Durante la jornada de este martes, las autoridades de Israel ejecutaron la demolición de la sede principal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este. Esta acción se ampara en una legislación ratificada en octubre de 2024 por el Parlamento israelí, la cual prohíbe las operaciones de dicho organismo en el territorio. La medida ha provocado una dura reacción de Philippe Lazzarini, comisionado general de la entidad, quien describió el suceso como un «ataque sin precedentes» y un acto de hostilidad hacia las normativas globales.
Denuncia de la UNRWA ante la comunidad internacional
En un pronunciamiento difundido a través de plataformas digitales, Lazzarini calificó lo ocurrido como
«Un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al Derecho Internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel»
. El funcionario denunció que las fuerzas de seguridad irrumpieron en el complejo de la ONU a primeras horas del día para dar inicio a la destrucción de la infraestructura.
El comisionado especificó que diversas excavadoras ingresaron a las instalaciones y comenzaron a derribar los inmuebles. El acto contó con la supervisión presencial de parlamentarios y de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y figura del sector ultraderechista. Para Lazzarini, este evento representa una agresión directa contra las facultades de la agencia y sus dependencias físicas.
Obligaciones legales y asfixia operativa
El máximo representante de la UNRWA recordó que Israel, en su calidad de Estado miembro de las Naciones Unidas, posee la obligación de respetar la inviolabilidad de las sedes internacionales. Aseguró que esta demolición es parte de una estrategia para «borrar la identidad de los refugiados palestinos». Entre las medidas previas de presión citadas se encuentran:
- La incursión del 12 de enero en un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén Este, que culminó en su clausura.
- El anuncio del corte de servicios básicos de agua y electricidad para las próximas semanas en centros educativos y sanitarios de la organización.
Estas acciones son consecuencia de la normativa de diciembre que endureció las leyes aprobadas previamente en 2024. Lazzarini enfatizó que estas maniobras contradicen la resolución de octubre de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual establece que el Estado israelí debe facilitar, y no bloquear, las labores de asistencia de la UNRWA. Además, recalcó que la CIJ ha determinado que Israel no tiene jurisdicción legal sobre el territorio de Jerusalén Este.
La postura defensiva del Gobierno israelí
Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí, a través de su portavoz Oren Marmorstein, justificó la intervención señalando que el complejo situado en el barrio de Sheij Yarrá es propiedad de la Autoridad de Tierras de Israel. El funcionario argumentó que la UNRWA ya no mantenía personal ni operaciones activas en ese sitio incluso antes de la legislación de enero de 2025.
Marmorstein defendió que la confiscación se realizó bajo el marco legal vigente y reiteró las acusaciones contra la agencia, afirmando que
«empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre (de 2023) y en el secuestro de israelíes»
. Según el portavoz, la infraestructura de la agencia ha sido utilizada por grupos como Hamás y la Yihad Islámica para fines terroristas, tildando a la entidad como un «invernadero para el terrorismo».
Contexto de las acusaciones y precedentes
Mientras que el ministro Ben Gvir celebró la jornada como un «día histórico» y de soberanía para Jerusalén, la UNRWA ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de vínculos terroristas. Cabe recordar que una auditoría independiente liderada por Catherine Colonna, exministra de Exteriores de Francia, determinó en abril de 2024 que no existían pruebas concluyentes que vincularan a los trabajadores de la agencia con grupos armados, pese a señalar áreas de mejora en neutralidad.
Finalmente, este incidente se suma a una serie de presiones constantes, como la redada ejecutada el 8 de diciembre en las mismas oficinas, reflejando una tensa relación que pone en riesgo, según advirtió Lazzarini, la operatividad de cualquier misión diplomática u organización internacional en la región.
Fuente: Infobae