Una jornada de alta tensión se vive en Guatemala tras registrarse motines coordinados en tres centros penitenciarios del país. La situación ha forzado un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, mientras el Ministerio de Gobernación lidera la estrategia de respuesta. En una rueda de prensa, el ministro Marco Antonio Villeda fue enfático al señalar que el Estado descarta cualquier tipo de negociación con las estructuras criminales responsables, asegurando que se empleará la fuerza necesaria para restablecer el orden y la autoridad en los recintos.
De acuerdo con el reporte oficial, estas acciones violentas surgen como una reacción de los internos ante la pérdida de beneficios que les fueron retirados recientemente. En cuanto al estado de los retenidos, las autoridades informaron que, a pesar de la gravedad de la crisis y la toma de rehenes, no se han reportado personas heridas ni fallecidas, ni entre los agentes penitenciarios ni en la población carcelaria.
El balance detallado por el director de los centros penales indica que el número de rehenes es significativo: nueve guardias y un psicólogo permanecen retenidos en el sector once, otros nueve guardias en Renovación uno, y veintiocho agentes penitenciarios en una tercera instalación. Hasta el momento, se ha confirmado que todos se encuentran en buenas condiciones físicas.
El ministro Villeda recalcó que, aunque la prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de los secuestrados, el gobierno no sucumbirá ante las presiones externas:
“El tiempo que sea necesario para resguardar la vida de nuestra persona. El tiempo que sea necesario”
, sentenció el funcionario.
Durante su intervención este sábado, el jefe de la cartera de Gobernación vinculó directamente estos disturbios con la organización criminal barrio dieciocho. Según las investigaciones, se trata de una acción planificada para exigir el traslado de su máximo líder, Aldo Dupuy Ochoa, alias El Lobo, hacia un centro penitenciario diferente.
Las autoridades revelaron que este recluso ha intentado imponer condiciones inaceptables, tales como la instalación de aire acondicionado en su celda, el uso de una cama king size y la entrega de comida de restaurantes. El rechazo rotundo a estas exigencias por parte del Gobierno habría sido el detonante principal de las protestas violentas en los penales.
Desarticulación de centros de extorsión internos
El ministro Villeda profundizó en las razones detrás de la hostilidad de los reos, mencionando que en los últimos meses se han ejecutado operativos para desmantelar estructuras delictivas internas. Estas requisas permitieron desactivar “auténticos call centers” que operaban desde las prisiones para cometer delitos de extorsión, además de imponer un control estricto sobre las encomiendas y las visitas.
La respuesta violenta de los internos es, según el gobierno, una consecuencia de este endurecimiento de las normas.
“Este gobierno… no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el objeto que evocan sus acciones”
, declaró con firmeza el titular de Gobernación.
En los operativos de contención participan de forma conjunta la Policía Nacional Civil, unidades de seguridad del sistema penitenciario y el Ejército. Este último mantiene perímetros de seguridad para prevenir posibles fugas y proteger a los ciudadanos en las zonas aledañas. Las autoridades reiteraron que se utilizará toda la capacidad del Estado para retomar el control legal, dejando claro que el único diálogo posible depende de la liberación inmediata de los rehenes sin que ello suponga ceder privilegios.
La crisis no se ha limitado al interior de las cárceles. Villeda confirmó que familiares de los privados de libertad han protagonizado disturbios externos, incluyendo la instalación de vallas humanas en la ruta al Pacífico, donde bloquearon el tránsito y provocaron el incendio de un vehículo como parte de una estrategia para generar caos social.
Asimismo, el ministro alertó sobre un plan orquestado para perpetrar ataques contra las fuerzas de seguridad con el fin de facilitar la liberación del cabecilla del grupo. Ante esta amenaza, se ha reforzado la vigilancia en las rutas principales y en los alrededores de los centros críticos.
Frente a las consultas de la prensa, el funcionario desestimó cualquier acusación de que estos eventos sean una “cortina de humo” política. Por otro lado, atribuyó la presencia de armas de fuego en manos de los internos tanto al robo de equipo durante los motines como a la colusión previa de malos elementos de la guardia penitenciaria, señalando que ya se han realizado detenciones de funcionarios implicados en estos actos de corrupción.
En relación al incendio provocado en el área administrativa de un centro de reinserción para menores, el ministro aseguró que la información esencial está debidamente respaldada. A pesar de que el archivo físico fue destruido por las llamas, no se ha perdido documentación vital del sistema.
El Ministerio de Gobernación enfatizó que este tipo de incidentes son cíclicos y responden a una herencia de negociaciones del pasado que permitieron la creación de privilegios ilegales. Por ello, subrayaron la necesidad urgente de una reforma integral del sistema carcelario.
El plan de reforma incluye el fortalecimiento de la guardia, la erradicación de la corrupción y la edificación de nuevos centros de máxima seguridad. Según Villeda:
“necesitamos reformar el sistema penitenciario de manera profunda, y esa reforma pasa por [una] guardia penitenciaria mucho más entrenada, una guardia jerarquizada, una guardia mucho más motivada”
.
El mensaje final del Gobierno hacia la población guatemalteca fue de firmeza absoluta. Villeda aseguró que la autoridad no se dejará intimidar:
“No nos van a amedrentar, no nos van a intimidar, ni vamos a ceder ante estas negociaciones que ellos proponen”
.
El balance definitivo al cierre de este reporte confirma que permanecen retenidos nueve guardias y un psicólogo en el sector once, nueve guardias en Renovación uno y veintiocho agentes penitenciarios en otra locación, todos reportados en buen estado de salud por las fuentes oficiales del Estado.
Fuente: Infobae