El representante de la República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador Carlos Cherniak, presentó un firme reclamo este miércoles exigiendo la libertad de los presos políticos que permanecen en Venezuela. Durante su intervención, el diplomático alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos específicos del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, quienes han sido privados de su libertad por la administración chavista.
Esta acción diplomática, impulsada por la misión argentina junto a otros países tras la visita de María Corina Machado a la sede de la OEA, buscó visibilizar la crisis humanitaria que sufren los detenidos y sus allegados. Cherniak fue enfático al declarar que:
“Es necesario poner fin a esta situación de una buena vez, el régimen de Maduro impuso un sistema de terrorismo de Estado, llevando adelante desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, lo que también ha sido corroborado a través de los testimonios de los primeros detenidos liberados por el régimen”
.
A pesar de que el embajador reconoció las recientes liberaciones como un avance, subrayó que la lucha continúa. En sintonía con las directrices del presidente argentino, Cherniak manifestó:
“Seguimos con atención las recientes excarcelaciones y entendemos que es un primer paso en la dirección correcta”
. No obstante, insistió en que el gobierno sigue demandando la libertad inmediata de Nahuel Gallo, de todos los ciudadanos argentinos bajo arresto político y de cualquier persona detenida de forma arbitraria e ilegal.
Críticas a la desinformación del régimen
El diplomático también señaló las tácticas psicológicas empleadas por el aparato estatal venezolano, afirmando que
“La liberación por goteo de los detenidos ilegalmente, la información poco transparente o la desinformación por parte del régimen venezolano provoca, además, mayor sufrimiento de los familiares que están esperando con ansiedad abrazar a sus seres queridos”
. Esta postura reafirma el alineamiento estratégico de Argentina con Estados Unidos y la defensa de los derechos humanos en foros internacionales.
En su discurso, Cherniak instó a la CIDH a realizar una inspección presencial en territorio venezolano. Según el embajador, el organismo debe “verificar el estado de los presos políticos en ese país y exigir una lista oficial de los mismos”. Además, aseguró que la nación argentina mantendrá su compromiso para que los venezolanos recuperen la democracia, advirtiendo que la región no tolerará más regímenes dictatoriales.
Desapariciones y casos sin esclarecer
Más allá de las situaciones de Gallo, Giuliani y la reciente liberación del argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años de edad, persiste la preocupación por Roberto Baldo. El caso de Baldo figura en un informe de la ONG Foro Penal, organización que brinda apoyo legal a las víctimas de la dictadura. Se conoce que Baldo fue arrestado junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, el pasado 29 de noviembre de 2024.
Ambos eran dueños de una pizzería en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Su detención fue ejecutada por supuestos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM). Este tipo de operativos ha generado un clima de incertidumbre total sobre el paradero de diversos ciudadanos extranjeros y locales.
Reacciones en el Foro Económico Mundial
La situación de los prisioneros políticos también fue abordada en Davos, Suiza. Allí, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmando que se ha logrado la liberación de “muchos” detenidos. Según Trump:
“Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela”
, destacando la colaboración tras la captura de Nicolás Maduro.
Simultáneamente, en las calles de la capital venezolana, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos protestó frente a la Fiscalía. Liderados por el activista Diego Casanova, denunciaron que existen al menos 200 personas cuyo destino se ignora, lo que podría tipificarse como desaparición forzada. Los familiares exigen información oficial sobre los centros de reclusión, ya que denuncian una falta de transparencia total tras los operativos de seguridad.
Fuente: Infobae