Nuevos y reveladores detalles han surgido en torno al proceso judicial de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por la justicia de Colombia como la presunta determinadora del envenenamiento de dos menores de edad en la ciudad de Bogotá mediante el uso de frutas contaminadas con talio.
De acuerdo con informes proporcionados por fuentes de Interpol, se ha esclarecido que Guzmán no pretendía quitarse la vida en Londres, tal como sugerían las primeras versiones. Por el contrario, la mujer se arrojó a las aguas del río Támesis en una maniobra desesperada para evadir a los agentes británicos mientras coordinaba un plan de escape con destino final en Brasil.
Situación carcelaria y judicial
En la actualidad, la empresaria se encuentra bajo custodia en el centro penitenciario HMP Bronzefield, catalogado como el recinto carcelario femenino más extenso de Europa. Su traslado a territorio colombiano podría demorarse un periodo considerable, dado que su defensa ha interpuesto diversos recursos legales y revisiones amparadas en normativas de salud mental para frenar la extradición.
El incidente en el río ocurrió cuando efectivos de seguridad del Reino Unido interceptaron a Guzmán mientras portaba maletas y un paquete, con el objetivo de notificarle el requerimiento judicial vigente emitido por las autoridades de Colombia. 
Al verse acorralada, la sospechosa optó por lanzarse al cauce del Támesis, mostrando una fuerte resistencia ante los intentos de rescate de los oficiales. El comandante James Anthony relató sobre el suceso:
“Estaba decidida a no ser auxiliada”
. Tras ser rescatada y evaluada en un centro médico, recibió el alta y fue informada de que el proceso formal de extradición iniciaría en un plazo de 48 horas.
Valiéndose de ese breve margen de tiempo, la acusada regresó a su vivienda y procedió a la compra de boletos aéreos hacia Brasil. No obstante, su intento de fuga fue frustrado por una alerta de Interpol que permitió su captura definitiva antes de que lograra abordar el vuelo planeado.
Pruebas halladas en Colombia
Paralelamente, las investigaciones en Colombia han avanzado con el hallazgo de material incriminatorio. La Fiscalía realizó un registro en la oficina de un asesor personal, descrito como un ‘mentalista’, donde se decomisaron manuscritos de Guzmán. En estos documentos se detallan conflictos de índole familiar, terapias y las estrategias que la mujer utilizaba para gestionar sus problemas personales. 
El material probatorio incluye carpetas de carácter privado y correspondencia que los investigadores consideran fundamental para demostrar una posible premeditación en los hechos que se le imputan.
Desde el punto de vista científico, el instituto de Medicina Legal certificó que los menores afectados tras ingerir frambuesas el pasado 3 de abril de 2025 tenían en su sistema una concentración de 20 miligramos de talio, cantidad considerada letal. Los peritos confirmaron el hallazgo del tóxico en frambuesas recubiertas de chocolate amargo y blanco, además de muestras de café y galletas.
El reporte forense es contundente al señalar:
“En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 UG/ML”
. Estas cifras son piezas clave para sustentar la acusación de la Fiscalía.
Seguimiento y captura
Otra prueba técnica de relevancia es un sistema de rastreo GPS que la acusada habría pretendido instalar en el automóvil de Juan de Bedout, expareja de la mujer y padre de una de las víctimas. Este dispositivo es objeto de análisis forense para determinar los desplazamientos de Guzmán y su vinculación con la entrega del paquete con sustancias tóxicas. 
En una declaración previa, la empresaria admitió la colocación del mencionado GPS. Un detalle curioso que ayudó a los investigadores a ubicar su paradero fue el consumo de agua mineral de la marca Buxton, un producto distribuido específicamente en ciertas zonas del Reino Unido, observado durante una de sus apariciones en video.
Mientras permanece en HMP Bronzefield, ubicada en Ashford, Surrey, la Fiscalía General de la Nación de Colombia continúa robusteciendo el expediente por homicidio premeditado, en un caso que ha generado gran impacto social debido a la vulnerabilidad de las víctimas y la frialdad de los métodos empleados.
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