El primer mandatario de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado las recientes jornadas de agitación social en el país como una «prueba difícil» que ha generado un «profundo sufrimiento» entre la población. Según el jefe de Estado, estas movilizaciones antigubernamentales no son espontáneas, sino que representan
«una respuesta vengativa de los enemigos de la nación iraní»
tras lo que describió como su «derrota» en el conflicto bélico de junio de 2025, originado por la ofensiva de Israel y la posterior intervención de Estados Unidos.
En una alocución dirigida a toda la nación, el presidente iraní enfatizó que los sucesos recientes han sido particularmente dolorosos desde su posición de liderazgo. Pezeshkian sostuvo con firmeza que
«la conspiración de los que desean el mal a Irán convirtió una protesta legítima en una batalla sangrienta y violenta que ha dejado cerca de 3.000 muertos y heridas físicas y mentales a varios miles más»
. El mandatario sugirió que existen actores externos interesados en desestabilizar la soberanía del país persa.
Durante su discurso, el presidente hizo hincapié en que las mismas figuras responsables de muertes de científicos, generales y civiles durante la denominada guerra de doce días en junio de 2025, estarían operando nuevamente. Según su visión, estos grupos utilizaron a mercenarios para transformar el derecho natural a la protesta en una oleada de violencia que resultó en la destrucción de cientos de mezquitas, escuelas y diversos espacios públicos.
Pezeshkian detalló que el fallecimiento de aproximadamente 2.500 civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad en apenas unos días de inestabilidad representa un «evento venenoso» para el país. En este sentido, reiteró que todo el escenario responde a una
«conspiración estadounidense-sionista como venganza cobarde por su derrota en la guerra de doce días»
, vinculando directamente la política exterior con los disturbios internos.
Medidas gubernamentales e investigación de los hechos
Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha confirmado la instauración de comisiones de trabajo especializadas. Estos grupos tendrán la misión de investigar cuidadosamente las causas y factores que desencadenaron los incidentes, buscando erradicar las fuentes de la violencia desde su origen.
A pesar de la retórica contra la interferencia extranjera, el presidente admitió que
«la protesta es un derecho natural de los ciudadanos y el Gobierno se considera obligado a escuchar la voz del pueblo»
. No obstante, solicitó rigurosidad en los procesos judiciales para lograr, mediante la justicia, diferenciar a los manifestantes genuinos o personas engañadas de aquellos que cometieron crímenes violentos contra inocentes.
Finalmente, Pezeshkian aseguró que el Estado asumirá su responsabilidad frente a los perjudicados, prometiendo asistencia para compensar las pérdidas económicas y materiales. Bajo la dirección del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el mandatario confía en que la cohesión de los tres poderes del Estado permitirá forjar un futuro de estabilidad para la nación.
Discrepancias en las cifras de víctimas
A diferencia del balance oficial que reconoce cerca de 3.000 fallecidos, organizaciones internacionales presentan datos mucho más alarmantes. La ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en territorio estadounidense, ha denunciado que la represión de las protestas ha dejado un saldo de más de 5.002 muertos.
El informe detallado de esta organización resalta los siguientes datos sobre el impacto de las movilizaciones por la crisis económica:
- 4.714 manifestantes fallecidos, entre los que se incluyen 42 menores de edad.
- 207 bajas dentro de las filas de las fuerzas de seguridad del Estado.
- 39 civiles fallecidos que no participaban activamente en las marchas.
- 7.391 personas heridas registradas hasta la fecha.
- 26.852 detenciones realizadas por las autoridades.
- 9.787 casos adicionales que permanecen bajo investigación.
La organización también ha denunciado la existencia de al menos 192 «confesiones forzadas» obtenidas bajo coacción por los cuerpos de seguridad, todo esto en medio de un severo bloqueo de Internet que ya cumple casi dos semanas de vigencia en todo el territorio iraní.
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