El actual Ministro del Interior, Armando Benedetti, ha reactivado la controversia nacional al ratificar sus denuncias sobre la interceptación ilegal de sus comunicaciones. Benedetti vinculó sus acusaciones con las recientes revelaciones de Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, quien también se declaró blanco de una operación de espionaje sistemático mediante el polémico software Pegasus.
El titular de la cartera del Interior subrayó que su situación ya era de conocimiento público, pero cuestionó la falta de avances en las indagaciones oficiales. Planteó interrogantes críticos sobre si las herramientas de espionaje están bajo el control formal de agencias del Estado o si son manipuladas de forma irregular por individuos dentro de la estructura gubernamental.
A través de sus plataformas digitales, Benedetti aseguró poseer respaldos técnicos que demuestran la infección de su terminal con el programa. Criticó además que la Fiscalía General de la Nación no ha mostrado interés en recolectar estas pruebas, a pesar de que el técnico Milton Cuadros validó técnicamente el hallazgo. El funcionario recordó que ya había expuesto este escenario en el espacio radial del periodista Julio Sánchez Cristo en diciembre de 2025.
“En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta a responder es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus. En mi caso, el técnico Milton Cuadros me confirmó que tengo Pegasus, y aún la Fiscalía no me ha preguntado por las pruebas técnicas”
La postura de Benedetti surge como un respaldo directo a Andrés Idárraga. El ministro de Justicia (e) denunció que tanto él como su núcleo familiar sufrieron una infiltración confirmada por un análisis forense detallado. Benedetti expresó su solidaridad ante la situación, calificando de «cobardes y miserables» a los responsables de estas acciones que, según él, generan una profunda sensación de impotencia.
Por su parte, Idárraga Franco señaló directamente al Ministerio de Defensa como el presunto origen de la orden de espionaje. Según sus declaraciones, se habrían empleado gastos reservados y unidades de contrainteligencia del Ejército para perseguir a funcionarios que lideran investigaciones sobre redes de corrupción estatal.
“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”
Las cifras del hackeo reveladas por Idárraga son alarmantes. Entre agosto y noviembre de 2025, se habrían sustraído aproximadamente 2,3 gigas de información privada de su dispositivo móvil. Este robo de datos incluyó archivos sensibles sobre denuncias de corrupción y la identidad de sus fuentes. El análisis técnico detectó un patrón de acceso masivo y hostil:
- Se registraron más de 8.700 infiltraciones al terminal telefónico.
- En al menos 124 ocasiones se activaron de forma remota la cámara y el micrófono del equipo.
- La extracción afectó datos críticos recolectados durante un periodo de cuatro meses.
Ante la gravedad de estos hallazgos y la sospecha de que se esté estructurando una campaña de desprestigio en su contra, Andrés Idárraga elevó el caso a la Fiscalía y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar su seguridad y la de su familia.
La respuesta oficial del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento oficial el sábado 17 de enero negando rotundamente que las entidades bajo su mando posean o utilicen el software Pegasus. Tras una serie de inspecciones internas realizadas entre el 13 y el 15 de enero por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la cartera concluyó que ninguna dependencia del sector defensa cuenta con dicha tecnología para labores de inteligencia.
La institución también desmintió los señalamientos contra el sargento viceprimero Darwin Ramírez, quien ha sido señalado como presunto ejecutor de seguimientos ilegales. El Ministerio precisó que el uniformado no desempeña funciones de inteligencia ni pertenece a unidades encargadas de tales actividades.
Finalmente, el Gobierno informó que se ha activado una coordinación institucional con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para facilitar toda la información necesaria que permita esclarecer las denuncias de espionaje que sacuden al gabinete.
Fuente: Infobae