La Fiscalía General de la Nación ha presentado pruebas contundentes que sugieren que las irregularidades detectadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) no fueron incidentes fortuitos. Según el ente investigador, se trató de una estrategia deliberada y coordinada que involucró a altos cargos administrativos, afectando no solo a Medellín, sino a los otros nueve municipios que conforman la región metropolitana.
En el transcurso de las diligencias judiciales, la autoridad fiscal sostuvo que Juan David Palacio Cardona, quien se desempeñó como director del Amva, actuaba bajo las directrices de un “tercero”. Este individuo externo habría tenido injerencia directa en la designación de subdirectores de la rama ambiental y en la toma de decisiones críticas para la entidad.
Aunque la identidad legal de este tercero no fue revelada oficialmente durante la audiencia de imputación, el ente acusador planteó una interrogante fundamental sobre quién ostentaba verdaderamente el mando en las sombras del Amva.
“Sin la anuencia del director, nada hubiera sido posible”
El proceso se desarrolló ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. En dicha instancia, se imputaron cargos por peculado, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado contra Juan David Palacio Cardona.
Asimismo, la investigación vincula a Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales de la institución, además de Juan Alberto Cardona Henao, contador de los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El fiscal especializado en anticorrupción subrayó que la participación del exdirector fue la piedra angular para el funcionamiento de este esquema. Según las palabras del funcionario judicial:
“Sin la anuencia del director, la política de contratación no hubiera podido sostenerse”
Con esto, se enfatizó que toda la operatividad administrativa y contractual dependía jerárquicamente de la dirección general liderada por Palacio Cardona.
Contratos de la pandemia y desvío de fondos públicos
Las indagaciones de la Fiscalía se centran en seis contratos suscritos entre los años 2020 y 2021 bajo la figura de apoyo a la gestión. Estos acuerdos sumaron una cifra superior a los $18.000 millones y tenían como fines declarados:
- Capacitaciones especializadas.
- Fortalecimiento de grupos de socorro.
- Compra de insumos y kits de bioseguridad para enfrentar la crisis del covid-19.
No obstante, el ente acusador denunció que los procesos se realizaron mediante adjudicación directa, omitiendo pasos legales básicos como estudios de mercado o validación de precios. Esta omisión habría facilitado la existencia de sobrecostos y el pago por materiales que nunca llegaron a las entidades. Se estima que el daño patrimonial al erario público es de $2.481 millones.
Acciones para borrar evidencias
Uno de los hallazgos más alarmantes expuestos por la Fiscalía tiene que ver con la presunta destrucción de pruebas al concluir el mandato de Palacio Cardona. Se sostiene que el exdirector dio la instrucción de formatear discos duros y eliminar información sensible en los equipos de la secretaría y otras dependencias clave.
Para el fiscal del caso, la intención de estas acciones era unívoca: “eliminar la trazabilidad del actuar ilegal”, buscando obstruir la reconstrucción de los procesos contractuales que hoy son objeto de escrutinio penal.
Por otro lado, la investigación reveló que una fracción de los recursos públicos desviados habría tenido como destino el financiamiento de la campaña política de Misael Cadavid Jaramillo a la Cámara de Representantes (2021-2022). Cadavid, quien lideraba el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, ya ha sido capturado como parte de este complejo entramado de intereses políticos y electorales.
La sombra de influencias políticas externas
A pesar de que la Fiscalía no ha dado un nombre formal para el tercero que daba órdenes, en el desarrollo de la audiencia se trajeron a colación testimonios y documentos previos que apuntan hacia Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle.
Se sospecha que Quintero habría ejercido una influencia decisiva en el Amva, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Estas conjeturas refuerzan la tesis de que el área metropolitana fue utilizada como un engranaje dentro de una estructura de poder mucho más extensa.
Finalmente, la Fiscalía fundamentó la gravedad de estas imputaciones bajo la Ley 1908 de 2018, enfocada en delitos perpetrados por grupos organizados.
“Se acredita la existencia de un grupo estructurado conformado por más de tres personas”
precisó el fiscal, confirmando que ya son siete los implicados formalmente en este proceso judicial.
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