Bajo un estricto e imponente despliegue de seguridad que incluye a más de 2.000 efectivos militares, las inmediaciones del Parlamento de Honduras permanecen custodiadas desde este sábado. El operativo coincide con la instalación del nuevo periodo legislativo, el cual se extenderá hasta el año 2030. Esta movilización de fuerzas del orden surge como respuesta directa a la postura del partido oficialista, que ha manifestado su rechazo a los resultados de los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre, lo que anticipa un panorama de alta crispación institucional.
Preparativos para la asunción presidencial
En este contexto de vigilancia extrema, se espera que el próximo martes 27 de enero se lleve a cabo el acto oficial de investidura del presidente electo, Nasry ‘Tito’ Asfura. La ceremonia tendrá lugar en el recinto parlamentario, aunque se ha confirmado que no contará con la presencia de mandatarios internacionales ni jefes de Estado extranjeros. Esta decisión responde a una política de austeridad implementada para el evento.
Previamente, el viernes pasado, el Poder Legislativo procedió con la elección de su junta directiva en propiedad para este nuevo ciclo. El Partido Nacional asumió el liderazgo del Congreso en una sesión desarrollada bajo rigurosos protocolos de protección. Al respecto, Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, detalló que el dispositivo contó con la participación de más de 2.000 uniformados pertenecientes a las unidades de la Aviación, la Marina y el Ejército.
El cerco de seguridad, que incluye efectivos armados con fusiles, se puso en marcha desde el martes e integra diversos mecanismos de control, tales como vigilancia del perímetro, monitoreo constante del tránsito y restricciones en los accesos. Estas medidas preventivas se reforzaron tras el atentado ocurrido el 8 de enero contra Gladis Aurora López, diputada del opositor Partido Nacional, quien resultó herida por un artefacto explosivo.
Antecedentes de violencia y bloqueos políticos
Aquel incidente violento se registró poco antes de una sesión legislativa liderada por Luis Redondo, presidente saliente del Congreso. En dicha ocasión, sectores de la oposición denunciaron que se impidió el ingreso a más de 70 legisladores, lo que profundizó la crisis política en el país. Tras el estallido, la diputada López sufrió lesiones en la cabeza y la espalda, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario en Tegucigalpa.
Por otro lado, la confrontación política se ha agudizado debido a las posturas de la organización oficialista Libertad y Refundación (Libre). Desde el gobierno saliente, esta agrupación denunció un presunto fraude y señaló a Estados Unidos por una supuesta injerencia en el proceso electoral. Según los reclamos de Libre, la intervención externa habría perjudicado a su candidata, Rixi Moncada, quien quedó posicionada en el tercer lugar de la votación.
Días antes de que los hondureños acudieran a las urnas, el entonces mandatario estadounidense Donald Trump expresó públicamente su respaldo a Asfura, calificando simultáneamente de comunista a la aspirante oficialista. Analistas consideran que este pronunciamiento tuvo un peso determinante en el desenlace electoral. Finalmente, Asfura, máximo referente del Partido Nacional de Honduras, fue ratificado como ganador tras un complejo y pausado escrutinio que finalizó oficialmente el 24 de diciembre.
Con la participación de los 128 diputados electos, la legislatura 2026-2030 inicia sus funciones enfrentando el reto de gestionar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un clima donde diversos actores políticos todavía cuestionan la legitimidad de los resultados electorales.
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