En el marco del complejo escenario judicial internacional derivado del litigio por la nacionalización de YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó una petición formal ante los tribunales de Estados Unidos. El objetivo principal es lograr la suspensión inmediata del procedimiento de discovery (intercambio de pruebas) dictaminado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, además de frenar la moción de desacato interpuesta por la firma Burford Capital.
Informes de fuentes oficiales confirman que la presentación legal ante el despacho de la jueza Loretta Preska se efectuó durante la madrugada de este miércoles. Con esta maniobra, las autoridades de Argentina buscan neutralizar lo que califican como un “hostigamiento sistemático” por parte del bufete de abogados que resultó favorecido en la etapa inicial del juicio. “Hasta acá llegaron”, sentenciaron fuentes cercanas al proceso legal.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”
Esta declaración resume la postura argentina frente a las tácticas de Burford Capital, que busca ejecutar el cobro de USD 16.000 millones de dólares tras el fallo que determinó irregularidades en la expropiación de la petrolera. La tensión aumentó recientemente cuando los demandantes no solo solicitaron la declaración de desacato, sino que también exigieron datos precisos sobre la ubicación de las reservas de oro pertenecientes al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Previo al envío del pedido de suspensión, la Procuración del Tesoro ya había notificado a la justicia estadounidense que dichos activos “son propiedad del Banco Central”. En su argumento, destacaron que las reservas cuentan con inmunidad de ejecución, lo que las convierte en activos inembargables, calificando cualquier pedido de información sobre las mismas como “manifiestamente improcedente”.
Si bien el Poder Ejecutivo tramitó una solicitud para canalizar el requerimiento de información, subrayaron que la resolución final depende exclusivamente del BCRA. Paralelamente, la defensa argentina sostuvo con firmeza que “la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa”.
Por su parte, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, señaló que el país también manifestó su rechazo total a la pretensión de los beneficiarios del fallo de obligar al ministro de Economía, Luis Caputo, a testificar bajo juramento sobre el destino y uso de los lingotes de oro nacionales.
Desde la perspectiva de la Procuración del Tesoro, “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”. No obstante, Burford Capital insiste en que existe un ocultamiento de datos, al no haberse proporcionado registros de comunicaciones privadas de funcionarios de la administración actual y del gobierno anterior.
Este supuesto faltante de información fue el eje central para que la compañía británica solicitara que la nación sea declarada en desacato. Ante esta acusación, la defensa nacional denunció que los litigantes han extremado sus demandas con requerimientos que resultan “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Los representantes legales del país argumentan que la figura del discovery ha sido desvirtuada para utilizarla como un mecanismo de presión en el ámbito político y judicial.
“El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”
Adicionalmente, la Procuración del Tesoro señaló públicamente que la contraparte ha admitido que su meta es “poner arena en los engranajes” de la estabilización económica de la Argentina. El Gobierno calificó esta conducta como reprochable desde lo jurídico y lo ético, alegando que solo buscan forzar el pago de la millonaria indemnización a pesar de que la sentencia aún se encuentra en etapa de revisión.
Finalmente, la Procuración ratificó que agotará todas las instancias y recursos legales para salvaguardar la soberanía nacional y frenar lo que consideran peticiones ilegítimas que contravienen la Constitución Nacional y los principios del derecho internacional.
Para este jueves está programada una audiencia entre ambas partes, fijada con anterioridad al conflicto por la moción de desacato. La delegación argentina se presentará con una posición rigurosa ante la jueza Loretta Preska, buscando que el tribunal deje de convalidar las exigencias de Burford Capital.
En cuanto al cronograma procesal, se confirmó que los demandantes podrán presentar un nuevo descargo el próximo 19 de febrero. Analistas oficiales prevén que esta disputa genere nuevas ramificaciones legales que podrían extenderse hasta finales de marzo.
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