En un movimiento que refleja la creciente presión global sobre las grandes tecnológicas, la empresa Meta —matriz de Facebook, Instagram y Threads— procedió a la eliminación de más de 540.000 cuentas pertenecientes a adolescentes el pasado 12 de enero. Esta acción responde a la necesidad de acatar el nuevo marco regulatorio de Australia. Paralelamente, en el Reino Unido, una iniciativa similar para restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha superado un hito determinante en su proceso legislativo, mientras las autoridades británicas observan con atención los resultados obtenidos en el país oceánico antes de formalizar su postura final.
Avances en el Parlamento Británico
La Cámara de los Lores dio luz verde el pasado miércoles a una enmienda clave dentro del Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas. Esta aprobación facilita que la propuesta sea debatida próximamente en su instancia definitiva: la Cámara de los Comunes. La votación en la cámara alta registró 261 votos a favor frente a 150 en contra, una cifra que evidencia la polarización política respecto a la protección de los jóvenes en entornos digitales. A pesar del avance, el Gobierno liderado por el primer ministro Keir Starmer ha manifestado su rechazo formal a la enmienda, apostando por una estrategia basada en el diálogo y la consulta en lugar de una prohibición tajante.
Consulta pública y alternativas técnicas
De manera previa a la resolución parlamentaria, el Ejecutivo del Reino Unido activó una consulta ciudadana para analizar la viabilidad de prohibir el acceso a plataformas digitales para los menores de 16 años. Este sondeo busca recabar opiniones de adultos y jóvenes no solo sobre el veto, sino sobre medidas complementarias como:
- Restricciones severas al procesamiento de datos personales de menores.
- Implementación de bloqueos técnicos contra el ‘scroll infinito’.
- Mecanismos para prevenir comportamientos adictivos derivados del diseño de aplicaciones.
El objetivo gubernamental es reducir la exposición de la infancia a contenidos de riesgo y mitigar el impacto adictivo que generan ciertas funcionalidades de streaming y redes sociales, según han advertido diversos especialistas en la materia.
El espejo de la legislación australiana
El modelo que sirve de referencia para el Reino Unido es el de Australia, donde desde diciembre de 2024 rige un sistema legal sumamente estricto. Las plataformas que no logren impedir el acceso a menores de 16 años se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos (equivalentes a más de 29 millones de euros). Esta normativa abarca a gigantes del sector como YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick, además de los servicios de Meta. Precisamente, el cierre masivo de cuentas por parte de Meta subraya la contundencia con la que las empresas están reaccionando ante estas nuevas exigencias legales.
Seguridad digital y entorno educativo
Cabe recordar que, desde julio de 2023, el Reino Unido ya exige sistemas de verificación de edad bajo la Ley de Seguridad en Línea, enfocada principalmente en evitar el acceso de menores a la pornografía. Compañías como Bluesky y la empresa de inteligencia artificial OpenAI han comenzado a integrar estos controles ante la presión de los reguladores. Sin embargo, Liz Kendall, secretaria de Tecnología, ha admitido que la inquietud entre padres y tutores sobre la seguridad en internet persiste a pesar de los avances.
Por otro lado, la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, ha reforzado su postura contra el uso de dispositivos en el ámbito lectivo de forma categórica:
“Los teléfonos móviles no tienen cabida en las escuelas. Sin peros ni condiciones”.
Esta visión busca minimizar las distracciones y salvaguardar a los estudiantes de riesgos digitales durante la jornada escolar, creando entornos de aprendizaje más seguros.
Futuro de la normativa
El destino de esta prohibición recae ahora en la Cámara de los Comunes. Si los legisladores aprueban la medida, se procederá a su promulgación oficial. En caso de ser rechazada, la enmienda volvería a la Cámara de los Lores, lo que dilataría los plazos de implementación, emulando el proceso australiano que tardó más de un año en materializarse. Esta deliberación en el Reino Unido es vista como un posible precedente para la regulación tecnológica y la protección a la infancia en todo el continente europeo ante el incremento de casos de adicción y peligros en línea.
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