El Ministerio Público ha interpuesto un pedido formal ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de que se brinden aclaraciones sobre la reciente sentencia emitida a favor de Mateo Castañeda, quien fuera abogado de la mandataria Dina Boluarte. Según la advertencia de la fiscalía, este dictamen posee un alcance que podría invalidar la totalidad de los avances logrados en el proceso judicial denominado Los Waykis en la Sombra.
Resulta pertinente recordar que, durante la presente semana, el TC hizo pública la resolución que declaró fundada la demanda presentada por Castañeda. Esta decisión judicial anula de forma directa la disposición fiscal mediante la cual se le vinculó oficialmente a la investigación, así como todos los procedimientos derivados de dicha acción, incluyendo la formalización de la investigación preparatoria en su contra.
No obstante, se ha detectado una omisión crítica en el documento del TC, ya que no se puntualiza si la nulidad afecta exclusivamente a las diligencias relacionadas con Mateo Castañeda, un procedimiento que es estándar cuando se invalida una disposición o resolución judicial específica.
“La parte resolutiva de manera general y bajo una lectura literal, ordena la nulidad de la disposición fiscal 04-2024 y las demás actuaciones fiscales sin especificar que sea únicamente sobre Mateo Grimaldo Castañeda Segovia o también de todos los demás investigados de la carpeta fiscal 07 -2024 (Los Waykis en la Sombra)”
Esta preocupación fue plasmada por la Procuraduría Pública del Ministerio Público en su escrito legal. 
La entidad destaca que, en los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Constitucional no plantea cuestionamientos directos contra las imputaciones dirigidas a otros involucrados, tales como Nicanor Boluarte, centrándose únicamente en el accionar fiscal relativo a Mateo Castañeda.
Bajo este escenario, la procuraduría institucional exige que los magistrados definan con precisión si el fiscal Carlos Ordaya se encuentra impedido de investigar solo a Castañeda o si este último ha sido desvinculado por completo de la causa penal.
“Solicito respetuosamente atender a lo peticionado a fin de dar pronto cumplimiento a los alcances de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la presente causa, a f¡n que el Despacho Fiscal emita pronunciamiento en la carpeta fiscal 07 -2024″
Estas precisiones son requeridas con urgencia por la defensa de la Fiscalía para determinar el rumbo legal del expediente. 
Cuestionamientos por presuntos conflictos de interés
Un aspecto que ha generado controversia es la participación del magistrado Francisco Morales, quien emitió votos favorables para el abogado Mateo Castañeda en dos procesos distintos. Lo llamativo del caso es que Castañeda había actuado previamente como defensor legal de Morales, según consta en la documentación revisada del caso.
A pesar de este vínculo, Francisco Morales no informó a sus colegas magistrados ni presentó una solicitud formal de abstención. Por el contrario, respaldó la anulación de la investigación contra Castañeda en el caso Waykis y apoyó la propuesta de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúe un proceso disciplinario contra el magistrado Richard Concepción Carhuancho.
Los registros oficiales indican que Francisco Morales acreditó formalmente a Castañeda como su representante ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en diciembre de 2023. En ese periodo, Morales debía rendir testimonio en una pesquisa ligada al caso de Jaime Villanueva, exasesor detenido que vinculaba a la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. 
Tras una revisión de los expedientes, se ha confirmado la inexistencia de cualquier notificación por parte de Morales Saravia sobre su relación profesional con el investigado. Tampoco figuran pedidos para apartarse del conocimiento de estas causas por parte del magistrado ni advertencias previas por parte de la Fiscalía sobre este vínculo directo.
Cabe destacar que el marco normativo del Tribunal Constitucional indica que los jueces son irrecusables, pero mantiene la directriz de que estos deben abstenerse de participar en procesos donde exista un interés directo, indirecto o por motivos de decoro. La normativa solo permite obviar la abstención si el retiro del magistrado impide alcanzar el quórum necesario, situación que no aplicaba en este caso, pues se contaba con seis magistrados adicionales habilitados para decidir.
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