El mandatario interino, José Jerí, ha salido al frente de los cuestionamientos tras sus recientes incursiones en centros penitenciarios, rechazando de forma tajante que sus acciones formen parte de un espectáculo para las cámaras. A través de una pieza audiovisual que recopila las diversas críticas hacia su participación en las requisas, el jefe de Estado argumentó que su estilo de gestión se basa en la presencia directa. Según sus palabras:
“gobernar es actuar y dar la cara, no comentar desde la tribuna”
.
En el video difundido mediante la plataforma TikTok, el presidente encargado enfatizó su disposición a enfrentar el escrutinio público derivado de estos operativos.
“Estamos asumiendo el costo, sin importar las consecuencias que ello puede implicar, porque cuando uno está comprometido con el objetivo, no importa exponerse a lo que tenga uno que hacer”
, manifestó con determinación.
Esta defensa de Jerí se produce en un clima de alta tensión política y social. Las críticas no solo apuntan a la naturaleza de estas actividades, sino a los detalles específicos de la intervención ocurrida en el recinto de Ancón I durante las primeras horas del viernes 23 de enero, donde el presidente se presentó acompañado por una comitiva masiva de aproximadamente 50 personas.
Este despliegue ha provocado una respuesta legal inmediata. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) han formalizado una denuncia penal contra José Jerí. Se le señala por presuntamente vulnerar los protocolos de seguridad y las revisiones biométricas obligatorias, además de permitir que civiles y personal ingresaran con teléfonos celulares y dispositivos de comunicación, una acción estrictamente prohibida bajo el marco de la Ley 29867.
El técnico Julio Lurita Tarazona ha sido uno de los denunciantes más vocales, calificando el ingreso de la numerosa delegación presidencial como un hecho delictivo. Lurita recordó que la legislación actual estipula penas privativas de libertad de entre seis a ocho años para quienes introduzcan equipos de comunicación en cárceles. La acusación abarca los presuntos delitos de:
- Abuso de autoridad
- Omisión de actos funcionales
- Ingreso indebido de equipos de comunicación
- Delitos contra la seguridad pública
Por su parte, Julio Burga, quien se desempeña como secretario general del SINTPE-INPE, advirtió que la forma en que se realizó la irrupción generó un desorden tal que casi provoca un amotinamiento entre los internos. Burga fue enfático al declarar:
“La Policía se tiene que someter a los protocolos de seguridad que nosotros tenemos establecidos. Ellos no pueden irse por sobre la ley”
.
Para los empleados del sistema carcelario, la intervención de Jerí no fue más que un “show político” que terminó en fracaso técnico. Se reportó que el objetivo principal era presentar ante los medios a un conocido extorsionador; sin embargo, el reo ya había sido trasladado previamente al penal de Challapalca antes de que iniciara el operativo. Debido a esta presunta falta de coordinación e inteligencia, la denuncia penal también involucra al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo, acusados de proporcionar datos erróneos al mandatario.
La tensión escaló con las palabras de Julio Lurita, quien arremetió contra la falta de experiencia técnica del Poder Ejecutivo en la gestión interna de las prisiones. El técnico exigió respeto para la institución y desestimó las acusaciones de que el personal del INPE oculte información.
“Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten. Este uniforme y esta gorra se ganan, no nos regalaron el puesto”
, sentenció con dureza.
Denuncias de intereses políticos y malas condiciones laborales
Desde el gremio sindical se maneja la hipótesis de que estas intervenciones tienen un trasfondo institucional: desprestigiar intencionalmente al INPE. Según los trabajadores, el objetivo sería forzar una reforma estructural para colocar a personal del PRONACEP bajo el mando de la futura Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Este cambio es visto por el sindicato como un “negociazo político” que no ataca de raíz las deficiencias del sistema actual.
Finalmente, Lurita puso en duda la transparencia en el manejo de los fondos destinados a estos operativos. Ha solicitado que se realicen auditorías exhaustivas para prevenir sobrecostos innecesarios y asegurar que el presupuesto público sea utilizado de manera eficiente y legal dentro de los establecimientos penitenciarios.
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