Habiendo transcurrido más de veinticuatro horas desde que estallara la controversia pública denominada como el “Chifagate”, el mandatario interino José Jerí ha optado por el mutismo absoluto y se ha retirado de la escena pública. En las inmediaciones del Palacio de Gobierno, el panorama se mantiene inalterable: la escolta presidencial permanece en los alrededores, lo que confirma que el jefe de Estado sigue resguardado en la sede del Ejecutivo, aunque sin emitir declaraciones ni realizar actividades oficiales visibles.
Esta situación de aislamiento voluntario se origina luego de que se hicieran públicas una serie de reuniones privadas que Jerí mantuvo con inversionistas de origen chino en al menos dos oportunidades. Según los reportes, uno de estos encuentros tuvo lugar en un establecimiento del Centro de Lima, mientras que el otro se desarrolló dentro de las instalaciones de Palacio. La gravedad del caso radica en que uno de los participantes en dichas citas se encontraba bajo arresto domiciliario. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento directo del mandatario para esclarecer los hechos o responder a los cuestionamientos que provienen de diversos sectores políticos.
Parálisis institucional y silencio en plataformas digitales
El hermetismo gubernamental no se limita únicamente al silencio del presidente. Las plataformas institucionales del Estado reflejan una actividad casi inexistente. Actualmente, la agenda presidencial se encuentra vacía, el registro de visitas no reporta audiencias con el mandatario y los canales de comunicación habituales apenas han difundido información de relevancia. En el ámbito de las redes sociales, donde Jerí solía ser muy activo, no se han registrado publicaciones desde el pasado 18 de enero. Asimismo, se ha suspendido la difusión de contenidos en TikTok y se han cortado las respuestas a la prensa, una práctica que fue distintiva durante sus primeros meses en el cargo.

En este complejo escenario, la única señal de operatividad institucional ha sido la remisión de oficios al Congreso de la República y al Ministerio Público, en los cuales el Ejecutivo manifiesta su disposición para colaborar con las investigaciones en curso. No obstante, más allá de estos documentos, no se han programado actividades oficiales ni se ha informado sobre cuándo el mandatario retomará sus apariciones ante la ciudadanía.
Defensa desde el Gabinete y presión legislativa en aumento
Ante el vacío informativo generado por el presidente, la defensa de su gestión ha recaído en algunos integrantes de su equipo ministerial. El Ministro de Defensa fue el primer funcionario en respaldar públicamente el comportamiento de Jerí, descartando cualquier tipo de irregularidad administrativa. Posteriormente, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, declaró que el jefe de Estado
“habría sido víctima de una maniobra política”
y argumentó que su
“falta de experiencia”
influyó negativamente en la gestión de este incidente. Sin embargo, el propio jefe del Gabinete evitó profundizar en sus respuestas ante los medios de comunicación.
La tensión política continúa escalando a medida que más organizaciones retiran su confianza al Ejecutivo. A esto se suma la creciente expectativa por una posible censura promovida por diversas facciones del Parlamento, lo cual, de concretarse, podría derivar en la salida definitiva de José Jerí del gobierno.
Partidos políticos que retiran su respaldo a José Jerí
El escándalo que salpica al presidente interino ha generado un quiebre evidente en el apoyo político que sostenía su administración hasta hace pocos días. Varias bancadas y líderes de opinión han decidido marcar distancia y, en algunos casos, han exigido abiertamente su remoción del cargo.
La organización Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, fue una de las primeras en emitir un juicio. A través de un comunicado, señalaron que la magnitud de las revelaciones y el daño causado a la institucionalidad democrática hacen que la permanencia de Jerí en la presidencia sea “insostenible”. En el mismo texto, el partido responsabilizó políticamente a Somos Perú, agrupación a la que pertenece el presidente, por la crisis actual.

Las críticas también han surgido desde el interior del oficialismo. El gobernador regional del Cusco, Warner Salcedo, quien integra Somos Perú, cuestionó duramente las reuniones reservadas del mandatario y confirmó que la agrupación ha iniciado un proceso disciplinario interno. La dirigencia del partido no descarta sanciones mayores, incluyendo una posible expulsión, si se comprueban las responsabilidades éticas o legales.
Por su parte, en Perú Libre, otra de las fuerzas con presencia en la Mesa Directiva, aún no se define una postura corporativa. No obstante, el congresista Segundo Montalvo se desvinculó de cualquier intento de protección al mandatario, afirmando que ningún parlamentario debe encubrir conductas irregulares. Montalvo anunció que iniciará coordinaciones con legisladores de diferentes tiendas políticas para recolectar las firmas necesarias que permitan presentar una moción de vacancia contra el jefe de Estado.

Finalmente, Fuerza Popular mantiene una actitud cautelosa. Aunque el parlamentario Fernando Rospigliosi sugirió que Jerí debería ser procesado una vez que finalice su periodo en el poder, la bancada fujimorista todavía no ha emitido una resolución oficial ni ha confirmado si apoyará las iniciativas para destituirlo de forma inmediata.
Fuente: Infobae