A través de un manifiesto conjunto, los gobiernos de once naciones ratificaron su respaldo absoluto a la gestión de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). En el documento, las cancillerías de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y el Reino Unido mostraron su “profunda preocupación” por la demolición de la sede de dicha organización en Jerusalén Oriental por parte de las fuerzas israelíes. Los países firmantes sentenciaron que esta maniobra representa un “acto sin precedentes” contra una entidad de las Naciones Unidas y exigieron que la agencia pueda operar “sin restricciones” en los territorios palestinos.
Violación de la legalidad internacional
Para los ministerios de Asuntos Exteriores que suscriben el comunicado, la eliminación de esta infraestructura constituye una “medida inaceptable”, dado que obstaculiza gravemente la operatividad de la UNRWA. Las naciones involucradas recordaron a Israel, en su calidad de Estado miembro de la ONU, su obligación de acatar las leyes internacionales que garantizan la protección e inviolabilidad de las sedes diplomáticas y organismos internacionales, bajo el marco de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención General sobre privilegios e inmunidades.
“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel, miembro de Naciones Unidas, para que detenga todas las demoliciones”.
Una labor humanitaria indispensable
El grupo de países enfatizó que la misión de la UNRWA es “indispensable” para la supervivencia de millones de personas, al ser el principal “proveedor de servicios” en materia de salud, educación y asistencia humanitaria básica. Esta labor es especialmente crítica para la población que habita en la Franja de Gaza y en el resto de los territorios palestinos ocupados, por lo que cualquier interferencia en su trabajo pone en riesgo la estabilidad social de la región.
Previamente a este pronunciamiento grupal, el Gobierno de España ya había manifestado de forma individual su rechazo a estas acciones. Desde la administración española se calificó la destrucción de la sede como una transgresión “inaceptable” de los derechos e inmunidades que el derecho internacional otorga a la organización, subrayando que el respeto a estos pilares es fundamental para sostener la legalidad en contextos de conflicto bélico.
Riesgos para la población civil
La mayor inquietud de las once potencias radica en que este tipo de intervenciones o futuras demoliciones mermen la capacidad de respuesta de la agencia ante la crisis humanitaria actual. Por este motivo, interpelaron directamente a las autoridades israelíes para que pongan fin a cualquier medida que bloquee el acceso de los beneficiarios a los servicios esenciales que provee la ONU.
Finalmente, el comunicado conjunto hace un recordatorio sobre la obligatoriedad de los compromisos internacionales. Los firmantes insistieron en que las normas que rigen a las Naciones Unidas en zonas de guerra no son opcionales, sino que forman parte de un marco jurídico global que Israel debe respetar en todas las áreas bajo su control efectivo.
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