La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo trascendental este jueves al invalidar la concesión otorgada a una subsidiaria de la compañía de Hong Kong, CK Hutchison Holdings. Esta medida deja sin efecto las leyes que permitían a la firma asiática gestionar dos terminales portuarias clave en el Canal de Panamá, tras determinarse que el marco legal del contrato era inconstitucional, según la información oficial difundida por el tribunal.
Puertos estratégicos en disputa
Esta resolución judicial impacta directamente sobre las actividades en los puertos de Balboa, ubicado en el litoral del Pacífico, y Cristóbal, situado en el Atlántico. Ambos enclaves estratégicos han estado bajo la administración de la firma Panama Ports Company, filial de Hutchison, desde el año 1997. Aunque el tribunal notificó la decisión, no se han pormenorizado todavía los sustentos jurídicos de la inconstitucionalidad ni las medidas que se tomarán para garantizar la continuidad inmediata de las operaciones en los muelles.
El proceso legal fue impulsado por la Contraloría General de la República, organismo que el año pasado interpuso dos demandas contra el acuerdo. El contralor Anel Flores fundamentó las acciones en una auditoría técnica que reveló fallas graves, tales como errores en la contabilidad, deudas pendientes con el erario público y la operación de una supuesta “concesión fantasma” que habría operado dentro de las instalaciones desde el 2015. La empresa afectada ha rechazado tajantemente estos señalamientos de irregularidades.
Impacto financiero y posturas políticas
Las investigaciones de la Contraloría sugieren que el Estado panameño sufrió un impacto financiero negativo de aproximadamente 300 millones de dólares desde que el contrato fue prorrogado en el año 2021. Al analizar el periodo completo de los primeros 25 años de la concesión original, el perjuicio estimado asciende a unos 1.200 millones de dólares. Asimismo, Anel Flores destacó que la renovación contractual no contó con el aval obligatorio de su institución.
Por su parte, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, ha sido crítico con el acuerdo en reiteradas ocasiones, describiéndolo como “leonino” y afirmando que vulneraba la soberanía y los beneficios nacionales. Esta postura se alinea con la retórica de Estados Unidos. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha denunciado que China ejerce una influencia indebida sobre el canal a través de estas concesiones portuarias, a pesar de que la administración de la vía interoceánica corresponde a una entidad pública panameña autónoma.
“Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido (…) China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar”, afirmó Donald Trump durante su toma de posesión hace un año.
Contexto internacional y futuro del Canal
La anulación del contrato surge en un momento delicado para Hutchison, que buscaba concretar la venta de su participación mayoritaria en los terminales panameños y otros activos globales a un grupo internacional encabezado por la firma estadounidense BlackRock. Dicha transacción, valorada en 22.800 millones de dólares, contaba con el beneplácito de Washington, pero enfrentaba obstáculos por parte del gobierno de China, lo que ha dificultado su avance.
Para el analista político Edwin Cabrera, el proceso debe continuar con la notificación formal a las entidades involucradas y el futuro de los puertos quedará bajo la responsabilidad del Órgano Ejecutivo a través de la Autoridad Marítima de Panamá. Según su visión, es probable que las actividades comerciales no sufran una interrupción: “Tengo la impresión de que la operación no se va a detener”, indicó el experto.
Paralelamente, el Canal de Panamá tiene proyectado un ambicioso plan de crecimiento con inversiones que superan los 8.500 millones de dólares para la siguiente década. Dentro de este esquema se contempla la edificación de dos nuevos puertos hacia el año 2029, con una inversión cercana a los 2.600 millones de dólares, además de infraestructuras como un nuevo embalse y un gasoducto. Cabe destacar que diversas corporaciones de origen chino han mostrado interés en participar en estas nuevas licitaciones.
La historia de la vía interoceánica está profundamente ligada a la presencia de Estados Unidos, nación que inauguró la obra en 1914 y la transfirió a la soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999, bajo tratados que aseguran el tránsito igualitario. Por esta ruta de 80 kilómetros circula cerca del 5% del comercio mundial por mar, siendo los mercados estadounidense y chino sus usuarios primordiales.
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