La administración de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, ha formalizado una millonaria oferta económica para dar con los autores de un atentado violento en el departamento de Antioquia. El programa Rewards for Justice (RFJ) hizo pública la noticia el 27 de enero de 2026, anunciando una recompensa de hasta USD 5 millones para quienes suministren información veraz que permita la identificación y captura de los implicados en el ataque perpetrado el 21 de agosto de 2025 en la zona rural del municipio de Amalfi.
Este suceso, que ha sido catalogado como un acto de terrorismo, resultó en el fallecimiento de 13 uniformados de la Policía Nacional de Colombia. Durante la acción violenta, también se produjo la destrucción total de una aeronave UH-60 Black Hawk, la cual era propiedad del Gobierno de los Estados Unidos y operaba en territorio colombiano bajo un convenio de colaboración.
Los hechos se desencadenaron mientras los agentes realizaban labores de evacuación en el marco de operaciones contra la producción de hoja de coca en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Al momento del abordaje del helicóptero, se produjo la detonación de un artefacto explosivo improvisado, lo que ocasionó la muerte instantánea de los trece efectivos y dejó heridas a otras cuatro personas.
Respecto a la autoría del crimen, el Departamento de Estado subrayó que el 28 de enero de 2026 se ratificó que Alexander Díaz Mendoza, conocido bajo los alias de ‘Calarcá’ o “Calarcá Córdoba”, se adjudicó la responsabilidad del ataque. Díaz Mendoza ejerce como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), una de las facciones disidentes de las Farc-EP. Los reportes de inteligencia atribuyen la ejecución táctica al Frente 36 del Embf, organización que desde diciembre de 2021 es considerada por Washington como una Organización Terrorista Extranjera.
Para facilitar la recepción de denuncias, el programa de recompensas ha habilitado canales de comunicación seguros y garantiza la protección total de la identidad de los informantes. Los interesados pueden comunicarse a través de:
- Signal.
- Telegram.
- WhatsApp al número +1 202-702-7843.
El impulso internacional para este caso se gestó tras la gestión diplomática realizada en septiembre de 2025 por el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y su homólogo de Cali, Alejandro Eder, quienes denunciaron el ataque durante una visita oficial a suelo estadounidense. Estas gestiones derivaron en la apertura de una investigación formal liderada por agencias federales de seguridad.
La intervención del FBI y los procesos de extradición
Como parte del avance investigativo, una comisión del FBI (Buró Federal de Investigaciones) se trasladó a Antioquia para evaluar la situación jurídica de los sospechosos. El objetivo principal de los agentes federales es sustentar las solicitudes de extradición contra los integrantes del frente 36 que operan bajo las órdenes de “Calarcá”. Los cargos se fundamentan principalmente en la destrucción de un activo del gobierno norteamericano transferido en comodato a Colombia.
La investigación federal ha puesto el foco sobre cuatro de los cinco cabecillas operativos identificados: alias Chejo, alias Guaricho, alias Primo Gay y alias Barbas.
En el marco de las operaciones militares desarrolladas tras el atentado, se confirmó que el encargado de la parte explosiva, alias Guillermino, fue abatido por la fuerza pública en el municipio de Campamento, Antioquia. Sobre estos operativos, el primer mandatario Gustavo Petro manifestó que los presuntos responsables
“dejaron de delinquir y traquetear de manera definitiva”
al ser neutralizados por las autoridades.
Adicionalmente, las acciones judiciales han permitido la captura de alias Chorizo, señalado como el jefe de finanzas del frente 36, y de alias Yucas, quien fungía como uno de los coordinadores operativos del grupo armado. Ante estos avances, el alcalde Federico Gutiérrez ha solicitado formalmente que se agilicen los trámites para que estos sujetos comparezcan ante la justicia de los Estados Unidos.
Paralelo a la recompensa internacional, en el ámbito local se mantiene una oferta de hasta $200 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de alias Primo Gay. Según expertos en materia penal, el tratado bilateral de 1982 entre Colombia y Estados Unidos hace viable la extradición, dado que existen afectaciones directas a bienes y ciudadanos protegidos bajo la jurisdicción de Washington. La resolución definitiva para el traslado de los acusados dependerá de la coordinación entre ambos sistemas judiciales y requerirá la firma definitiva del Presidente de la República.
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