A lo largo de las semanas recientes, la reverenda Rachael Keefe ha sido testigo presencial de una presencia constante y perturbadora. En su comunidad, situada en un suburbio al sureste de las Ciudades Gemelas y con una marcada población mexicoestadounidense, miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), equipados con uniformes de combate y armamento, han patrullado las calles en camionetas, llamando a las puertas de los residentes locales.
La atmósfera de inquietud persiste incluso cuando los oficiales no están a la vista. Al caminar por las rutas nevadas de Minnesota junto a su mascota, Keefe, quien ejerce como pastora en una congregación de Mineápolis, describe un estado de tensión permanente:
«Siempre estoy pendiente de ellos. Es como estar hipervigilante, en alerta máxima, todo el tiempo»
.
Esta situación es el resultado de lo que el Departamento de Seguridad Nacional denomina Operación Metro Surge. Aunque el despliegue federal no es omnipresente en términos físicos en cada segundo, la incertidumbre sobre su aparición repentina mantiene en vilo a la población. El efecto de las acciones del ICE se siente en todo el entorno, independientemente de la presencia inmediata de sus agentes.
Un clima de zozobra en la vida cotidiana
El miedo es una constante que alcanza incluso a quienes poseen un estatus migratorio legal. El impacto es visible en las escuelas públicas, muchas de las cuales se encuentran vacías mientras el cuerpo docente se organiza para retornar a la modalidad de educación a distancia. En las inmediaciones de los centros de cuidado infantil, se observa a voluntarios portando silbatos de color naranja, alertas para advertir sobre la llegada de los oficiales federales.
En las zonas con alta densidad de población migrante, la economía local sufre las consecuencias. Las ventas en establecimientos de comida y restaurantes han experimentado una caída drástica. Algunos negocios pequeños han optado por mantener sus puertas cerradas bajo llave, permitiendo el ingreso controlado de un solo cliente a la vez. Mientras tanto, en las iglesias, grupos de voluntarios preparan suministros de alimentos para personas que no se atreven a salir a las calles por temor a ser interceptadas. En los edificios residenciales, es común ver las persianas cerradas permanentemente para evitar cualquier contacto visual con los agentes del ICE.
En las entradas de numerosas viviendas se han colocado carteles que indican claramente que el ICE no es bienvenido. Sandra Maurer, terapeuta en Saint Paul, relata cómo la vigilancia desde su ventana se ha vuelto una obsesión que interrumpe su labor profesional.
«No puedo pasar unos minutos sin ver pasar un coche y pensar: ‘¿Es el ICE?'»
, confiesa.
Justificaciones oficiales y realidad comunitaria
Desde la perspectiva gubernamental, Gregory Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, defendió las intervenciones argumentando que son fundamentales para combatir la criminalidad. Esta misma semana declaró:
«Nuestras operaciones son legales. Son selectivas y están enfocadas en personas que representan una amenaza grave para esta comunidad»
.
Sin embargo, los testimonios en Mineápolis dibujan un panorama distinto, marcado por la arbitrariedad. Se reporta que el operativo ha afectado no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos de Estados Unidos, transeúntes y personas señaladas simplemente por su acento o rasgos físicos.
Bajo las gélidas temperaturas del martes pasado, Bruno Suarez Bango, un diseñador gráfico, colaboraba con un banco de alimentos en el sur de la ciudad.
«Todo esto me toca muy de cerca»
, expresó. Suarez Bango tiene una historia particular: nació en territorio estadounidense en 1993, pero creció en Ecuador tras mudarse allí con solo tres meses de edad. Retornó a Chicago a los 18 años y finalmente se estableció en Minnesota.
Para él, ver videos de agentes interrogando a ciudadanos con acento extranjero evoca los relatos de su abuelo judío, quien escapó de Túnez hacia Francia en la Segunda Guerra Mundial, solo para ser perseguido por la Gestapo. Como medida de precaución, Suarez Bango porta su pasaporte en todo momento.
«He visto muchas cosas y no he tenido miedo. Pero ahora tengo miedo, y eso es aterrador»
, sentenció.
Logística del miedo y resistencia civil
La senadora estatal demócrata, Erin Maye Quade, residente de Apple Valley, observa indicios constantes de las redadas, como vehículos abandonados con el motor encendido en las autopistas, cuyos conductores fueron detenidos repentinamente. Empresas de grúas locales han comenzado a ofrecer descuentos a las familias para recuperar estos autos. Maye Quade recibe alertas incesantes en su móvil sobre avistamientos de agentes.
«Hemos ajustado gran parte de nuestra vida cotidiana para adaptarnos a esa sensación de que algo puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora»
, explicó.
Por otro lado, ciudadanos como Omer Goodovich, de 42 años, actúan como centinelas en la Stonebridge World School. Aunque no ha visto agentes personalmente, su ansiedad es evidente:
«Estoy con la cabeza mirando en toda dirección. Estoy muy ansioso, por si llega a pasar algo»
.
En el sector comercial, una empleada de una tienda de telas en el sur de Mineápolis —que guardó su anonimato por seguridad— recordó hechos críticos, como el fallecimiento de Renee Good, de 37 años, quien murió tras disparos de un oficial del ICE mientras estaba en su auto, o la deportación de un allegado del que no se tiene rastro. A pesar de tener documentos legales, teme ser confrontada en su trayecto diario.
Debate político y judicial
Existen sectores que apoyan las acciones del ICE. Kendall Qualls, aspirante republicano a la gobernación, vincula la situación a las ciudades santuario y su falta de cooperación.
«Como se burlan de las fuerzas del orden, se burlan de los funcionarios federales, eso es lo que está provocando esta escalada. En mi gobierno nunca se habría llegado a ese punto»
, afirmó.
No obstante, se han denunciado tácticas violentas. Sandra Maurer describió encuentros repentinos con oficiales armados:
«De repente hay un enorme rifle de asalto en la zona de los carritos. Son bastante impredecibles y muy violentos»
.
La jueza Kate Menéndez, del Tribunal de Distrito de Minnesota, emitió un fallo de 83 páginas cuestionando el proceder federal, detallando casos donde manifestantes y observadores fueron agredidos físicamente o atacados con químicos irritantes. En un incidente citado, tras derribar a una mujer embarazada, un agente gritó
«Vamos por él»
para reducir a otro manifestante. Pese a estas restricciones iniciales, un tribunal superior las suspendió este miércoles.
Alianzas y transformación del espacio público
A diferencia de las protestas de 2020 por la muerte de George Floyd, hoy existe una unión entre el gobierno local y los ciudadanos frente a las tácticas federales. Axel Henry, jefe de policía de Saint Paul, cuestionó públicamente:
«¿Podemos encontrar la manera de asegurarnos de que podemos hacer estas cosas sin aterrorizar a los miembros de nuestra comunidad y asustar a todo el mundo?»
.
El impacto económico es severo en la avenida Nicollet, conocida como Eat Street. Un establecimiento halal cerró recientemente y otros negocios gastronómicos reportan nula afluencia de clientes. En La Casa Market, el horario se ha reducido debido a la falta de compradores matutinos. Curiosamente, ahora más residentes anglosajones acuden para comprar víveres para sus vecinos migrantes y se reúnen al cierre para custodiar a los trabajadores.
En un restaurante especializado en gastronomía ecuatoriana, las ventas han caído drásticamente, obligando a los dueños a usar el local para almacenar productos básicos como pañales para familias temerosas. Lisette Cando, de 31 años y vinculada a la familia propietaria, admite que ahora evita hablar español en público por un miedo inconsciente. Debe explicarle a su hijo de 7 años por qué sus compañeros pierden a sus padres por deportaciones, intentando mantener la calma:
«Yo le dije que estamos a salvo»
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