El Pleno del Consejo de la Judicatura informó que suspendió por tres meses y sin sueldo al juez Ángel Enrique T., quien ordenó la excarcelación de Danny William N., alias ‘Odín’, considerado un objetivo de alto valor por la Policía Nacional.
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La Judicatura detalló que el magistrado admitió a trámite un hábeas corpus correctivo a favor de alias ‘Odín’, quien cumplía prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada.
Danny William N., de 39 años, fue capturado el 4 de septiembre de 2025 en una urbanización de Guayaquil, durante un operativo que incluyó 21 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas, Zamora Chinchipe, Pichincha y Manabí.
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Según información policial, esta intervención representó un golpe a una organización narcodelictiva vinculada al ciudadano bosnio Jezdimir Srdan, alias ‘Brate’, quien fue detenido por lavado de activos en noviembre de 2024. Las autoridades señalan que dicha estructura se dedicaba al envío de droga desde Ecuador hacia varios países europeos.
De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba mediante empresas legalmente constituidas que realizaban exportaciones a gran escala, las cuales servían como fachada para actividades ilícitas y para el lavado de dinero. Las autoridades estiman que esta estructura criminal habría generado una economía ilegal cercana a los USD 200 millones.
Juez actuó sin competencia legal
La actuación del juez Ángel Enrique T., quien se desempeñaba en la Unidad Judicial Penal Norte 1 de Guayaquil, fue revisada por la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que determinó que el magistrado no tenía competencia para conocer ni resolver el hábeas corpus.
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La Sala declaró la nulidad de todo lo actuado, dejó sin efecto la boleta de excarcelación y ordenó la localización y captura de alias ‘Odín’. Además, notificó al Consejo de la Judicatura y declaró la existencia de error inexcusable en la actuación del juez.
Tras el sumario administrativo disciplinario, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender al magistrado por tres meses sin remuneración, medida que se mantendrá vigente mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
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