En medio de una atmósfera de alta tensión entre parientes de detenidos por causas políticas y agentes de la Policía Nacional Bolivariana, los allegados sostienen su permanencia en las calles a la espera de nuevas excarcelaciones. Al mismo tiempo, elevan denuncias sobre la lentitud en el proceso de liberación de quienes fueron arrestados de forma ilegal. De acuerdo con los registros de la ONG Foro Penal, todavía permanecen 139 personas bajo cautiverio, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) eleva la cifra a 155 ciudadanos.
Sumado a las jornadas de protesta pacífica, Orlando Moreno, quien se desempeña como coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del movimiento Vente Venezuela, comunicó que los presos políticos confinados en El Rodeo I han dado inicio a una huelga de hambre. Esta medida de presión busca visibilizar las precarias condiciones de su encierro y constituye una exigencia directa por su libertad inmediata.
Por otro lado, Delcy Rodríguez, en su calidad de presidenta interina de la administración venezolana, emitió críticas hacia la operación ejecutada por Estados Unidos que concluyó con la aprehensión del exgobernante Nicolás Maduro. Según Rodríguez, dicha acción repercutió en 463 departamentos y sostuvo que la postura institucional frente a estos hechos debe ser de “la calma” y “la prudencia”.
Simultáneamente, desde Washington se emitió una advertencia dirigida al vocero oficialista Diosdado Cabello, instándolo a no emplear los organismos de seguridad del Estado para hostigar a las fuerzas de oposición. Reportes de la agencia Reuters indican que existe preocupación internacional ante la posibilidad de que Cabello intente bloquear la transición política en Venezuela tras el derrocamiento de Maduro.
Situación en los centros de reclusión
La organización Foro Penal suministró detalles sobre la identidad de cuatro ciudadanos de origen extranjero que recuperaron su libertad tras haber sido detenidos arbitrariamente por el régimen entre los años 2024 y 2025. Los liberados son: Sergiy Rudavskyy (ucraniano), arrestado el 7 de enero de 2025; Jan Darmovzal (checo), aprehendido el 5 de septiembre de 2024; y Alireza Akbari (nacionalidad iraní e irlandesa), capturado el 22 de junio de 2025.
Respecto al cuarto caso, la mencionada ONG utilizó sus canales oficiales para profundizar en los pormenores de la liberación de un ciudadano rumano:
“Confirmamos que fue excarcelado, el ciudadano rumano Cristian Cenuse, arbitrariamente detenido el 27/09/2025, cuando se trasladaba en autobuses de San Cristóbal, estado Táchira a Caracas, ya que se encontraba realizando un viaje turístico para conocer Suramérica. Luego de 10 meses desaparecido, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba preso en Venezuela”.
La institución defensora de los derechos humanos recalcó que en los cuatro expedientes se trató de privaciones de libertad carentes de sustento legal.
Denuncias de intimidación y bloqueos policiales
Diego Casanova, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, hizo pública una denuncia sobre las tácticas de amedrentamiento empleadas por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) contra quienes realizan la vigilia pacífica en las inmediaciones de El Helicoide. Los funcionarios policiales intentan desalojar a las familias bajo el pretexto de que el Decreto de Estado de Conmoción vigente prohíbe las concentraciones nocturnas.
Incidentes similares se han reportado en la Zona 7 de la PNB, ubicada en el sector de Boleíta. En este lugar, los ciudadanos concentrados manifestaron ser víctimas de hostigamiento constante por parte de los uniformados. Pese a la presión, los protestantes aseguran que su derecho constitucional a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión es inviolable, exigiendo que se cumpla con el cronograma de liberaciones prometido.
Adicionalmente, el Comando Nacional de Campaña liderado por María Corina Machado acusó a las fuerzas policiales de impedir físicamente el acceso y la reunión de los familiares en los alrededores de la sede de Boleíta. El reporte detalla el despliegue de un cerco de seguridad contra personas que se manifestaban únicamente con oraciones y encendido de velas.
Finalmente, la dirigencia opositora calificó estos actos como un asedio desproporcionado, rechazando las restricciones impuestas a las protestas civiles no violentas y demandando el respeto irrestricto a los derechos de reunión consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Fuente: Infobae