A partir de este sábado 17 de enero, la comunidad internacional inicia una nueva etapa en la conservación oceánica con la entrada en vigencia del Tratado de Alta Mar (conocido técnicamente como BBNJ). Este instrumento legal, que ya ha sido ratificado por 83 Estados y firmado por un total de 145 naciones, establece mecanismos obligatorios para la salvaguarda de especies y hábitats esenciales. En este nuevo escenario, la Corriente de las Islas Canarias, ubicada frente a las costas de África Occidental, se posiciona como una de las zonas prioritarias para ser declarada área protegida. La normativa exige que los países evalúen sus actividades tanto dentro como fuera de sus límites territoriales para consolidar una red global de Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales.
Este marco jurídico se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, incorporando medidas robustas para la preservación y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad en el océano. Según la Organización de las Naciones Unidas, fortalecer la cooperación transfronteriza es fundamental para cumplir con la Agenda 2030 y el Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal. El tratado prioriza el reparto equitativo de los beneficios obtenidos de los recursos genéticos marinos y la vigilancia de los ecosistemas vulnerables y fondos oceánicos mediante la creación de zonas de exclusión y evaluaciones de impacto ambiental.
Obligaciones y evaluación de impacto
Los países que forman parte del BBNJ asumen ahora la responsabilidad de realizar estudios de impacto ambiental para cualquier actividad que pudiera comprometer ecosistemas fuera de sus aguas territoriales. Asimismo, deben implementar políticas de transparencia que incluyan la notificación y distribución de beneficios procedentes de la explotación de recursos genéticos en alta mar. El acuerdo promueve activamente el intercambio de tecnología marina y la cooperación científica, brindando un soporte especial a las naciones en desarrollo para que puedan cumplir con estas exigencias internacionales.
Sobre la inmediatez de estas medidas, Reza Sakharjahukos, coordinadora regional para Asia de la High Seas Alliance, señaló en un encuentro con medios que varias de las disposiciones tienen un carácter obligatorio desde el primer día de vigencia. Sakharjahukos aclaró lo siguiente:
“Aunque ciertas disposiciones dependen de la futura creación de instituciones y comités específicos del BBNJ, ya existen ámbitos de cooperación donde los países parte pueden aplicar medidas concretas a partir de ahora”.
El cronograma oficial estipula que la primera Conferencia de las Partes deberá llevarse a cabo en Nueva York antes del 17 de enero de 2027. En este contexto, organizaciones ambientales de renombre como Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han instado a las administraciones gubernamentales a acelerar la identificación de santuarios marinos. Datos de Greenpeace advierten que para elevar la protección del actual 1% al 30% en apenas cuatro años, será necesario designar superficies oceánicas de una extensión superior a la de varios continentes, a un ritmo sin precedentes en la historia de la conservación.
Posturas de la sociedad civil
Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, ha sido enfática en la necesidad de presionar a los sectores industriales. Pascual recalcó la urgencia de que los gobiernos establezcan regulaciones que obliguen a la industria pesquera y a otros actores económicos a situar la integridad de los ecosistemas marinos como una prioridad absoluta por encima del beneficio comercial.
En el ámbito específico de España, se ha solicitado al Gobierno que tome un rol de liderazgo en la propuesta de los primeros santuarios en aguas internacionales. Por su parte, SEO/BirdLife busca integrar a diversos sectores productivos y administraciones en la gestión de estas zonas, las cuales son críticas para la supervivencia de aves marinas, tortugas, mamíferos y peces, garantizando además la conectividad de sus rutas de migración.
Respecto a los objetivos nacionales, SEO/BirdLife considera que la meta de proteger el 30% de la superficie marina española para el 2030 es alcanzable, siempre que se establezcan planes de gestión eficientes. Actualmente, solo algunos entornos costeros y el monte submarino “El Cachucho” en el Cantábrico disponen de normativas de gestión aprobadas. La organización sostiene que el nuevo tratado debe ser el motor para profesionalizar la administración de los espacios marítimos y cumplir con los compromisos globales.
Desde WWF, la experta en gobernanza oceánica Jessica Battle ha hecho un llamado a la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada. Battle enfatizó la importancia de la participación ciudadana y corporativa en la implementación del tratado:
“La participación de todos los usuarios del océano resulta esencial para preservar la vida marina y los servicios ecosistémicos. La conservación solo es posible si la salud de los océanos se sitúa como prioridad en actividades como la pesca y el transporte marítimo”.
Finalmente, el Tratado de Alta Mar introduce un sistema de financiamiento para apoyar la ejecución de las políticas ambientales y un mecanismo estructurado para la resolución de disputas. El documento pone especial énfasis en la transferencia tecnológica y la cooperación científico-técnica, diseñadas para que los Estados con menores capacidades técnicas puedan integrarse plenamente al cumplimiento de los objetivos de conservación. Con este paso, se inicia un proceso global para regular y proteger cerca de dos tercios de los océanos del planeta.
Fuente: Infobae