El reconocido cantautor Alejandro Sanz ha compartido su postura frente a las delicadas acusaciones de presunta agresión sexual que rodean a Julio Iglesias. Durante una reciente intervención pública, el intérprete subrayó que el curso legal debe prevalecer antes de que la opinión pública determine culpabilidades. Sanz admitió que, debido al vínculo personal que mantiene con el artista, le resulta «difícil creer» en tales señalamientos, aunque enfatizó que es imperativo aguardar el veredicto de un magistrado. Estas declaraciones se dieron en el marco de la presentación de su nueva producción documental titulada ‘Cuando nadie me ve’, que llegará a la plataforma Movistar Plus+ el próximo 27 de enero.
Llamado a la prudencia y presunción de inocencia
Para el artista madrileño, la mesura es vital en estos escenarios. Sanz advirtió sobre el impacto del «juicio mediático», el cual puede generar un daño irreparable en la imagen de una persona antes de que se presenten pruebas concluyentes en un tribunal. Argumentó que, en este punto, la sociedad carece de la información necesaria para emitir una sentencia definitiva sobre el comportamiento de los implicados.
“Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso y para eso existen los mecanismos judiciales y se deben seguir a rajatabla. Pero la presunción de inocencia también debe ir por delante porque ya hemos visto muchos casos en los que ha ocurrido esto y también es terrible”.
De esta manera, el cantante insistió en que la justicia debe ser la única vía de resolución y exhortó a esperar la intervención de los tribunales competentes antes de participar en debates públicos que afecten la reputación de los involucrados.
El archivo de la causa en la Audiencia Nacional
En paralelo a estas reflexiones, se ha confirmado que la causa judicial abierta en España contra el legendario cantante ha sido desestimada. El pasado 23 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dictó el archivo de las investigaciones. El motivo principal radica en la falta de competencia territorial, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en la región del Caribe y no dentro del suelo español.
Fuentes jurídicas han aclarado que esta resolución del Ministerio Fiscal no admite recurso alguno. En consecuencia, las personas que presentaron la denuncia deberán acudir a las instancias judiciales de los países que posean la jurisdicción correspondiente sobre el lugar de los hechos si desean continuar con el proceso legal.
Límites de la jurisdicción española
La decisión se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual limita la capacidad de España para perseguir delitos cometidos en el exterior. Según el marco legal vigente, solo se pueden investigar este tipo de conductas si el presunto responsable posee la nacionalidad española y existen nexos materiales directos con el país, como el hecho de que las víctimas residan en España o sean españolas.
En este expediente específico, la Fiscalía determinó que las víctimas son ciudadanas extranjeras que no tienen su residencia fijada en territorio español. Además de Iglesias, los otros individuos señalados en la denuncia son un ciudadano de Colombia y otro de Brasil, quienes tampoco residen en el país ibérico. Por tanto, se concluyó que las autoridades de las naciones donde ocurrieron los incidentes son las facultadas para instruir cualquier investigación criminal.
Finalmente, la resolución de la Audiencia Nacional reiteró que no es posible abrir procesos penales en España cuando tanto los acusados como las víctimas son extranjeros y no existen vínculos de residencia que justifiquen la intervención de los tribunales locales. El material audiovisual relacionado con estas declaraciones y el estado de la causa legal ya se encuentra disponible para consulta.
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