Desde el 6 de octubre de 2025 esta resolución se encuentra vigente; sin embargo, hasta el momento las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público, lo que ha incrementado la preocupación de padres de familia y organizaciones de protección infantil.

Los hechos investigados ocurrieron en un colegio de Quito, donde durante 2025 se hicieron públicas múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales a estudiantes, un caso que ha encendido las alertas sobre la necesidad de fortalecer los controles en las instituciones educativas, escuchar activamente a niños y niñas y denunciar de forma inmediata cualquier señal de abuso, con el fin de evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse.

Fuente: El Universo

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