La tensión entre la empresa estatal Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha alcanzado un nuevo nivel crítico. El conflicto, originado por el cobro del IVA a las importaciones de combustibles, ha encendido las alarmas tanto en el sector energético como en el ámbito fiscal del país vecino.
Recientemente, la principal petrolera de Colombia confirmó haber recibido la notificación de una resolución administrativa que ratifica una millonaria sanción por $5,3 billones. A este monto se le deben sumar los intereses moratorios correspondientes. La penalización está vinculada directamente con el impuesto a la importación de gasolina efectuado durante el periodo que abarca los años 2022 y 2024.
Dicha medida fue oficializada a través de la Resolución 000571, la cual fue notificada el pasado 22 de enero de 2026. En este documento jurídico, la autoridad tributaria ratificó los términos ya planteados en la Liquidación Oficial de Corrección que se había emitido previamente en agosto de 2025.
A pesar de que Ecopetrol manifestó que seguirá cumpliendo de manera rigurosa con sus compromisos tributarios y aduaneros, la compañía “reiteró que mantiene diferencias de interpretación normativa con la autoridad tributaria y que acudirá a las instancias judiciales correspondientes” para defender sus intereses financieros.
Análisis del conflicto tributario y sus causas
En un comunicado institucional difundido el 23 de enero de 2026, la empresa explicó que la Dian procedió de acuerdo con su propio criterio interpretativo y bajo el marco del procedimiento aduanero actual. De esta forma, se confirmó el requerimiento del pago de un IVA del 19% sobre la gasolina importada, junto con la multa ya mencionada que, sin contar intereses, suma $5,3 billones.
El punto central de la discrepancia radica en el método de liquidación del tributo. La Dian argumenta que el impuesto debe calcularse basándose en el valor declarado ante las aduanas. Por su parte, la defensa de Ecopetrol sostiene que aplicar la tarifa del 19% de forma retroactiva no es un procedimiento procedente. La estatal petrolera venía cancelando una tarifa inferior y sostiene que este cambio repentino en la interpretación de las normas impacta de forma severa su estabilidad financiera.
Aun con la gravedad de la sanción, la petrolera indicó que este proceso se ha manejado bajo un entorno de colaboración con la entidad tributaria, aunque dejó claro que serán los jueces quienes tengan la última palabra sobre el caso.
Advertencias de la USO sobre el impacto económico
Este enfrentamiento legal ganó visibilidad pública en mayo de 2025, cuando la Unión Sindical Obrera (USO) dio a conocer que las pretensiones iniciales de la Dian ascendían a $9,4 billones por el concepto de IVA en importaciones. Esta cifra inicial involucraba no solo a Ecopetrol, sino también a la Refinería de Cartagena e incluía los intereses acumulados.
Las alertas del sindicato fueron más allá, advirtiendo que la autoridad fiscal podría buscar la extensión de este cobro a las importaciones de Acpm, lo que dispararía la cifra total de la deuda hasta los $21 billones. El entonces presidente de la organización sindical, César Loza, fue enfático al señalar la situación:
“reforma tributaria individual que podría comprometer la estabilidad financiera de la empresa más grande del país y afectar sus planes de inversión”
Desde la USO se denunció que estas acciones de cobro coactivo podrían ser una estrategia del Gobierno para cubrir el déficit de recaudación fiscal detectado en el año 2024. Ante esto, solicitaron formalmente que la Dian revise lo que denominaron como un IVA “discriminatorio” contra la empresa estatal.
El futuro de la disputa legal y fiscal
Mientras se espera una resolución definitiva en las cortes, Ecopetrol ha confirmado que ya inició los pagos del IVA por la importación de gasolina y Acpm siguiendo las directrices actuales de la Dian. Según las proyecciones del grupo empresarial, solo durante el año 2025, los desembolsos por este rubro superaron los $3,6 billones.
La petrolera ha sido clara en que estos montos millonarios podrían ser objeto de devolución si la justicia falla a su favor en el futuro. Por el momento, este proceso se posiciona como uno de los litigios impositivos más determinantes de los últimos tiempos, no solo por las sumas de dinero en juego, sino por el precedente que sienta para las finanzas estatales y la operatividad del sector energético.
El desarrollo de este pulso legal será monitoreado minuciosamente por analistas, inversores y el propio Gobierno, dado el contexto de fragilidad fiscal y la importancia estratégica de los ingresos que genera la petrolera para el Estado.
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