El sector pesquero ecuatoriano cerró 2025 con un crecimiento del 9% en sus exportaciones, que alcanzaron un récord histórico de USD 2.450 millones. Pero detrás de ese desempeño persisten retos estructurales vinculados a competitividad, seguridad, costos de producción e institucionalidad, según el balance anual y las perspectivas 2026 de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP).
El análisis lo presentó Bruno Leone, presidente de la CNP, este jueves 15 de enero de 2026 en Guayaquil, quien subrayó que la pesca y la acuicultura, en conjunto, superaron en 2025 los USD 10.000 millones en exportaciones, lo que representa el 37% de las exportaciones no petroleras de Ecuador y el mayor impulso sectorial al crecimiento económico, dijo.
“Nuestra aspiración es poder tener un Ministerio de Pesca y Acuacultura”, señaló Leone, apuntando a problemas de institucionalidad. “Tenemos un viceministerio, parte del Ministerio de Agricultura, pero nunca nos hemos podido reunir con el ministro, porque tiene problemas con sectores agrícolas que le demandan tiempo, mientras nosotros seguimos esperando”.
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Gráfico GIF sobre evolución de exportaciones de productos pesqueros en Ecuador.PRIMICIAS
Exportaciones en alza y peso en la economía
Según Leone, solo la pesca industrial reportó exportaciones de USD 2.450 millones en 2025, mientras el consumo interno de productos pesqueros sumó otros USD 1.300 millones, lo que eleva el valor total del sector a cerca de USD 4.000 millones, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
La industria pesquera y de procesamientos genera además 150.000 empleos directos e indirectos, en un contexto nacional marcado por altos niveles de informalidad laboral, dijo.
“En 2025 alcanzamos un récord de exportaciones como sector pesquero, nunca antes habíamos llegado a estos valores”.
Bruno Leone, Cámara Nacional de Pesquería.
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Los productos de la pesca ecuatoriana llegan a 89 países, con la Unión Europea como principal destino (52%), seguida de Latinoamérica (19%) y Estados Unidos (15%). Ecuador proyecta la apertura de nuevos mercados en Oriente Próximo, en países petroleros de alta renta -agregó el presidente del gremio-, y observa oportunidades en un eventual restablecimiento de la democracia en Venezuela, un mercado al que hace una década se exportaban cerca de USD 120 millones anuales en pesca.
Bruno Leone, presidente de Cámara Nacional de Pesquería (derecha) y César Rohón, empresario pesquero industrial, en una rueda de prensa el 15 de enero de 2026 en Guayaquil.PRIMICIAS
Costos crecientes y pérdida de competitividad
Pese al crecimiento, el sector enfrenta un incremento de costos, lo que impacta en la competitividad internacional. El mercado global de la pesca lo lidera Indonesia (15% del mercado mundial) -según datos de la CNP-, con Ecuador, Corea y Japón compartiendo el segundo lugar con un 6% de participación cada uno, seguidos de cerca por las flotas de países como Taiwán y España (5%).
La eliminación del subsidio al diésel para una flota atunera de 110 barcos, vigente desde junio de 2025, elevó el peso del combustible del 36% al 42% de la estructura de costos, de acuerdo a la Cámara.
“Ecuador se ha vuelto muy caro para producir y tenemos que competir con países asiáticos, que tienen fuertes sistemas de incentivos Los subsidios a la pesca en el mundo suman USD 35.000 millones (que incluyen subsidios a la construcción de embarcaciones) y USD 7.500 millones son subsidios a los combustibles», señaló Leone.
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Según la CNP, la flota atunera consume 40 millones de galones de diésel anuales, y la supresión del incentivo -estimado en USD 0,52 por galón- implica un peso de más de USD 20 millones al año para el sector.
*La pesca y acuacultura aportaron en conjunto con el mayor porcentaje de crecimiento de la economía en 2025, con 13,09%, según la CNP:
Infografía sobre el desempeño del sector pesquero 2025 y perspectivas para 2026.NotebookLM/ PRIMICIAS
Falta de astilleros en Ecuador
Algunas empresas del sector están optando por reemplazar los motores de sus barcos para disminuir el consumo de combustible y los niveles de contaminación, a fin de equilibrar la falta de subsidio. Pero la mayor parte de la flota es antigua, con entre 40 y 50 años, y el sector busca financiamiento por al menos USD 400 millones para repotenciar unidades.
César Rohón, exministro de Transporte y empresario pesquero industrial, alertó sobre una paradoja: «En Panamá el diésel pesquero cuesta entre USD 2,10 y USD 2,28 por galón. Aquí en Ecuador cuesta USD 2,81, pues resulta que ahora estamos subsidiando las ineficiencias del Estado en unos cincuenta centavos por galón, sin ningún tipo de incentivo estatal», dijo.
La CNP también alertó sobre la ausencia de astilleros funcionales en Ecuador, lo que obliga a los armadores a realizar reparaciones en Perú, Chile o Colombia, y lo que está generando una salida constante de divisas, que bien podrían quedarse en Ecuador.
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Los Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave), empresa estatal adscrita al Ministerio de Defensa, espera aún por incorporar un dique flotante nuevo para reparar embarcaciones grandes. Pero el gremio propone buscar una alianza público-privada para construir un nuevo astillero en Posorja, aprovechando terrenos de la Armada, con una inversión estimada de USD 60 millones.
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La amenaza de la criminalidad y del narcotráfico
A esto se suman los gastos en seguridad, que alcanzan USD 100 millones anuales para el sector pesquero, debido al aumento de la criminalidad y a los riesgos de infiltración del narcotráfico en las rutas marítimas. Con el bloqueo de la flota estadounidense en el Caribe frente a Venezuela, el gremio prevé incluso una mayor presión del narcotráfico en el Pacífico.
“La seguridad es vital. Tenemos tripulaciones que están siendo tentadas para el traslado de droga, lo que estamos contrarrestando con vigilancia satelital, pero todo esto conlleva más costos en una industria altamente competitiva”, apuntó el presidente del gremio.
La inversión incluye vigilancia satelital, equipos electrónicos, circuitos cerrados de televisión, seguridad privada en perímetros de las empresas, convoyes para contenedores y pérdidas operativas derivadas de asaltos y robos de equipos, que generan además un efecto de lucro cesante, refieren.
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Además de 110 buques de la flota atunera mayor, el gremio cuenta con 400 barcos de pesca menor, que operan cerca de la costa. Estos son más vulnerables a la piratería y a la extorsión, ya que «están siendo asediadas” por bandas criminales.
La problemática de seguridad impacta incluso con mayor fuerza a miles de trabajadores en la pesca artesanal, con la que la sector industrial busca unirse en pro de mejoras. Rohón advirtió que el robo reiterado de motores a los artesanos está expulsando a pescadores del sistema productivo. “Hay que actuar con mayor contundencia, dotar a la Armada del Ecuador de recursos y tecnologías para ejercer control de un extenso mar territorial y buscar ayudas internacionales”, dijo.
La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) cuenta con un plan para el establecimiento de una zona de seguridad en todo el Golfo de Guayaquil, con monitoreo de radares y drones sobre una extensa zona de delitos marítimos, explican desde el gremio.
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Tarjeta amarilla y sobretasas arancelarias
En el frente comercial, persiste la incertidumbre por la sobretasa arancelaria impuesta por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
La sobretasa arancelaria alcanza 35% para la exportación de atún en aceite y 12%, del atún enlatado en agua, adicional a la tasa del 15%.
Aunque el impacto ha sido parcialmente compensado porque otros países también enfrentan recargos, el sector espera que el Gobierno busque un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que permita reducir la sobretasa a cero, lo que daría una ventaja competitiva y le daría a la pesca ecuatoriana condiciones similares a la de Europa.
Uno de los hitos que marca el horizonte inmediato del sector es la posible eliminación de la “tarjeta amarilla” de la Unión Europea, impuesta a Ecuador en 2019 por observaciones en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Aunque esta advertencia de la UE no detuvo las exportaciones, sí afectó la comercialización con ciertos mercados.
Tras seis años de reformas -que incluyeron una nueva ley para el sector, mejoras en trazabilidad y la incorporación de sistemas basados en blockchain-, el país espera que la advertencia sea levantada luego de una reunión clave en Bruselas, prevista para los días 21 y 22 de enero.
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