El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha señalado que cualquier disposición que otorgue garantías y facilite un desarrollo correcto de los procesos administrativos contará con el respaldo de las autoridades catalanas. Sus apreciaciones se dan en un momento en que el tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha topado con un nuevo impedimento, tras la determinación del Parlamento Europeo de suspender su avance hasta obtener un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según manifestó Ordeig, la prioridad absoluta radica en demandar resguardos para los productores de la región frente a cualquier circunstancia venidera.
Durante su intervención ante los medios este miércoles, el conseller aseguró que, sin importar el plazo en que se ratifique el convenio entre el bloque europeo y el sudamericano, la Generalitat mantendrá su firme compromiso de proteger los intereses de los agricultores. El titular de la cartera enfatizó:
«Pase lo que pase, lo que pediremos es que se defienda a nuestro tejido productivo».
Esta postura surge como reacción a la reciente paralización de la ratificación por parte de los integrantes de la Eurocámara, quienes han solicitado un análisis previo del TJUE para certificar la validez jurídica del documento acordado.
El Gobierno catalán lamentó la postura del Parlamento Europeo, puesto que la interposición de esta consulta judicial conlleva una demora en la posible validación del acuerdo de libre comercio. A pesar de este nuevo hito en el cronograma, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su optimismo en que el tribunal con sede en Luxemburgo terminará ratificando la legalidad del pacto establecido entre las dos regiones.
Preocupaciones por el impacto en el sector primario
El tratado UE-Mercosur ha provocado debates de gran intensidad entre los estados miembros, motivados por las inquietudes respecto a las repercusiones que tendría sobre la agricultura y ganadería de cada país. Para la administración de Cataluña, la prioridad de Ordeig sigue siendo la salvaguarda de los productores frente a variaciones regulatorias o de mercado que puedan emanar del convenio. El funcionario indicó que toda iniciativa que busque aumentar la transparencia y la corrección del proceso es positiva, centrando el objetivo en asegurar condiciones de equidad para los actores locales.
La intervención de la justicia que ha solicitado la Eurocámara implica que el texto del tratado no podrá registrar progresos hasta que cuente con el visto bueno del TJUE. La Generalitat interpreta este movimiento como una dilación de carácter técnico y no como un rechazo profundo a la esencia del tratado, por lo que se mantiene atenta a la resolución judicial definitiva. Para el Gobierno catalán, es fundamental que cualquier pacto de esta magnitud respete los estándares legales y ofrezca herramientas de protección para los sectores económicos más sensibles.
Entre los puntos que generan mayor incertidumbre en las autoridades de la región destacan los siguientes aspectos:
- La posible competencia desigual ante la llegada de productos del bloque sudamericano.
- Las brechas en las normativas de carácter medioambiental y de sanidad.
- El impacto potencial sobre los precios de mercado y la estabilidad del empleo.
Ordeig subrayó que el Govern expondrá ante las instituciones de la Unión Europea todas las reclamaciones y condiciones que se consideren indispensables para blindar el crecimiento del sector primario bajo las nuevas reglas de juego.
La aprobación del acuerdo con el Mercosur es un proceso que acumula años de negociaciones y ha estado condicionado por diversos factores económicos, políticos y legales. El actual freno en la Eurocámara representa el capítulo más reciente de un diálogo marcado por la fiscalización de distintos sectores sociales que exigen transparencia y respeto a los intereses regionales. La Generalitat recalca la relevancia de que todos los involucrados procedan con responsabilidad para eludir efectos perjudiciales en la estructura productiva.
Finalmente, las autoridades catalanas reiteraron que seguirán de cerca cada movimiento vinculado al futuro del tratado, sosteniendo el contacto con las delegaciones europeas y promoviendo un entorno que asegure la competitividad de sus agricultores. Ordeig aclaró que el rol de su administración será proactivo durante todo el proceso, insistiendo en que cualquier firma final deberá garantizar una defensa real de los productores.
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