Un tribunal federal de apelaciones ha emitido un fallo contundente el pasado miércoles por la noche, declarando que la Casa Blanca operó de manera ilegal al intentar suprimir las salvaguardias legales que permiten a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela residir y ejercer labores remuneradas en Estados Unidos.
El panel compuesto por tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ratificó el veredicto de una instancia inferior. En dicho dictamen, se estableció que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobrepasó las facultades de su cargo al dar por concluido el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) destinado a la población venezolana.
No obstante, es importante señalar que esta resolución jurídica no derivará en un impacto práctico inmediato. Esto se debe a que, en octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que la medida de Noem se mantuviera vigente mientras el máximo organismo judicial emite un fallo definitivo sobre el asunto. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios tras ser consultado vía correo electrónico.
Los integrantes del Noveno Circuito también validaron la conclusión previa que señalaba que Noem excedió su autoridad al intentar finalizar de forma prematura el amparo legal para cientos de miles de migrantes de origen haitiano.
Paralelamente, se aguarda que un juez federal en Washington resuelva próximamente una petición para congelar la eliminación del TPS para Haití. Esta solicitud surge de una demanda independiente que busca frenar la medida, la cual tenía prevista la expiración de las protecciones para los ciudadanos de dicha nación el 3 de febrero.
Fundamentos jurídicos del fallo
Los jueces encargados del caso en el Noveno Circuito, Kim Wardlaw, Salvador Mendoza, Jr. y Anthony Johnstone —quienes fueron designados por administraciones demócratas—, subrayaron que la normativa del TPS creada por el Congreso no faculta al secretario para invalidar una designación ya establecida.
“La ley contiene numerosas salvaguardas procesales que aseguran que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad durante períodos de condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen”, escribió Wardlaw, jueza nombrada en su momento por el expresidente Bill Clinton.
Según el análisis de Wardlaw, las “acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas” para los migrantes venezolanos y haitianos que dependen de este amparo en suelo estadounidense.
“El expediente está lleno de ejemplos de miembros de la sociedad trabajadores y contribuyentes —que son madres, padres, esposas, esposos y parejas de ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos y no tienen antecedentes penales— que han sido deportados o detenidos después de perder su TPS”, agregó la magistrada.
¿Qué implica el Estatus de Protección Temporal?
El programa TPS, que fue ratificado por el Congreso bajo la Ley de Inmigración de 1990, otorga al titular de Seguridad Nacional la capacidad de brindar un estatus migratorio regular a individuos que escapan de sus naciones por conflictos de carácter civil, catástrofes ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impidan un retorno en condiciones de seguridad.
Estos beneficios se otorgan por intervalos de 6, 12 o 18 meses, con posibilidad de extensión si las crisis persisten. Aunque el estatus protege contra la deportación y habilita para trabajar legalmente, no constituye un camino hacia la ciudadanía estadounidense.
Al defender su decisión de retirar las protecciones, la secretaria Noem argumentó que el panorama en Haití y Venezuela había mostrado mejoría. Sostuvo, además, que mantener a los migrantes bajo este programa de carácter temporal ya no respondía al interés nacional de los Estados Unidos.
Contexto de las naciones afectadas
Cabe recordar que millones de personas han salido de Venezuela huyendo de la inestabilidad en la esfera política, el desempleo generalizado y la carencia de alimentos. El país atraviesa una crisis prolongada marcada por años de hiperinflación, actos de corrupción política, una deficiente gestión de la economía y un aparato de gobierno ineficiente.
En el caso de Haití, su inclusión en el TPS se remonta a 2010, tras el devastador terremoto de magnitud 7,0 que provocó miles de decesos y dejó a más de un millón de damnificados. Actualmente, los ciudadanos de esa nación enfrentan niveles críticos de hambre y la violencia desatada por grupos de pandillas.
Acusaciones de sesgos raciales
Por otro lado, el juez Mendoza indicó que existe “amplia evidencia de animosidad racial y de origen nacional”. Esto refuerza la idea del tribunal de primera instancia de que las acciones de Noem estaban “predeterminadas y su razonamiento era un pretexto”.
“Está claro que las medidas de la secretaria no estaban realmente fundamentadas en consideraciones de política significativas o diferencias genuinas con respecto a los procedimientos de TPS del gobierno anterior, sino que estaban enraizadas en un diagnóstico estereotipado de los migrantes de Venezuela y Haití como criminales peligrosos o mentalmente inestables”, puntualizó Mendoza.
Finalmente, los representantes legales del gobierno han sostenido que la secretaria posee una autoridad amplia y definida para gestionar el programa, y que tales disposiciones no deben estar sujetas a un escrutinio judicial. De igual forma, han rechazado categóricamente que existan motivaciones raciales detrás de sus políticas.
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