En una acción ejecutada este martes, las autoridades panameñas concretaron la aprehensión del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén. La detención se produjo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, justo en el instante en que el exfuncionario arribaba a Panamá en un vuelo procedente de Guatemala. El procedimiento responde a una orden formal de conducción y captura emitida por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en el marco de una investigación abierta por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
El exsegundo al mando del Ejecutivo fue interceptado por agentes migratorios inmediatamente después de su ingreso a territorio nacional. Esta acción se derivó de una alerta de impedimento activada por el Servicio Nacional de Migración a petición de la fiscalía especializada. Tras su retención inicial, Carrizo fue movilizado bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia las dependencias del Ministerio Público y, posteriormente, trasladado a la base de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, sitio donde se encuentra recluido mientras se gestionan los pasos legales pertinentes.
La disposición judicial que motivó esta captura fue suscrita el lunes 26 de enero de 2026 a través del Oficio N.° 731-2026. El documento, que lleva la firma de la fiscal superior Adela Cedeño, forma parte del expediente identificado como Noticia Criminal N.° 202600005907. En dicha orden, se facultó expresamente a la DIJ para localizar y poner al exvicepresidente bajo la potestad de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
Al momento de abandonar la terminal aérea, el exfuncionario se mostró esposado y custodiado por unidades de la DIJ. En ese trayecto, José Gabriel Carrizo ofreció breves declaraciones a los periodistas que cubrían el suceso. Al ser interrogado sobre su disposición para someterse al sistema de justicia de Panamá, el investigado manifestó:
“Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo”
Según explicó el propio exvicepresidente, tomó la determinación de retornar al país tras informarse por medio de la prensa sobre la existencia del mandato de conducción que pesaba sobre él. Durante su comparecencia ante los medios, insistió en que su regreso fue un acto voluntario con el fin de encarar las acusaciones.
Defensa y acusaciones de persecución política
“Voy a venirme a Panamá con la frente en alto a dar la cara porque soy inocente”, aseveró con énfasis. Carrizo no dudó en señalar que las acciones legales en su contra tienen un trasfondo ideológico. “Es una persecución política en contra de mí”, denunció, prometiendo que mantendrá sus críticas hacia lo que define como anomalías procesales en el desarrollo de su expediente.
De igual manera, el exvicepresidente puntualizó que actualmente es objeto de más de tres indagaciones radicadas en distintas fiscalías que guardan relación con la misma causa matriz, reiterando su ajenidad respecto a los cargos imputados. Al referirse a la naturaleza técnica del caso, confirmó que el eje central es una pesquisa por enriquecimiento injustificado.
Este arresto ocurre apenas pocas horas después de que el político publicara un material audiovisual en sus plataformas digitales, donde informaba que se encontraba en Guatemala desde el pasado 17 de enero.
En dicho mensaje, había mencionado que este martes 27 de enero estaba programada su toma de posesión como exvicepresidente ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). No obstante, indicó que evaluaría su participación debido a la coyuntura legal que atravesaba, optando finalmente por declinar la juramentación para aterrizar en suelo panameño.
La posibilidad de que se integrara formalmente al Parlacen había generado un intenso debate en el ámbito jurídico, puesto que el acto le habría otorgado fuero, trasladando automáticamente la competencia del proceso a la Corte Suprema de Justicia. Este tipo de variaciones en la jurisdicción suelen derivar en trámites legales mucho más extensos, un patrón observado en previos expedientes de figuras políticas de alto nivel en el país. Al no concretarse dicho ingreso al organismo regional, Carrizo permanece bajo el régimen de la justicia penal ordinaria.
Contexto político y auditorías de la Contraloría
Cabe recordar que José Gabriel Carrizo desempeñó funciones como vicepresidente de la República en el quinquenio 2019–2024 y fue el abanderado presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en los comicios generales de 2024. Con la expiración de su fuero penal electoral, el Ministerio Público obtuvo el camino libre para proceder con las medidas de conducción necesarias.
La base probatoria de la fiscalía se apoya en una serie de exámenes patrimoniales efectuados por la Contraloría General de la República. El pasado 22 de octubre, el titular de la Contraloría, Anel Flores, dictó el secuestro preventivo de al menos ocho cuentas de banco y diversos bienes inmuebles asociados al exfuncionario. Estas medidas cautelares sobre bienes, que alcanzan una cifra aproximada de $1.3 millones, se fundamentan en la sospecha de que tales activos no cuentan con una justificación financiera transparente.
No obstante, en intervenciones previas a su captura, Carrizo desestimó los hallazgos de la institución fiscalizadora. Aseguró que el 15 de enero consignó ante la Contraloría una auditoría de carácter forense que supuestamente ratifica que no hubo un crecimiento patrimonial ilícito, negando haber percibido fondos de contratistas o subcontratistas estatales. El exvicepresidente mantiene que sus propiedades y recursos tienen un origen familiar y son previos a su ingreso al gobierno en el año 2019.
Por su parte, el equipo legal de la defensa ha insistido en que existen reportes técnicos que validan la postura de su representado. Han cuestionado abiertamente el secuestro de activos, argumentando que algunas de las propiedades afectadas ni siquiera pertenecen a Carrizo, lo que a su juicio constituye una irregularidad que afecta a terceros inocentes.
Tras el arresto en el aeropuerto, el exfuncionario debe ser notificado de manera oficial y pasar por las revisiones médicas de protocolo. Se espera la programación de una audiencia ante un juez de garantías, autoridad encargada de determinar las medidas cautelares correspondientes para el resto del proceso. La Fiscalía Anticorrupción continúa con las diligencias en un entorno de alta atención mediática, sumando este nombre a la lista de antiguos jerarcas estatales procesados en Panamá.
Fuente: Fuente