En el marco del nuevo procedimiento de regularización extraordinaria de extranjeros en España, se ha establecido una medida clave para agilizar los expedientes: la declaración responsable sustituirá la presentación obligatoria de certificados de antecedentes penales en aquellas situaciones donde estos documentos no puedan ser obtenidos en las naciones de origen de los solicitantes.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha confirmado que será la propia administración estatal la encargada de gestionar, en caso de ser necesario, la solicitud de dicha información a los países correspondientes. En los casos donde este proceso no resulte fructífero, la declaración jurada del interesado tendrá validez legal suficiente para continuar con el trámite. El objetivo primordial de este cambio normativo es desmantelar los obstáculos burocráticos que históricamente han bloqueado la regularización de miles de ciudadanos.
Un proceso para medio millón de personas
El Consejo de Ministros tiene prevista la aprobación del Real Decreto que pondrá en marcha esta regularización masiva. Según explicó Belarra, quien además es diputada y exministra de Asuntos Sociales, esta normativa tiene el potencial de beneficiar aproximadamente a 500.000 personas que actualmente se encuentran en una situación de irregularidad administrativa.
Durante una intervención pública, la dirigente enfatizó que la dificultad para conseguir certificados penales y el alto coste de las traducciones oficiales constituyen barreras insalvables para muchos migrantes. Por ello, el Ejecutivo ha decidido implementar alternativas documentales que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de manera más flexible.
Requisitos y métodos de acreditación
Para acceder a este proceso de regularización, los interesados deberán cumplir con condiciones específicas de permanencia:
- Acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses previos a la entrega de la solicitud.
- Haber ingresado al territorio español antes del 31 de diciembre de 2025.
Además, se ampliará el abanico de documentos válidos para demostrar la estancia en el país. Ya no será el empadronamiento la única vía; se aceptarán pruebas como citas médicas o facturas de servicios, facilitando la comprobación de la presencia física en España.
Autonomía del Ejecutivo y críticas políticas
La implementación de esta medida se realizará directamente vía decreto, lo que evita la necesidad de un debate previo en la sede legislativa. Al respecto, Ione Belarra defendió la capacidad de acción del Gobierno señalando que:
«no hacía falta pasar por el Congreso para aprobar una regularización extraordinaria, que el Gobierno podía hacerlo ‘motu propio’, a través del Consejo de Ministros»
.
La líder de Podemos subrayó que esta acción busca combatir lo que denomina como “burorrepresión y violencia burocrática”, un fenómeno que afecta sistemáticamente a la población migrante. Asimismo, la diputada analizó la dinámica política interna, señalando que el PSOE suele actuar bajo la presión de socios parlamentarios como ERC, BNG, Bildu o Sumar, demostrando que el Ejecutivo posee facultades para decidir sin negociaciones parlamentarias adicionales en ciertos ámbitos.
Finalmente, Belarra salió al paso de las críticas de la oposición, calificando de “bulo” las afirmaciones provenientes del Partido Popular y Vox. Desmintió tajantemente que la medida busque otorgar la nacionalidad de forma automática para alterar el censo electoral, aclarando que la iniciativa se centra exclusivamente en la regularización de la residencia y carece de los fines electorales que sus detractores le atribuyen.
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