El expresidente estadounidense, Donald Trump, ha iniciado acciones legales este jueves contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el organismo fiscal de los Estados Unidos. En su reclamo, solicita la suma de 10.000 millones de dólares (más de 8.380 millones de euros) por los supuestos daños y perjuicios derivados de la filtración de sus declaraciones de impuestos a diversos medios de comunicación, hecho llevado a cabo por un antiguo contratista de la entidad que hoy se encuentra en prisión.
Detalles de la acción judicial
En el documento de la demanda, donde también figuran como demandantes su hijo Eric Trump y la Organización Trump, se solicita formalmente un juicio con jurado popular. El texto legal sostiene que
«los demandados, de forma deliberada, consciente y/o por negligencia grave, accedieron e inspeccionaron ilegalmente la información confidencial de las declaraciones de impuestos de los demandantes»
, además de señalar que
«revelaron ilegalmente la información confidencial de las declaraciones de impuestos de los demandantes»
.
Adicionalmente, el demandante exige recibir «la mayor de las cantidades» provenientes de «cada divulgación no autorizada de la información de su declaración de impuestos, incluida cada divulgación posterior por parte de terceros, como el ‘New York Times’, ProPublica y muchos otros medios». Los perjuicios por estas filtraciones han sido estimados en el documento en 1.000 dólares (838,69 euros) por cada evento, o bien en función de «los daños reales sufridos por los demandantes y todas las entidades relacionadas, incluidas cada una de las 418 entidades afiliadas a la Organización Trump que recibieron notificaciones del IRS».
Bajo cualquiera de los escenarios planteados, la querella establece un valor estimado de «un mínimo de 10.000.000.000 dólares (8.381.211.000 euros)» como la cifra que deben percibir los afectados. Asimismo, la representación legal de Trump ha solicitado que se cubran «los costes y honorarios de abogados» y se otorgue «cualquier otra reparación que el Tribunal considere justa y adecuada».
El origen de las filtraciones
La defensa técnica del caso argumenta que, entre mayo del año 2019 y al menos septiembre del 2020, el excontratista del IRS, Charles «Chaz» Littlejohn, quien poseía acceso simultáneo a la entidad y a uno de sus proveedores, obtuvo de manera ilícita la documentación fiscal de los demandantes para posteriormente entregarla al diario ‘New York Times’, a la agencia ProPublica y a otros medios de comunicación que el texto califica de corte izquierdista.
Es importante recordar que Littlejohn recibió a comienzos de 2024 una sentencia de cinco años de cárcel tras ser hallado culpable de filtrar información tributaria de miles de las personas más adineradas del país entre 2018 y 2020. En aquel proceso, el individuo llegó a un acuerdo con la Fiscalía y admitió su responsabilidad en el cargo de divulgación no autorizada de declaraciones e información fiscal confidencial.
Por su parte, el cuerpo de fiscales solicitó para Littlejohn la pena máxima de cinco años de prisión. La acusación argumentó que el condenado buscó intencionalmente el empleo dentro del IRS con el propósito premeditado de acceder y divulgar de forma ilegal las declaraciones de impuestos de figuras públicas.
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