La administración de los Estados Unidos ha oficializado este viernes un robusto paquete de sanciones dirigido contra figuras de alto nivel del régimen iraní. Entre los sancionados se encuentra el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, junto a varios jefes de la Guardia Revolucionaria. El gobierno estadounidense los señala como responsables de coordinar la represión violenta durante las recientes protestas ciudadanas en el país de Asia Central.
Además de Kalagari, cuya posición le otorga el mando sobre las fuerzas de orden interno, el gobierno de Donald Trump ha incluido en la lista negra a Mayid Jademi, jefe de la organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. La medida también alcanza a comandantes regionales de este cuerpo de élite: Ghorban Mohamad Valizadeh (provincia de Teherán), Hosein Zare Kamali (Hamadán) y Hamid Damghani (Guilán).
Cargos por violaciones a los derechos humanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro, sumó a su listado al comandante de seguridad de Kermansha, Mehdi Hajian. Los argumentos oficiales sostienen que estos funcionarios han participado en una «violenta represión del pueblo iraní», ejecutando acciones que derivaron en asesinatos en masa, detenciones ilegales y desapariciones de ciudadanos.
Previamente, a mediados de enero, el ejecutivo estadounidense ya había aplicado sanciones contra Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Washington lo identifica como uno de los precursores en el uso de la violencia para silenciar las peticiones ciudadanas en la región.
En cuanto al balance de las manifestaciones, las cifras son contradictorias. Mientras que el gobierno de Teherán reporta cerca de 3.000 fallecidos, alegando que se trató de actos terroristas instigados por Israel y Estados Unidos, diversas organizaciones civiles denuncian que el número real de víctimas mortales supera las 6.000 personas como consecuencia directa de la fuerza estatal.
Persecución a redes de activos digitales
Por otra parte, Washington ha puesto la mira sobre el empresario Babak Morteza Zanjani, acusado de evadir las restricciones económicas mediante el uso de plataformas de intercambio de activos digitales. Se identificaron las firmas Zedcex y Zedxion, con registro en el Reino Unido, como los canales utilizados para procesar capitales que terminaron financiando a la Guardia Revolucionaria.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el régimen iraní ha preferido gastar sus menguantes ingresos petroleros en el desarrollo de armas nucleares, misiles y actividades terroristas globales, en lugar de fomentar el bienestar de su población. Bessent ratificó que, bajo las órdenes de Trump, se continuará persiguiendo a las élites que explotan herramientas tecnológicas para el cibercrimen.
«Como ratas en un barco que se hunde, el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo», sentenció Scott Bessent.
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