Con un contundente respaldo de 149 votos a favor, el pleno del Congreso de Guatemala ratificó el decreto 1-2026, el cual oficializa el estado de sitio por un periodo de 30 días. Esta determinación legislativa surge como respuesta a la medida dictada previamente por el mandatario Bernardo Arévalo ante la escalada de ataques violentos vinculados al grupo criminal “Barrio 18”.
Durante la sesión ordinaria adicional llevada a cabo este lunes, los parlamentarios modificaron la agenda para priorizar la ratificación del estado de sitio. En el proceso se incluyeron enmiendas específicas destinadas a otorgar una mayor transparencia y precisión en la ejecución de las estrategias de seguridad diseñadas por el Organismo Ejecutivo. El objetivo central es neutralizar las agresiones que han golpeado tanto a las fuerzas de seguridad como a diversos funcionarios civiles, presuntamente bajo la coordinación de integrantes de “Barrio 18”.
La legisladora del bloque oficialista, Brenda Mejía, defendió la necesidad de esta medida durante el debate sobre la crisis de seguridad. Mejía subrayó que validar el régimen de excepción es fundamental tras los recientes hechos de sangre, puntualizando que
“la misma población nos está demandando”
este tipo de intervenciones directas.
De acuerdo con el análisis de la diputada, la coyuntura actual es el resultado de una “falla estructural del Estado”, evidenciada por una serie de delitos que no son fortuitos, sino que responden a una herencia histórica de caos. Asimismo, denunció que las cárceles del país han sido utilizadas como centros de mando para estructurar estos crímenes y recalcó que los atentados han sido meticulosamente planificados.
Por su parte, el diputado Orlando Blanco instó a las autoridades y a la sociedad a reflexionar sobre la gravedad de los hechos, asegurando que
“no había pasado en la historia reciente del país”
una situación de tal magnitud. Blanco manifestó su preocupación por la demora en la respuesta estatal y lamentó el saldo de víctimas fatales, señalando que es inaceptable vivir bajo el miedo que se infunde desde las cárceles.
Alcance y restricciones de la medida de excepción
La vigencia del Estado de Sitio implica la restricción inmediata de diversos derechos constitucionales. No obstante, la administración gubernamental aclaró que tales limitaciones se aplicarán de forma selectiva y solo cuando sean indispensables para combatir a las estructuras pandilleras, buscando siempre proteger las garantías de la ciudadanía y restablecer el orden público nacional.
Dentro de las disposiciones que podrían entrar en vigor se encuentran:
- La prohibición o limitación de reuniones al aire libre, eventos masivos y manifestaciones, incluso aquellas de carácter privado.
- La facultad de las fuerzas del orden para disolver concentraciones no autorizadas o aquellas donde se identifique la presencia de armas o elementos violentos, tras realizar las advertencias correspondientes.
- Se ha especificado que las actividades de índole cultural y religiosa podrán continuar desarrollándose de manera habitual.
- Restricciones a la circulación y estacionamiento de vehículos en zonas o franjas horarias determinadas por la autoridad.
- Ejecución de inspecciones vehiculares rigurosas e impedimentos para el desplazamiento de automotores fuera de ciertas localidades.
El decreto también establece que se podrá solicitar la colaboración de ciudadanos particulares para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. De igual manera, se otorga potestad a los cuerpos de seguridad para realizar la detención o confinamiento sin orden judicial de personas sospechosas de alterar la paz pública o de promover actos relacionados con las causas de este Estado de Sitio.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, se autoriza el uso de herramientas preventivas, defensivas u ofensivas que se consideren proporcionales para repeler acciones individuales o grupales que contravengan las normativas de seguridad.
Finalmente, una de las medidas más estrictas ratificadas en el articulado, y que será efectiva tras su publicación en el Diario Oficial, consiste en la suspensión total de las visitas en todos los centros penitenciarios de Guatemala durante los próximos 30 días.
Fuente: Infobae