Un reciente fallo judicial ha determinado que las actividades efectuadas por Bayardo Arce y su colaborador cercano, Ricardo Bonilla, forman parte de una red financiera establecida hace años con el objetivo de gestionar y ocultar fondos de procedencia dudosa. Según el tribunal, este esquema se valió de un entramado de empresas para provocar un perjuicio económico al Estado de Nicaragua que supera los 2,7 millones de dólares (aproximadamente 2,2 millones de euros). Tras la resolución, el influyente dirigente sandinista ha sido sentenciado a una pena de prisión, cuya duración exacta todavía no ha sido precisada en los informes oficiales difundidos recientemente. La justicia nicaragüense ha declarado a ambos individuos culpables de lavado de dinero y fraude agravado.
De acuerdo con la información presentada por la Procuraduría General de Justicia, la sentencia confirma que Arce y Bonilla trabajaron de manera conjunta y sistemática para administrar capitales provenientes de la defraudación tributaria. Para lograr este fin, los implicados utilizaron múltiples sociedades mercantiles y diversas cuentas bancarias, aplicando estrategias financieras sofisticadas para ocultar tanto el origen como el destino final de los activos. El organismo fiscalizador subrayó que este accionar vulneró la transparencia del sistema financiero nacional y atentó contra el patrimonio público.
Una red de empresas y socios ficticios
Las investigaciones judiciales revelaron que la organización involucrada contaba con un total de 49 sociedades, de las cuales 35 se mantenían operativas para facilitar el movimiento de fondos ilegales derivados de la evasión fiscal. El tribunal hizo énfasis en que, para garantizar el anonimato de los verdaderos beneficiarios, Bayardo Arce y Ricardo Bonilla reclutaron a diversas personas que actuaron como socios ficticios en las entidades bajo su mando. Esta compleja arquitectura societaria permitió que los responsables permanecieran en la sombra mientras se ejecutaban las maniobras financieras.
“Se declara la responsabilidad penal de los acusados Bayardo Arce y (el asistente de este) Ricardo Bonilla por el delito de lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua”
El dictamen judicial recalca que estas operaciones no fueron incidentes aislados, sino que respondían a una metodología de trabajo sistemática para acumular y reinvertir recursos ilícitos a largo plazo. En términos financieros, se detalló que la red procesó sumas que alcanzan los 2,7 millones de dólares y 82,3 millones de córdobas nicaragüenses (cerca de 1,8 millones de euros) durante el lapso de tiempo que duró la investigación criminal.
Desde el mes de julio de 2025, Arce permanece recluido en un centro penitenciario ubicado en la ciudad de Managua. Es importante recordar que el ahora sentenciado posee una extensa trayectoria en la política nacional, habiendo ejercido como diputado en la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre los años 1997 y 2007. Posteriormente, consolidó su posición en la esfera gubernamental al desempeñarse como asesor económico del mandatario Daniel Ortega, cargo que ocupó hasta el momento de su captura.
Impacto en el sistema financiero nacional
La Procuraduría General señaló que estas actividades delictivas tuvieron un impacto negativo considerable en la estructura y la confianza del sector financiero, así como en la recaudación fiscal del país. Los documentos del proceso indican que las compañías controladas por los acusados no solo se dedicaron a esconder el dinero, sino que también lo reinvirtieron en diversas actividades económicas. Esto permitió que el ciclo de blanqueo se perpetuara, dificultando las labores de supervisión de las instituciones encargadas de detectar movimientos bancarios sospechosos.
Expertos del Ministerio Público y especialistas en fiscalización financiera demostraron ante los magistrados que la escala del fraude liderado por Arce y Bonilla constituye un modelo de evasión tributaria sistémica. El tribunal calificó estas acciones como una
“operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos”
. El uso de estructuras compartimentadas y prestanombres fue fundamental para evitar que las irregularidades fueran detectadas de forma temprana por los controles estatales.
El proceso legal, que ha ganado notoriedad por la publicación de fragmentos de la resolución en plataformas digitales, confirma la culpabilidad de los acusados en delitos relacionados con la corrupción y el daño al erario público. Aunque la sentencia de privación de libertad es un hecho, las autoridades aún no han brindado detalles específicos sobre los años de cárcel que deberán cumplir ambos sentenciados por su participación en esta red de defraudación.
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