo que esté dispuesta a asumir los aranceles punitivos de Trump”.
Finanzas militares y el mercado negro de crudo
Pese al asedio económico, el presidente del observatorio mencionó que el régimen posee un margen financiero estrecho pero existente. La Habana dispone de reservas de unos 14.500 millones de dólares, cifra revelada por una pesquisa del Miami Herald sobre el conglomerado militar GAESA. Además, se denunció que el gobierno ha lucrado durante años con el comercio ilícito, llegando a revender hasta el 60% de lo que le enviaba Venezuela.
La precariedad energética se ha vuelto insostenible para el ciudadano común. El país produce el 50% de sus necesidades de crudo, no obstante, se trata de una variante con elevado contenido de azufre y viscosidad, lo que complica su uso en las plantas termoeléctricas. Ante esto, se han filtrado planes de emergencia en el sector financiero: solo tendrán dos horas de corriente al día, la mayoría de los empleados quedarán ‘interruptos’ y solo funcionará un banco por municipio.
En cuanto a la vigencia del sistema, Cartaya enfatizó que es un régimen que no dispone ya de capital político ni credibilidad. Según su análisis, el oficialismo intenta fabricar una apariencia de respaldo masivo únicamente a través del miedo y la represión. Se han documentado, por ejemplo, coacciones directas contra estudiantes para obligarlos a asistir a eventos ideológicos y jornadas de instrucción militar los fines de semana.
Creciente movilización y hartazgo social
El seguimiento realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos muestra una tendencia al alza en las expresiones de inconformidad.
“Nuestro monitoreo mensual de las protestas y denuncias indica que el pueblo cubano, inmerso en una brutal crisis humanitaria que incluye falta de electricidad, agua, alimentos y medicinas, está harto de ellos, les piden abiertamente en redes sociales, en directas de Facebook e incluso en protestas presenciales, que entreguen el poder o se larguen”
, aseveró Cartaya.
El activista resaltó que los cortes eléctricos han sido el factor que más ha irritado a los cubanos a través de los años. La falta de energía impide el descanso, la preservación de víveres básicos y la cocción de alimentos, además de paralizar los sistemas de bombeo de agua potable, lo que actúa como un catalizador para las manifestaciones en las calles.
Entre los meses de noviembre y diciembre se contabilizaron más de 10 protestas de este tipo. Se reportaron enfrentamientos significativos: En el municipio habanero de Marianao los manifestantes prendieron barricadas en la calle y le lanzaron botellas a la policía, repitiéndose escenas similares recientemente en la localidad de La Lisa.
La respuesta de las autoridades se ha caracterizado por la severidad judicial. La represión se mantiene alta, como ocurrió en noviembre en el municipio de Encrucijada, provincia de Villa Clara, donde seis ciudadanos recibieron sentencias de entre 3 a 8 años de prisión simplemente por manifestarse con cacerolazos y exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.
Medidas de control extremo y planes de contingencia
Cartaya advirtió sobre el uso de normativas legales para suprimir derechos fundamentales. Citó la ley de defensa nacional de 1994, específicamente el artículo 10, que faculta al consejo nacional de defensa para restringir libertades constitucionales. Bajo este marco, el régimen podría establecer toques de queda y ejecutar detener a personas sin ningún pretexto legal aparente.
Existe además una estrategia de control social denominada Plan Baraguá. Este protocolo prevé que, ante un escenario de confrontación directa con Estados Unidos, el gobierno podría evitar la liberación de prisioneros políticos para, en su lugar, concentrarlos y “neutralizarlos”, o incluso utilizarlos como moneda de cambio bajo la figura de rehenes para negociar.
Para el observatorio, la tensión en la isla ha llegado a un punto crítico debido a que la rebeldía latente contra los apagones es mayor que contra cualquier otra de las privaciones que sufren los cubanos. Se recordó el precedente del 11 de julio de 2021, cuando internet funcionó como un aglutinante para la revuelta nacional, aunque actualmente el Estado mantiene la capacidad de realizar cortes selectivos de conectividad.
Finalmente, Cartaya anticipó una posible reacción violenta del aparato estatal ante un nuevo estallido masivo. Manifestó que el régimen actuaría conforme a su naturaleza autoritaria frente a un eventual escenario similar al de 2021, y expresó su expectativa de que el gobierno de Donald Trump actúe con firmeza, trazando un paralelo con la respuesta internacional ante las recientes represiones en Irán.
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