El avance del crimen organizado en Brasil ha superado los límites de las zonas tradicionalmente conflictivas, como Río de Janeiro, para consolidarse en nuevas regiones. El foco de preocupación se encuentra hoy en Ceará, un estado situado en el nordeste brasileño, donde la inseguridad ha generado un fenómeno social crítico: los denominados desplazados del crimen. Se trata de miles de familias que, ante las amenazas de bandas delictivas, se ven forzadas a dejar atrás su patrimonio y su vida cotidiana.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Ceará, la situación es alarmante. En el periodo comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2025, se documentaron 219 casos de desplazamiento forzado, lo que representa un promedio de diez incidentes mensuales. No obstante, las autoridades advierten que estos números, obtenidos mediante el cruce de inteligencia y reportes policiales, podrían ser significativamente más altos debido a la falta de denuncias formales por temor a represalias.
Los motivos detrás de este éxodo son principalmente dos: las amenazas directas contra miembros de una familia específica por parte de una facción, o el abandono masivo de comunidades enteras debido a los violentos enfrentamientos entre grupos rivales por el control de zonas estratégicas.
El mapa de las facciones en conflicto
La geografía delictiva en Ceará está fracturada por la disputa de al menos cuatro organizaciones criminales. Entre las de mayor influencia destaca el Comando Vermelho (CV), cuya operatividad se concentra en la capital, Fortaleza, y sus áreas metropolitanas. Por otro lado, el Primeiro Comando de la Capital (PCC) domina gran parte de las zonas fronterizas y del interior del estado. A estas se suman los Guardiões do Estado, una facción local que mantiene un conflicto abierto con el CV, y el TCP Cangaço, una célula derivada del Terceiro Comando Puro (TCP) de Río de Janeiro que busca expandirse en las regiones rurales.
Históricamente, Fortaleza ha sido un punto clave para la criminalidad internacional. Desde la década de los noventa, la ciudad albergó a figuras como Rocco Morabito, importante broker de la mafia calabresa ‘ndrangheta. Asimismo, en esta capital nació Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, conocido como Marcolinha, hermano del líder máximo del PCC, quien actualmente cumple sentencia en la prisión federal de Brasilia por su rol de mediador con el Comando Vermelho.
Un hito que marcó el ascenso financiero del crimen en la región fue el cinematográfico robo al Banco Central en 2005, donde se sustrajeron 165 millones de reales a través de un túnel de 80 metros. Parte de este botín habría financiado el crecimiento del PCC. Entre los implicados figuraba José Almeida Santana, apodado Pedro Bo, quien fue abatido el año pasado por la policía en el estado de Goiás.
La violencia estructural ha permitido que las facciones decidan el destino de los habitantes de pueblos enteros. Un caso dramático es el de Uiraponga, en el distrito de Morada Nova. En esta árida zona del sertão, de los 2.000 pobladores originales, hoy solo resisten cinco familias. El resto huyó cuando el TCP Cangaço y los Guardiões do Estado convirtieron el valle del Jaguaribe en un campo de batalla para asegurar una ruta de narcotráfico hacia Rio Grande do Norte.
Vivir bajo el terror y la ausencia estatal
Los testimonios de quienes abandonaron Uiraponga describen una pesadilla: ejecuciones a plena luz del día e invasiones violentas a comercios. La falta de un puesto policial permanente, a pesar de los constantes pedidos ciudadanos, dejó a la población a merced de los criminales. Una tragedia similar ocurrió en la comunidad de Jacarezal, en la periferia de Fortaleza, donde cerca de 30 edificaciones fueron desocupadas tras aparecer mensajes amenazantes en sus fachadas. En este sector, la guerra es protagonizada por el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro.
Más allá del terror, el crimen ha encontrado en el desplazamiento una fuente de lucro. Las organizaciones no solo expulsan a los dueños, sino que posteriormente alquilan esas propiedades o gestionan la construcción y venta ilegal de edificios. Renato Coseno, representante de la Asamblea Legislativa de Ceará, señaló a la prensa:
“La venta de inmuebles, el alquiler de inmuebles y el uso de inmuebles para otros fines también son actividades rentables. Se trata de una lógica de mercado ilegal y ultracapitalista”
El dominio criminal ha llegado al punto de monopolizar servicios básicos como la conexión a internet. Las bandas imponen tasas de funcionamiento y sabotean a las empresas legales. En enero de este año, un ataque en el puerto de Pecém destruyó 140 cajas de conexión, dejando a más de 3.000 usuarios sin servicio. Muchas empresas de telecomunicaciones han quebrado ante la imposibilidad de operar debido a las agresiones constantes. Las autoridades indican que las órdenes para estos sabotajes suelen emanar de líderes del Comando Vermelho refugiados en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro.
La respuesta institucional para 2026-2027
Ante esta crisis, Herbert Gonçalves Santos, nuevo procurador general de Justicia de Ceará, ha prometido que la seguridad será la prioridad de su gestión para el bienio 2026–2027. Durante su toma de posesión, subrayó la necesidad de una alianza estratégica entre el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.
“El Ministerio Público del Estado de Ceará está a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública para que podamos realizar juntos la lucha contra el crimen organizado… venceremos esta guerra”
Para fortalecer este combate, se han reforzado los Grupos de Actuación Especial (GAECO) y se creó una unidad especializada en ciberdelitos. Estas acciones complementan la inversión de 160 millones de reales (aproximadamente 30,23 millones de dólares) aprobada por el gobernador Elmano de Freitas. Si bien los datos de 2025 muestran una disminución del 7,7% en la tasa de homicidios, con cerca de 3.000 víctimas, el desplazamiento forzado sigue siendo una herida abierta que amenaza la estabilidad de miles de ciudadanos en el estado.
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