En una reciente declaración pública, los titulares de las carteras de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de Defensa, Henry Sáenz Ramos, detallaron las operaciones desplegadas para recuperar la soberanía en el centro carcelario Renovación I. Este despliegue táctico permitió la liberación exitosa de nueve rehenes, marcando un punto de inflexión en la estrategia del Estado guatemalteco frente a la reciente ola de insurgencia carcelaria promovida por organizaciones delictivas y pandillas.
A pesar del éxito en la recuperación del recinto, la administración confirmó que el costo humano de estos operativos ascendió a la muerte de siete agentes de las fuerzas de seguridad, quienes fueron blanco de ataques durante el cumplimiento de su deber. El Ejecutivo reconoció esta cifra como una pérdida dolorosa, pero presentó como una consecuencia inevitable dentro de las acciones necesarias para restablecer el orden y la autoridad legítima en el sistema penitenciario del país.
Durante su intervención, el ministro Marco Antonio Villeda admitió experimentar una mezcla de “sentimientos encontrados” respecto a los resultados de la operación. El funcionario manifestó satisfacción por la efectividad de las fuerzas estatales al retomar el control, pero al mismo tiempo expresó un profundo pesar por el deceso de los efectivos policiales a manos de grupos que el Gobierno ha catalogado como “terroristas”, quienes reaccionaron violentamente ante las medidas contra el crimen organizado que opera desde el interior de las prisiones.
Determinación frente a las presiones criminales
Las autoridades guatemaltecas fueron enfáticas al señalar que, a pesar del luto por los agentes caídos, estos actos de violencia no desviarán el curso de sus políticas de seguridad: “estos ataques, si bien nos golpean, no nos van a amedrentar”, sentenciaron de forma conjunta.
En este sentido, el Gobierno fue tajante al descartar cualquier tipo de mediación o pacto con las estructuras criminales.
“No estoy dispuesto ni a pactar, ni a retornar sus privilegios, ni a conceder nada para que esta situación deje de producirse”
, puntualizó el Ministro de Gobernación, asegurando que no se permitirán retrocesos en la seguridad ciudadana a cambio de cesar los ataques.
Villeda insistió en que su gestión no cederá ante las presiones o chantajes, asumiendo el compromiso de proteger a la población civil sin importar la complejidad de la confrontación frontal contra las bandas delictivas.
El funcionario reiteró que la ruta de la legalidad es irreversible: “Es lamentable y doloroso, pero no vamos a ceder en esta lucha”. En el marco de estas acciones, se informó que el primer mandatario, Bernardo Arévalo, ha dispuesto la ejecución de operativos combinados entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa para blindar los centros urbanos más críticos y garantizar la integridad ciudadana.
Por su parte, el general Henry Sáenz Ramos, al mando del Ministerio de la Defensa, explicó la arquitectura de la nueva estrategia de seguridad nacional. Según detalló, el plan comenzó con la fase denominada “cinturón de fuego”, seguida por la implementación de las “operaciones Centinela”.
El titular de la Defensa subrayó que el Ejército de Guatemala ha desplegado el 100 % de su capacidad operativa en estrecha coordinación con la cartera de Gobernación. Sáenz Ramos fue claro al indicar que los sucesos de los últimos días no son hechos aislados, sino una reacción a una estrategia estructurada del Estado para desmantelar las redes logísticas de las organizaciones criminales.
En el balance de los enfrentamientos, se confirmó la captura de siete pandilleros en diferentes momentos de los operativos, además de un delincuente que resultó abatido en combate con la Policía Nacional Civil.
Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de un arsenal que incluye dos fusiles de asalto, la retención de dos vehículos particulares y un mototaxi (tuctuc), elementos que eran utilizados para el soporte logístico de las pandillas en sus actividades ilícitas.
La situación de emergencia se concentró en dos puntos críticos: la Zona 18 (sector 11) y el centro Fraijanes II, donde se produjeron tomas de rehenes. Inicialmente, las fuerzas de seguridad intentaron establecer canales de diálogo para que los internos depusieran su actitud violenta y liberaran al personal retenido.
Ante la negativa de los reclusos y la ausencia de respuestas positivas, las autoridades advirtieron que están dispuestos a emplear todos los recursos disponibles hasta retomar el control absoluto de las instalaciones.
El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, reveló que la institución contaba con alertas previas sobre posibles atentados. Boteo señaló que la raíz de esta crisis es la firme negativa del Ejecutivo a ceder ante las demandas de los reclusos, quienes pretendían recuperar beneficios y privilegios especiales que poseían anteriormente.
“La situación política y administrativa es no tolerar chantajes, aunque las presiones vengan de todos lados”, enfatizó el jefe policial, respaldando la línea de mando establecida por el Presidente Arévalo.
Los informes oficiales concluyen que el sacrificio de los siete agentes es considerado por el Estado como el precio de confrontar directamente a las estructuras del crimen. Bajo este contexto de firmeza institucional, las fuerzas de seguridad reafirmaron su postura final:
“el Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes, hará un combate frontal en el marco del Estado de Derecho con toda la legitimidad”.
Fuente: Infobae