A pesar de los cambios recientes en el panorama político, las rígidas limitaciones comerciales que siguen vigentes complican que las compañías logren siquiera diagnosticar qué posibilidades reales de negocio existen actualmente en la nación sudamericana. El mandatario Donald Trump intenta incentivar la llegada de capitales privados a Venezuela, mientras mantiene de forma simultánea un férreo control sobre el territorio y sobre qué organizaciones están facultadas para operar en él.
Estos propósitos han entrado en una fase de contradicción durante las semanas posteriores a que las fuerzas de Estados Unidos lograran la destitución de Nicolás Maduro, quien ejercía como presidente del país. Para quienes buscan invertir, el escollo principal radica en que la administración estadounidense todavía no ha procedido al levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre el Estado venezolano.
Un entramado de restricciones legales
De acuerdo con un examen detallado de las cifras proporcionadas por el Departamento del Tesoro, la nación caribeña se encuentra sujeta a más de 400 restricciones. Algunas de estas medidas prohíben taxativamente que las empresas privadas colaboren con la petrolera estatal o con figuras que formaron parte del gobierno de Venezuela.
La magnitud de estas regulaciones es tan extensa que incluso los interesados en sectores estratégicos como la producción de gas y petróleo han enfrentado serias dificultades para recopilar la información técnica básica necesaria para analizar sus proyectos. Un directivo que participó en una sesión de trabajo en la Casa Blanca este mes manifestó su inquietud ante el riesgo de que el simple hecho de requerir datos a la petrolera estatal venezolana pudiera constituir una infracción directa a las sanciones vigentes.
Hasta la fecha, cualquier corporación que pretenda establecer operaciones en suelo venezolano ha tenido la obligación de gestionar exenciones específicas, denominadas comúnmente como licencias, ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La gestión de estos permisos suele ser un proceso burocrático extenso, y las licencias otorgadas pueden tener una validez limitada de apenas unos meses o pocos años. Dichas autorizaciones requieren renovaciones constantes y el gobierno posee la facultad de revocarlas en cualquier instante. Dawson Law, antiguo colaborador del Departamento del Tesoro y fundador de Conseil Global Advisors —firma especializada en cumplimiento normativo y riesgos geopolíticos—, señaló que
“esa incertidumbre es especialmente preocupante para las inversiones petroleras que podrían tardar décadas en dar sus frutos”
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Apertura comercial frente a producción energética
Desde que se produjo la captura de Maduro hace casi veintiún días, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que la gestión gubernamental buscaría flexibilizar las trabas impuestas a las ventas de crudo del país. Para agilizar este proceso, las autoridades estadounidenses ya han contactado a dos importantes firmas comercializadoras de materias primas.
No obstante, existe una brecha significativa entre el comercio de petróleo y su producción física. Todas las medidas restrictivas de gran alcance que Estados Unidos comenzó a implementar hace más de una década continúan en vigor sin modificaciones sustanciales.
Esta trayectoria sancionatoria inició en 2015, cuando el presidente Barack Obama enfocó las medidas en individuos de alto rango vinculados a denuncias por violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, durante la primera gestión de Trump, el Departamento del Tesoro intensificó la táctica mediante la imposición de bloqueos integrales a los sectores financiero y energético.
El objetivo de estas sanciones era socavar la estructura económica nacional para presionar al régimen de Maduro a detener sus prácticas antidemocráticas y abusos contra los derechos humanos. Esta estrategia terminó por colapsar la economía de Venezuela y desencadenó una grave crisis de carácter humanitario.
Riesgos de la designación por terrorismo
En un movimiento de mayor presión ocurrido el año pasado, la administración de Trump otorgó al Cártel de los Soles la categoría de «terrorista global especialmente designado». En dicha declaración, el Tesoro sostuvo que esta red de narcotráfico estaba bajo el mando de Maduro y otros funcionarios de alto nivel, sirviendo además como apoyo para organizaciones criminales como el Tren de Aragua de Venezuela y el Cártel de Sinaloa en México.
Dicha clasificación terrorista eleva considerablemente la peligrosidad jurídica para las empresas en comparación con las sanciones convencionales. Esta etiqueta, aplicada históricamente a entidades como Hizbulá, Hamás e ISIS, faculta a los órganos de justicia para considerar incluso los vínculos indirectos como un respaldo criminal al terrorismo. Esto traslada las consecuencias desde multas económicas hacia posibles penas de cárcel.
Un informe técnico de marzo de 2025 emitido por el despacho legal Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom advierte que
“realizar o facilitar a sabiendas una transacción en nombre de un cártel designado (incluso mediante ceguera deliberada o indiferencia deliberada) puede dar lugar a responsabilidad penal”
, trascendiendo las simples penalizaciones financieras.
Existen antecedentes de este rigor legal: la cementera de origen francés Lafarge, junto a una de sus ramas, fue sentenciada a pagar 778 millones de dólares en 2022 tras admitir pagos a células terroristas en Siria durante 2013 y 2014 para mantener activa una planta. Asimismo, Kodiak Gas Services, empresa radicada en Texas, reportó en noviembre que una auditoría interna halló que su división en México probablemente efectuó pagos a sujetos vinculados con un grupo terrorista extranjero.
En su reporte ante la bolsa, Kodiak comunicó haber notificado la posible falta a las autoridades de EE. UU., alertando a sus accionistas que el incidente podría derivar en acciones civiles o penales, multas y la reestructuración forzada de sus políticas de cumplimiento. La empresa no emitió declaraciones adicionales ante las consultas realizadas.
Perspectivas de cautela empresarial
Una representante del Tesoro afirmó que la institución mantiene su compromiso total en respaldar las acciones del presidente Trump en favor de los ciudadanos de ambos países. No obstante, expertos como Emily Kilcrease, del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, explican que
“normalmente, cuando se tiene una jurisdicción fuertemente sancionada, se observa un cumplimiento excesivo por parte de las grandes empresas multinacionales porque no quieren acercarse a la línea”
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Esto se traduce en que muchas corporaciones prefieran mantenerse totalmente al margen de mercados de alto riesgo como el venezolano. La experiencia histórica en otros conflictos sugiere que la caída de un régimen hostil no garantiza una lluvia de capitales inmediata. Tras el fin del mando de Bashar al Asad en Siria el año pasado, Estados Unidos mitigó las restricciones, pero los inversores no reaccionaron con rapidez.
Daniel Tannebaum, exintegrante del Tesoro y actual líder de lucha contra el crimen financiero en Oliver Wyman, comentó que incluso en esos casos la gente evitó apresurarse. Ante la urgencia del actual gobierno estadounidense, Tannebaum concluyó que
“no hay antecedentes de éxito en lo que intentan hacer aquí”
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