Un organismo judicial estadounidense ha calificado como fuera de la ley la determinación del gobierno de Donald Trump de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a nacionales de Venezuela y Haití durante procesos ocurridos en el transcurso del año 2025.
El dictamen, emitido por un equipo conformado por tres magistrados pertenecientes al Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, establece que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobrepasó sus facultades legales al ejecutar estas medidas en junio (en el caso de Haití) y septiembre (en el caso de Venezuela) del año anterior. La resolución judicial fue difundida durante las últimas horas del miércoles y ha cobrado relevancia pública este jueves.
Fundamentos de la resolución judicial
Los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone fueron contundentes al ratificar una decisión previa que ya había sido apelada por las autoridades gubernamentales. En sus argumentos, el panel de magistrados sostuvo una postura firme frente a la interpretación de las leyes migratorias:
«Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso (responsable de la autorización del TPS), y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el Estatus de Protección Temporal de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto».
Adicionalmente, la corte enfatizó el impacto humano que estas decisiones administrativas han tenido sobre la población migrante. Según el criterio de los jueces, las maniobras de la secretaría han sumergido a cientos de miles de personas en un escenario de incertidumbre y miedo constante ante la posibilidad de «ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño».
Magnitud de la población afectada
Las cifras citadas en el fallo judicial ponen de relieve la extensión de la medida que ahora ha sido declarada ilegal. Se estima que alrededor de 600.000 venezolanos y aproximadamente 500.000 haitianos se han visto directamente perjudicados por la anulación de su estatus legal. Esta revocación del beneficio migratorio se produjo bajo el paraguas de las políticas de control fronterizo y migración restrictiva impulsadas por la actual Administración Trump.
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