La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dado luz verde a una extensa operación de vigilancia y escuchas telefónicas que involucra a legisladores, funcionarios y contratistas. Esta acción judicial se enmarca en la investigación por el millonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerado uno de los casos de corrupción más graves del país.
Las pesquisas se concentran fundamentalmente en el comportamiento de los integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso. Según las hipótesis del proceso, se investiga si los miembros de esta comisión facilitaron la aprobación de créditos internacionales con el objetivo de recibir a cambio la adjudicación de contratos de manera irregular.
Figuras políticas bajo la lupa judicial
Entre las personalidades objeto de seguimiento por parte del alto tribunal se encuentran:
- Los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo.
- Los representantes a la Cámara Julián Peinado y Karen Astrid Manrique.
- El excongresista Juan Diego Muñoz.
- Los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados también en el expediente.
Desde el mes de agosto de 2024, y con una vigencia proyectada de un año, la Corte Suprema dispuso la intervención de las líneas móviles de todos los integrantes de la mencionada comisión y otros actores de interés. Estas labores técnicas de monitoreo se llevan a cabo en la sala denominada Zeus Oro de la Fiscalía General.
De acuerdo con los reportes entregados al magistrado Misael Rodríguez, los investigados han implementado diversas estrategias para eludir la vigilancia de las autoridades. Una de las tácticas más recurrentes fue trasladar sus diálogos a plataformas de mensajería cifrada como WhatsApp, buscando mayor seguridad en sus comunicaciones. Los informes policiales destacan que la mayoría de los asuntos sensibles dejaron de tratarse por llamadas convencionales.
Testimonios y grabaciones reveladoras
Pese a las precauciones tomadas por los implicados, las autoridades lograron captar fragmentos de audio que demuestran el temor a las acciones judiciales. En una de las interceptaciones, un interlocutor le advierte al senador Juan Pablo Gallo sobre una posible orden de captura en su contra:
“La ministra aseguró que a mí en un mes me capturan, eso es lo que están diciendo”.
En otro registro telefónico, un pariente del legislador manifiesta su preocupación, ante lo cual Gallo responde de forma enfática: “Me están investigando por ayudarle al ministro, o por lo que se puede denominar como que me compró el ministro… Se ensañan con Alejandro, lo sacan como a un perro… esa es la dádiva que me dieron”.
Por su parte, la representante Karen Astrid Manrique, vinculada al caso por la supuesta elaboración de un documento para la gestión de contratos, cuestionó la imparcialidad de los magistrados:
“Ahí está en la Corte, pagando abogados y defendiéndome…, pero la Corte está politizada; lastimosamente, la Justicia no es justa como debería ser, tiene mucho sesgo político”.
Asimismo, el exrepresentante Juan Diego Muñoz se pronunció sobre el impacto público de la investigación, afirmando que su situación se ha vuelto sumamente mediática por intereses políticos y subrayando: “Yo no me he prestado para pendejadas”.
Ampliación del círculo de investigación
La vigilancia de las autoridades no se limitó a los funcionarios, sino que se extendió a su entorno más cercano. Se intervino la línea telefónica de la madre de María Alejandra Benavides, una testigo estratégica, debido a que Benavides empleaba dicho número para intentar evadir el rastreo. También fue objeto de escuchas Andrea Ramírez, quien fuera superior de Benavides.
Ramírez, ante la presión de los hallazgos y la exposición pública, manifestó su desesperación: “Me acabé de ir porque había periodistas abajo y María Alejandra sacó otra cosa, un montón de mentiras, que ya no puedo más… yo creo que esa niña me quiere acabar”.
Otros nombres que figuran en los registros de interceptación incluyen a Diana Carolina Martínez (secretaria de la dirección de la Ungrd) y Jaime Ramírez Cobo, vinculado a Laura Sarabia. Asimismo, se monitoreó a los contratistas Óscar Cárdenas, Édgar Niño y Yacir Ramírez bajo la premisa de una presunta compra de conciencias parlamentarias.
El incidente con el presidente Gustavo Petro
Uno de los hallazgos más inesperados ocurrió al interceptar las líneas vinculadas a Ramírez Cobo. Los investigadores determinaron que dicho número era utilizado ocasionalmente por Laura Sarabia e, incluso, por el presidente Gustavo Petro. Al identificar una llamada donde se saludaba explícitamente al “señor presidente”, la Corte ordenó suspender de forma inmediata cualquier rastreo sobre esa línea específica.
Finalmente, el alto tribunal ha dejado claro que existe un blindaje probatorio para las garantías procesales: todas las grabaciones que contengan diálogos entre los procesados y sus equipos de defensa legal no tendrán validez alguna en el juicio. Este escándalo en la Ungrd continúa sacudiendo los cimientos de la actual administración, mientras los implicados sostienen que el proceso sufre de un fuerte desgaste por la politización judicial.
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