En una reciente comparecencia ante la Audiencia Nacional, el empresario Víctor de Aldama, quien se encuentra bajo investigación en el denominado caso hidrocarburos, ha revelado detalles comprometedores. Según su testimonio, habría tenido en su poder un sobre proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Aldama sostuvo que dicho material contendría datos sensibles sobre una presunta financiación irregular del PSOE, así como de la Internacional Socialista.
De acuerdo con informes de fuentes jurídicas que presenciaron el interrogatorio, el empresario detalló que este material se vincula directamente con operaciones del sector de los hidrocarburos. No obstante, Víctor de Aldama fue enfático al negar cualquier tipo de relación entre este sobre y la compañía Villafuel, la cual es el núcleo de las actuales indagaciones judiciales. El investigado, quien también es señalado como pieza central en el caso Koldo, aclaró que la documentación del sobre no involucraba a la mencionada mercantil.
Interés de la Fiscalía y posibles acuerdos
Durante la sesión, fue la Fiscalía Anticorrupción la que mostró un marcado interés por profundizar en los indicios de una posible financiación ilícita dentro del Partido Socialista. A pesar de la relevancia de sus afirmaciones, Aldama prefirió no detallar el contenido específico de los documentos en esta instancia. El empresario manifestó que estaría “dispuesto a ampliar esa información” siempre y cuando se logre un acuerdo con el Ministerio Público que le brinde las debidas garantías procesales en su situación legal.
Un documento bajo custodia con sellos oficiales de Venezuela
La existencia de este sobre no es una novedad absoluta para las autoridades españolas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había consignado en sus informes que Víctor de Aldama entregó a Luis Alberto Escolano, un colaborador de su entera confianza, una serie de papeles descritos como “documentación sensible” asociada a la petrolera PDVSA.
Las investigaciones policiales incluyen una fotografía enviada por Escolano a Aldama, en la que se aprecia con claridad un sello institucional en la parte inferior del sobre. El informe de la UCO especifica textualmente lo siguiente:
“Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”
. Este dato confirma, según los agentes, el origen gubernamental del envío recibido por el empresario.
Reuniones en el entorno ministerial y el caso Canarias
En otro apartado de su declaración, Aldama mencionó una reunión estratégica en la que habrían participado el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (quien entonces presidía el gobierno de Canarias), y Koldo García, en su calidad de asesor del ministerio. El propósito de este encuentro, según la versión del empresario, era gestionar la obtención de depósitos fiscales en las islas para facilitar ciertas maniobras comerciales en el sector energético.
El investigado precisó que acudió a dicha cita junto a Manuel Salles, otra figura imputada en la causa. Aldama reiteró que este proyecto para establecer depósitos fiscales en el archipiélago finalmente no tuvo éxito y no se concretó, desvinculando nuevamente estas gestiones de la empresa Villafuel.
Una semana determinante para la instrucción judicial
La declaración de Víctor de Aldama se enmarca en un periodo de alta actividad en la Audiencia Nacional. El juez instructor ha citado a declarar a diversos implicados y testigos clave, entre los que destacan Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, exjefes de gabinete de las antiguas ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera. También han pasado por los juzgados Carmen Pano, Manuel García (director general de Política Energética y Minas) y Álvaro Gallego, este último cuestionado por un retiro en efectivo de 108.500 euros.
Paralelamente, la UCO continúa estructurando el organigrama de la presunta red criminal. Los agentes identifican a Claudio Rivas —quien se acogió a su derecho a no declarar— como uno de los líderes de la trama junto a Aldama. El reporte policial indica que ambos “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras” delictivas.
Las pesquisas sugieren que la organización no solo permeó el Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos, sino que extendió sus redes hacia los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica. La tesis de la Guardia Civil apunta a que Aldama, aprovechando su acceso al entorno de Ábalos, buscaba influir en decisiones administrativas para que Villafuel operara como mayorista de hidrocarburos sin cumplir los requisitos legales, todo esto mediante el pago de contraprestaciones económicas.
Fuente: Fuente